Un país que revienta

Este país no cabe en su propia piel. Y no es que esté henchido de gozo. Más bien lo contrario: España no ha sido capaz de adaptarse a su excepcional crecimiento demográfico, el mayor de la Unión Europea, y están saltando las costuras.

Desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, en 2018, la población española ha aumentado en 2,2 millones de personas. Eso equivale a la suma de las poblaciones de Valencia, Zaragoza y Sevilla. Sin las inversiones correspondientes a tal ritmo, servicios e infraestructuras no dan más de sí. Lo mismo puede decirse de Catalunya, que tiene 657.000 habitantes más que en 2018. Es decir, casi la suma de Terrassa, Sabadell y Badalona.

El fenómeno demográfico, debido, obviamente, a la inmigración, ha propiciado un notable crecimiento de la economía (un 2,5 en 2026, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional) y un récord de recaudación por parte de Hacienda: 149.000 millones en la primera mitad de este año.

Pero los buenos datos macroeconómicos no se reflejan en un aumento del bienestar general. Falta vivienda (aunque la construcción suponga más del 4% del Producto Interior Bruto), la sanidad y la educación públicas renquean visiblemente (aunque expriman cada vez más a sus trabajadores) y no hace falta extenderse sobre las carencias de las infraestructuras del transporte interno: los ferrocarriles, rápidos o lentos, de larga o corta distancia, son un desastre salpicado de accidentes horribles, y las carreteras están mal mantenidas.

El crecimiento de la población y de la demanda de servicios no han tenido acompañamiento presupuestario. El gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde diciembre de 2022, cuando había un millón menos de ciudadanos.

Dan una idea sobre el desfase acumulado los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2026, aprobados en julio: tras tres ejercicios en blanco, el gasto ha aumentado un 22,8% respecto a los de 2023. Y aún así no es suficiente.

Todo esto parece carecer de importancia en una precampaña electoral (el auténtico frenesí aún no ha comenzado) que parece una montaña rusa de emociones.

Apenas recordamos ya la avalancha de inmigrantes en Ceuta, que tres meses atrás se interpretaba como una crisis existencial. Luego irrumpió el difícilmente definible “fenómeno Mari Carmen” con el que se quiso caracterizar el problema inmobiliario, lo que empujó a Sánchez a la convocatoria de elecciones en un clima social que consideraba favorable a sus intereses. De repente surgió el brote de violencia adolescente y saqueos urbanos convocado por algo misterioso y sospechoso que se hace llamar Blocus. El terrible accidente ferroviario de Urda (cuando ya olvidábamos el de Adamuz, ocurrido en enero, allá por la prehistoria) ha supuesto, de momento, un nuevo vuelco.

Todo es a la vez gravísimo y efímero.

Ningún gobierno será capaz de resolver los problemas profundos, desde la vivienda a los transportes, pasando por sanidad y educación, en sólo cuatro años.

Sea, como parece bastante posible, el bloque PP-Vox, quizá más teñido de ultraderecha de lo que ahora sospechamos, sea (más improbablemente) una reedición de la coalición variopinta alrededor del PSOE, el déficit de inversión agravado por el galope demográfico pesará sobre las administraciones central y autonómicas en el futuro previsible.

El balance de Pedro Sánchez es malo. La perspectiva que ofrecen PP y Vox, inclinados (pese a que no ofrezcan un marco concreto) a los recortes presupuestarios y a las privatizaciones, no induce al optimismo en un momento en que hace falta aumentar masivamente (y con mejor distribución) el gasto público.

Los problemas son tan enormes que quizá lo más práctico sea, como hasta ahora, tirar de emociones y no pensar demasiado: el panorama produce vértigo.