'Ley de redes': lo que está en juego

Una de las tramas secundarias de la turbulenta temporada de la política española de este otoño es la de la mal llamada ley de nietos. La ley de memoria democrática de 2022 preveía reconocer la nacionalidad española a los descendientes de exiliados por razones políticas, religiosas o de orientación sexual e identidad de género. Ante la complejidad de demostrar las razones del exilio, una instrucción del ministerio de Justicia resolvió aplicar la "presunción de exilio" a todos los que se marcharon de España entre julio de 1936 y 1955.

Esto ha generado un encendido debate jurídico, porque hay quien dice que la instrucción ha modificado sustancialmente el alcance de la ley y, por tanto, que el ejecutivo ha intentado hacer de legislador por la puerta de atrás. Pero, sobre todo, la cuestión ha suscitado una fuerte tormenta política porque la derecha lo ha querido interpretar como un intento de manipulación electoral, siguiendo al pie de la letra el manual trumpista. Sospechan que estos descendientes de emigrantes y exiliados votarán a la izquierda de manera desproporcionada. Sospecho que esta teoría, como la del voto por correo que alimentaba Isabel Díaz Ayuso, durará muy poco, y cuando ganen las elecciones se olvidarán de ella. Y si algún día descubren que los votantes en el exterior también les votan a ellos, probablemente se olvidarán de las prevenciones.

En todo caso, como suele pasar en España, las cuestiones formales y procedimentales y la política de corto vuelo han tapado un debate sustantivo muy interesante. Más allá de unos centenares de miles de votos y unos efectos electorales dudosos, lo que está en juego es un elemento central en la democracia: la delimitación del demos, quién forma parte de la comunidad política y, sobre todo, qué traducción tiene esta pertenencia en términos de derechos políticos.

El estado español es uno de los países más "generosos" en la práctica con los emigrantes y sus descendientes: les reconoce la ciudadanía sin requisitos de residencia y sin límite de generaciones, siempre que se exprese la voluntad de mantenerla y que la cadena de transmisión no se haya roto. Es, por tanto, una lógica de pertenencia basada en la descendencia –lo que se conoce como ius sanguinis.

La ley de memoria democrática de 2022 todavía lo amplía más y prevé excepciones importantes a la necesidad de preservar la cadena de transmisión. Lo hace bajo argumentos sólidos de reparación de injusticias históricas, como las causadas por la represión franquista. En la misma línea está la llamada ley sefardí de 2015, que llevaba al extremo la idea de la posibilidad de heredar la ciudadanía entre generaciones.

En el caso español, además, hay que tener en cuenta que esta concepción amplia de la nacionalidad va ligada de manera automática al derecho a voto. En general, la doctrina jurídica es reticente a establecer diferencias entre ciudadanos y, por tanto, la ciudadanía siempre es plena e implica plenitud de derechos políticos. Sin embargo, hay muchos países en los que se han establecido límites, requisitos adicionales de residencia o vínculo, o medidas prácticas (como el voto presencial en el país) que de facto debilitan el vínculo automático entre la condición de ciudadano y el derecho a voto para los no residentes.

Por tanto, se da la circunstancia de que cientos de miles de descendientes de ciudadanos españoles que no han vivido nunca en el Estado ni tienen ninguna conexión biográfica más allá de sus antepasados tienen derecho a voto y, por tanto, poder de decisión sobre leyes que, mayoritariamente, no les afectan. Además, a diferencia de lo que hacen otros países como Italia, Portugal y Francia, que reservan algunos escaños a los ciudadanos del exterior con el efecto de limitar su peso político potencial, en España los votos de los no residentes se computan en sus circunscripciones "de origen" y, por tanto, tienen tanto peso como el voto de los residentes en el territorio del Estado, que pagan impuestos y viven sometidos a las leyes del Estado.

Esta concepción expansiva de los derechos políticos de los no residentes plantea un debate importante, discutido en la filosofía política de las últimas décadas. Hay quien piensa que los no residentes en ningún caso deberían determinar decisiones políticas que mayoritariamente no les afectarán. Es la posición, por ejemplo, del filósofo Claudio López-Guerra. Otros autores creen que los emigrantes y sus descendientes están afectados en todo caso por las decisiones de sus países de origen (si tienen propiedades, o perciben pensiones, o tienen familiares que viven allí, o simplemente consideran la posibilidad de volver) y, por lo tanto, deben ser incluidos en el cuerpo electoral. El problema de este argumento es que en un mundo globalizado es muy difícil trazar las líneas y, de una manera o de otra, todos estamos afectados por las decisiones de otros gobiernos del mundo. Rainer Bauböck, posiblemente el teórico más influyente en este debate, defiende una posición intermedia, en la que generalmente la primera generación de emigrantes tiene razones legítimas para ser incluida en el cuerpo electoral, pero con el paso del tiempo y las generaciones estas razones se van debilitando. Y, en todo caso, para evitar distorsiones excesivas del demos, Bauböck tiende a defender medidas que limitan su peso político, como las circunscripciones específicas para ciudadanos en el exterior.

En cualquier caso, la paradoja es especialmente cruda si ponemos esta cuestión en relación con el hecho de que actualmente hay aproximadamente 6,2 millones de residentes adultos en el Estado que no tienen la ciudadanía española y, por tanto, no podrán votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Este grupo de población no tiene derechos políticos a pesar de que vive, trabaja, paga impuestos y está sometida cotidianamente a las leyes del Estado. Y contrasta fuertemente con los casi 2,8 millones de "residentes ausentes", muchos de los cuales nunca han vivido en el Estado y, en cambio, tienen pleno derecho a voto. Obviamente, esto genera una tensión teórica y política importante. Pero no se ha hablado mucho de ello, entretenidos como estamos con el circo de la política cotidiana que todo lo tapa.