El principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación son unas antiguas aspiraciones del ser humano, recogidas de forma entusiasta por el constitucionalismo del siglo XVIII para acabar con el Antiguo Régimen. Al constitucionalismo español le costó más tener claro que todos somos y tenemos que ser iguales, y no fue hasta la Constitución republicana de 1931 que, en su artículo 2, proclamó la igualdad ante la ley de todos los españoles, y en el 25 recogía la prohibición de discriminación, entre otras cosas por razones de ideología política. El artículo 14 de la Constitución española de 1978, siguiendo la línea de la Constitución francesa de 1958 (arte. 2.1), de la italiana de 1947 (arte. 3), y de la alemana de 1949 (arte. 3), dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de...”.
El lunes, festividad del Día de la Comunidad de Madrid, el gobierno español hacía una rueda de prensa en la cual el ministro Bolaños y la ministra Rodríguez nos hacían saber que desde mayo de 2021 el móvil del presidente Sánchez estaba infectado y había recibido dos ataques, y que el de la ministra Robles lo estaba desde junio de 2021, habiendo recibido un ataque. Aun así, afirmaba el ministro Bolaños que este caso de espionaje se ponía inmediatamente en manos de la justicia, y que la acción aclaratoria e investigadora que ponía en marcha el gobierno español no solo lo era para el presidente Sánchez, para la ministra Robles y para el resto del ejecutivo español, sino que se ponía en manos de todas las instituciones del Estado, centrales, autonómicas y hasta locales, que pudieran estar afectadas por casos de espionaje.
La rapidez con que ha actuado el gobierno español en el caso del presidente del Estado y de la ministra que asumió tácitamente la existencia del espionaje al independentismo catalán (“¿qué se tiene que hacer cuando te declaran la independencia o te cortan las vías y las calles...?”) choca frontalmente con el hecho que quince días después de haber estallado el Catalangate, el gobierno español no haya puesto también en manos de la justicia este caso a los efectos de encontrar la misma verdad que se pretende respecto del ejecutivo del Estado. Y todavía sorprende mucho más que con ocasión del espionaje al presidente Sánchez y a la ministra Robles, se haya dado credibilidad al Centro de Criptología, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (y que, por lo tanto, depende directa y jerárquicamente de este) y no así al informe elaborado por el laboratorio canadiense Citizen Lab (en colaboración con The New Yorker), al cual no hace mucho tiempo, en el Parlamento Europeo, tanto los eurodiputados del Partido Popular como los del PSOE habían dado total credibilidad en los casos de espionaje detectados en Hungría y en Polonia. Mientras que en el caso del Centro de Criptología se da un clarísimo conflicto de interés porque depende directamente del CNI, en el caso del laboratorio canadiense Citizen Lab hay una credibilidad objetiva evidente porque ha servido en otros supuestos de espionaje (Hungría y Polonia) y es un organismo sin ningún tipo de dependencia ni del estado español, ni del independentismo catalán, ni de ninguna de las partes inicialmente perjudicadas por la intromisión de una parte del Estado en su privacidad, tal como admitió la ministra Robles de forma tácita, pero muy clara, el pasado miércoles.
Volviendo a la deseada igualdad (que cuando se trata de Catalunya escasea mucho), el gobierno español debería haber sido igual de ágil y veloz a la hora de poner en manos de la justicia el caso catalán, con sesenta y cinco espiados (de momento), y con cuatro presidentes de la Generalitat dentro del paquete a vigilar; eso sí que habría sido igualdad. Como también habría sido igualdad dar la misma credibilidad al Citizen Lab en el caso del independentismo catalán que en los mencionados casos de Hungría y Polonia. Pero no, esto no ha sido así, y una vez más nos hemos encontrado con una doble vara de medir que siempre perjudica a Catalunya. Y lo cierto es que se hace del todo insoportable; ni el Código Penal ni los principios penales se interpretaron igual en el juicio del Procés que en el caso Blanquerna, ni las normas aplicables a la prisión provisional se aplicaron igual a los políticos catalanes encarcelados por el 1 de Octubre (a pesar de las indicaciones del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU) que a los investigados por el caso Blanquerna, ni las normas penitenciarias referentes a las concesiones del tercer grado tampoco se han aplicado de igual forma a los políticos catalanes condenados por el juicio del Procés que a los patriotas españoles condenados por el caso Blanquerna.
La rueda de prensa de ayer debe de ser un acierto estratégico para salvar la legislatura, pero es una auténtica y humillante tomadura de pelo al pueblo de Catalunya; ¿qué más serán capaces de hacernos?
