Parar los pies en Aena

A través de una proposición de Más, el Parlamento de las Islas Baleares quiere poner límites a la utilización que hace Aena de los aeropuertos de Baleares, hoy tratados como si fueran el patio trasero particular de su casa. Desde el monopolio que ejercen, en favor de sus accionistas, multiplican entradas de visitantes y capacidades instaladas, que les dan ingresos tanto de los slots que cobran como de los equipamientos que alquilan. A costes desmedidos, estos alquileres se trasladan, después, dentro de los recintos, a mercancías con precios prohibitivos. No se puede entrar, por ejemplo, agua por los filtros de seguridad aeroportuarios, y una vuelta dentro de los espacios no es de extrañar pagar cuatro euros –o más– por una pequeña botella de agua; tal es el coste fijo a repercutir por unas instalaciones que son el gran negocio de Aena. Al igual que las entradas y salidas de los aviones. Al no pagar el coste ambiental completo de su huella de carbono, las compañías pueden permitirse pagar lo que se les pide para el uso de las pistas, haciendo menos atractivos los equipamientos territoriales alternativos, que desconcentrarían la demanda y se convertirían en competitivos. Esta forma de entender el interés público como conseguir rendimiento para los accionistas casa mal, hoy, con las aspiraciones de los ciudadanos. El Estado no debería comportarse, por eso, como un accionista más, ni hacer caja como el resto. Le toca ser sensible a las demandas de unos sitios como Barcelona o las Islas Baleares, que han dicho bastante. Y, a falta de esa sensibilidad por parte de la dirección actual de Aena, quizás no queda más remedio que acoger la demanda de los gobiernos por la plena gestión o cogestión de sus aeropuertos, y no dejar en manos de accionistas el deseo de alcanzar unos niveles de turismo más razonables que los actuales.

Queremos concluir con una idea del economista Mas-Colell en ese mismo diario. Aena es una empresa sui generis, puesto que el Estado le ha concedido la gestión de todo el sistema aeroportuario español. Es, por tanto, un monopolio por disposición legal. Aena puede gestionar grandes aeropuertos en el mundo, pero empresas del mundo no pueden hacer lo mismo en España. Además, el 51% de las acciones se las ha quedado el Estado. Los libros de economía explican que los monopolios, y más aún los monopolios legales, deben ser regulados. La inclinación natural de una empresa cotizada es maximizar el beneficio y valor en bolsa. Sin competencia ni regulación es seguro que esto generará situaciones de abuso hacia los ciudadanos. En el asunto clave de la gestión del aeropuerto, no hay otro camino que ejercer influencia sobre Aena.

El caso es que el Govern Balear, en particular, parece decidido a confrontar las cuestiones que exigen un turismo sostenible. La narrativa parece correcta, aunque todavía sólo se observan gesticulaciones que resultan políticamente rentables, pero que son engañosas en la medida en que procrastinen la situación actual: hoteleros que se resisten a la subida de la tasa hotelera y mucho alquiler vacacional en competencia desleal con los anteriores. El peligro es, de nuevo, acabar no tocando nada por no confrontar los intereses respectivos a expensas del deterioro de la oferta de unos y otros.