Pensiones: demagogia o datos

La convocatoria de elecciones devuelve a la actualidad el sistema público de pensiones quizás sin tener del todo presente lo sensible que es socialmente. Forma parte de nuestro estado del bienestar y es un factor diferencial a defender en relación a otros modelos de economía donde predominan los sistemas individuales de capitalización con el riesgo de dejar sectores poblacionales –los más desfavorecidos– desprotegidos.

El sistema actual se instauró en 1919 con la ley del retiro obrero y progresivamente se ha ido modificando y mejorando, siendo un sistema de protección social avanzado y robusto regulado por el artículo 41 de la Constitución. Partimos de lo que se denomina sistema de caja única para todo el Estado (Cataluña no dispone de los mecanismos de estructura legales para gestionarlo).

Algunas cifras aproximadas nos muestran la realidad del sistema y si en un futuro podrá garantizarse. Actualmente, en España hay 9,5 millones de pensionistas, de los cuales 1,6 millones corresponden a Cataluña, y todo ello genera un gasto de casi 206.000 M€ al año (37.000 M€ en Cataluña).

El aumento de la pensión media ha evolucionado de manera significativa (un 50%), y así hemos pasado de los 1.050 € al mes a los actuales 1.608 € (de los 1.040 € a los 1.550 € en España) y se ha superado de largo la cuantía acumulada de inflación, que ha sido de un 28,5 en el mismo periodo, de manera que las pensiones presentan un aumento neto de un 21% respecto a la inflación. Este fenómeno tiene la causa fundamentalmente en la ley 21/2021 de 28 de diciembre, que garantizó el aumento de las pensiones respecto al IPC, así como el aumento progresivo de las bases de cotización.

Actualmente, este gasto está alrededor del 13% del PIB y la previsión de la Airef es que el año 2050 llegue al 16%. Cabe mencionar como un rasgo esencial la elevada cifra de la tasa de sustitución (cuantía que percibe el trabajador al jubilarse en relación a su último salario), que en España llega al 80%, y que presenta una diferencia notable con la UE (del 55% aproximadamente). Este es, sin duda, uno de los objetivos en los que habrá que trabajar para la sostenibilidad del sistema.

Este sistema está soportado por la existencia de 22,5 millones de trabajadores/as en activo, de los cuales casi 4 millones (un 18%) corresponden a Cataluña, y que generan unas aportaciones en cuotas de unos 170.000 M€. Cataluña aporta –el ministerio no publica los datos; por tanto, es un cálculo– alrededor del 19% (unos 22.000 M€ al año). Tenemos, pues, un déficit aproximado de 36.000 M€, cuantía de la cual se hace cargo el Estado a partir del sistema impositivo general (IVA, IRPF...).

Este sistema de ingreso, en Cataluña, sería negativo si nos referimos solo al déficit contable territorial (qué aporta y qué gasta cada territorio en pensiones), pero sería favorable dadas las transferencias corrientes del Estado provenientes de los impuestos si aplicamos la situación de superávit fiscal de Cataluña hacia el Estado, en la cual Cataluña aporta más de lo que gasta.

Otro elemento a tener en cuenta para la sostenibilidad del sistema es el fondo de reserva de la Seguridad Social (hucha de las pensiones), creado legalmente el año 1997, que ha evolucionado del prácticamente vaciado (2012-2018) hasta los 15.000 M€ actuales, y continúa creciendo.

Aunque la ratio de trabajadores por pensionista es correcta (2,3 en España y 2,4 en Cataluña), los ingresos al sistema no lo son debido a los bajos salarios y cotizaciones. Y, sin embargo, en España el sistema se verá afectado por la próxima jubilación de la generación del baby boom: la salida de trabajadores del mercado por edad será masiva hasta aproximadamente el año 2050, fecha en la que se calcula que habrá unos 15 millones de pensionistas, de manera que será muy crítico mantener el sistema solo con las aportaciones de los trabajadores en activo.

La situación, sin embargo, está prevista y se están aplicando adaptaciones y mejoras para garantizar la viabilidad del sistema. No estamos ante una quiebra del sistema, sino que la evolución de la edad de la población requiere más esfuerzos de ingreso y de gestión, como ya preveía el Pacto de Toledo.

Se trata de aumentar progresivamente los ingresos mediante el mecanismo de equidad intergeneracional ya vigente, de retirar el tope de las cotizaciones máximas, así como de retrasar la edad de jubilación, ajustándola a la nueva esperanza de vida –ahora alrededor de los 85 años– con las necesarias excepciones, y de regular la prolongación laboral voluntaria más allá de la edad de jubilación. Finalmente, seguramente será necesario que las transferencias del Estado sean más altas durante una temporada.

Otro factor a considerar, de manera racional, serena y técnica, alejada de los intereses partidistas, sería la posibilidad de activar planes o fondos sectoriales privados a partir de aportaciones obligatorias por parte de trabajadores y empresas, de manera que se quitaría presión a la elevada tasa de sustitución. Pero esta posibilidad solo se puede plantear para generaciones futuras.

El futuro está previsto, pues, y en ningún caso la jubilación de la generación del baby boom debe comportar el abandono de un mecanismo de responsabilidad social y de éxito como lo es la solidaridad intergeneracional, y menos aún la desaparición de un sistema de protección social fundamental. Si lo hiciéramos, abandonaríamos a una parte importante de la población en una edad en la que las alternativas vitales son mínimas. Se trata de reafirmar el sistema con las modificaciones necesarias que garanticen su continuidad. Saquemos las pensiones del debate político partidista, como el Pacto de Toledo ya hacía, y centrémonos en las alternativas de mejora del sistema que ayuden a preservarlo.