El regalo que hemos hecho al gobierno español

¿Qué tienen en común la crisis de la vivienda, las reivindicaciones de los docentes, el mal funcionamiento de Rodalies y la presión sobre el sistema de salud? Una condición imprescindible para resolverlos: que la Generalitat disponga de más recursos. El dinero no lo resuelve todo, pero sin dinero muchas soluciones no son posibles.

Volvemos a estar inmersos en elecciones, listas y disputas sobre quién encabeza qué. Mientras tanto, las carpetas económicas que han saltado por los aires con la convocatoria electoral apenas ocupan el debate: la financiación, la condonación de la deuda, las garantías de inversión y el traspaso de Rodalies. Cuestiones aparentemente técnicas hasta que se traducen en realidad: una visita médica, un aula o un andén.

Estas carpetas tienen nombres y apellidos. Son los docentes que reclaman mejoras y medio millón de niños y niñas que se quedarán sin ninguna salida escolar este curso. Son los jóvenes que necesitan vivienda asequible para empezar un proyecto de vida, los profesionales sanitarios con recursos tensionados y los pacientes a los cuales una prueba diagnóstica a tiempo puede salvar la vida.

Es poco conocido que el gasto desplazado de la Generalitat, el que queda fuera del presupuesto porque no se puede pagar y se arrastra hacia el año siguiente, llegó a los 5.295 millones de euros en 2025, un 12% más que el año anterior. El Gobierno continúa, sin embargo, anunciando planes estrella y el Parlamento reclama llegar al 6% del PIB en educación sin, aparentemente, haber hecho los números. Fijar objetivos así sin garantizar los recursos para alcanzarlos es alimentar la frustración y es de una gran irresponsabilidad.

Algunos expertos y tertulianos hace tiempo que menosprecian la condonación de 17.104 millones de deuda de la Generalitat y el ahorro de intereses que supondría. Porque unos 250-300 millones anuales les parecen migajas, cuando la realidad es que son recursos reales que pueden destinarse a rehabilitar escuelas o mejorar las condiciones de maestros y médicos. Es como decir a una familia que reducirle en 60.000 euros una hipoteca de 300.000 no importa porque todavía debe 240.000, y que un ahorro de 300 € mensuales en el pago de intereses ni lo notará. La condonación de deuda no resuelve todos los problemas, pero alivia una carga bien real.

Tratar estas cuestiones como secundarias es ignorar qué condiciona la vida cotidiana: la financiación determina los recursos recurrentes de los servicios públicos; la condonación reduce la deuda y los intereses; y los mecanismos de inversión (el llamado consorcio de inversiones), bien diseñados y con la presión de todos, podían garantizar el ingreso de dinero para que las obras anunciadas se ejecutasen, como ya se ha hecho realidad con encomiendas de gestión.

La frivolidad de unos y otros y la falta de determinación política han hecho el mejor regalo al gobierno español: evitar el cumplimiento de compromisos económicos favorables para Cataluña. La responsabilidad principal es suya: los asumió y debía cumplirlos. Pero también hay que exigir responsabilidades a los partidos catalanes. Al PSC, por la influencia que se le supone sobre el gobierno español. A Junts, por mirar de reojo avances esenciales que otros han puesto sobre la mesa. Y a Esquerra, que le ha dedicado años de negociación y trabajo técnico, porque debería haber exigido más garantías y haberse plantado con los plazos.

No todas las carpetas están igual: el traspaso de Rodalies debería conservar vías de despliegue sin depender de una nueva votación en el Congreso. ¡Hay que agotarlas ahora, antes del 29-N! Dejar cualquier avance a la espera de las próximas mayorías parlamentarias es una temeridad. ¿Qué futuro tendrían estos acuerdos, que representaban ganancias concretas para Cataluña, con un gobierno del PP y Vox?

Todo esto ocurre mientras la vida se encarece. En septiembre, la inflación interanual en Cataluña llegó al 4,5%, con un fuerte aumento de los precios energéticos. Las familias pierden capacidad de compra y los servicios públicos afrontan costes más elevados. Las necesidades no se detienen porque comience una campaña electoral.

Ha habido momentos en los que la política catalana se ha concentrado en el derecho a decidir, la defensa de las instituciones o la libertad de los presos políticos. Esta legislatura exigía convertir los acuerdos económicos en resultados. Todos los partidos catalanes deberían haberlo tenido bien presente. Porque defender el país implica garantizar que su gente pueda vivir en él con dignidad.

Escribo desde la cafetería del Hospital Vall d'Hebron, donde cada día profesionales con bata salvan vidas, literalmente, en condiciones muy exigentes. Y unos días después de haber pasado buena parte de la noche en Sants: un tren de alta velocidad hacia Madrid que debía salir a las 19.40 lo hizo siete horas más tarde. En el hospital y en el andén, la distancia entre el debate político y las necesidades de las personas se hace dolorosamente visible.

Cataluña es resiliente. Pero la resiliencia de la ciudadanía no puede ser el recurso inagotable que compense los incumplimientos políticos.

"Es la economía, estúpido", recordaba James Carville al equipo de campaña de Bill Clinton en 1992. Necesitamos política útil. Porque ponerse detrás de una pancarta por el derecho a la vivienda y no luchar hasta el final en el Congreso por los recursos que deben hacerlo posible es puro teatro. Del malo.