Predicar con el ejemplo
Esta semana hemos sabido que Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la Conselleria de Cultura de la Generalitat por la situación de 207 becarios durante los años 2024 a 2026. Según la Inspección, realizaban tareas estructurales que correspondían a empleados públicos. La Seguridad Social reclama 2,16 millones de euros en cotizaciones no abonadas.
La Conselleria discrepa, ha presentado alegaciones y ha recurrido la reclamación. Defiende el carácter formativo de las becas y recuerda una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que le dio la razón en un caso similar. Debemos respetar la presunción de inocencia y esperar a que el procedimiento concluya. Pero, si los hechos se confirman, me parecerían absolutamente inaceptables.
En Cataluña hay 618.781 empresas. De ellas, 342.901 no tienen asalariados y 239.964 tienen entre uno y nueve. Es decir, el 94% de las empresas catalanas tiene menos de diez trabajadores.
Sobre este tejido productivo hemos descargado una enorme cantidad de obligaciones laborales, administrativas y documentales. Se han restringido los contratos temporales, se ha ampliado el uso del fijo discontinuo y se ha regulado con mayor rigor la contratación en prácticas. Han sido medidas contundentes, necesarias para proteger al trabajador y el pequeño empresario debe conocerlas, aplicarlas correctamente y asumir las consecuencias si se equivoca. No puede ser que la administración incumpla, si se confirma esta noticia, lo que el pequeño empresario ha de cumplir a rajatabla, exigido por esa propia administración. Es lacerante.
Algo parecido lo vemos en la temporalidad. En 2026, la tasa de temporalidad del sector público en Cataluña era del 18,9%. En el sector privado, del 10,2%. La Administración que exige estabilidad laboral a las empresas mantiene, dentro de su propia casa, una temporalidad casi dos veces superior.
Los pequeños empresarios llevan años expresando su agotamiento ante una carga regulatoria que no deja de crecer. Y se les acusa de anteponer sus beneficios empresariales al progreso social. Sin embargo, noticias como esta explican su sensación de agravio. Se les exige una perfección administrativa que ni siquiera las administraciones, con muchos más recursos, parecen capaces de garantizar.
No estoy pidiendo menos protección para los trabajadores ni mayor tolerancia con los abusos empresariales. Pido lo contrario: que quien legisla, controla y sanciona se aplique a sí mismo, como mínimo, el mismo nivel de exigencia. La autoridad para exigir no procede solo del poder, también procede del ejemplo. Y cuando el sector público reclama estabilidad, legalidad y buenas prácticas laborales al empresario, debe empezar por cumplirlas en su propia casa. O, cuando menos, que no haya dudas al respecto.
