El único idioma que se pierde es el que se abandona
Hace treinta años, el CIEMEN y el PEN Català impulsamos la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos con la convicción de que la diversidad lingüística es patrimonio de la humanidad. Hoy, esta convicción continúa vigente, porque la situación ha pasado de preocupante a alarmante.
Los datos son claros y no admiten duda. El catalán es una lengua cada vez más conocida pero cada vez menos utilizada. Solo un 32,6% de la población de Cataluña la usa de manera habitual, en caída libre. Esta distancia creciente entre conocimiento y uso es, hoy, el principal síntoma de una lengua en proceso de minorización.
En el resto de los Países Catalanes la situación no es mejor, todo lo contrario: los respectivos gobiernos autonómicos o departamentales han hecho de la persecución de la lengua catalana uno de los rasgos diferenciales de su actuación política, agravado por la fuerza de la extrema derecha.
Esto no es fruto del azar. Es el resultado de una combinación de factores estructurales –desigualdad jurídica, presión de lenguas globales, transformaciones demográficas– y de una inercia social que nos lleva, demasiado a menudo, a abandonar la lengua propia al primer obstáculo. El catalán no desaparece: dejamos de hablarlo.
Según la Unesco, cada dos semanas desaparece una lengua. Y en este contexto, pensar que el catalán es inmune a esta tendencia es, sencillamente, irresponsable. La minorización lingüística no acontece por generación espontánea, es fruto de una acción humana. Y, en nuestro caso, fruto de una política premeditada a lo largo de los siglos de prohibición, represión y discriminación, que ha calado en el inconsciente colectivo hasta el punto de pensar que es de mala educación mantenernos en el catalán cuando hablamos con quien no conocemos.
Según el Centre d’Estudis d’Opinió, la principal causa de discriminación que afecta a los catalanes es la discriminación lingüística. Solo hay que observar la realidad cotidiana: se puede vivir plenamente en castellano o incluso en inglés en Barcelona, pero no en catalán. Y si una lengua no es necesaria para vivir, deviene prescindible a la larga.
Quizás ya toca decir las cosas por su nombre: existe un conflicto lingüístico, sí, y como decía la añorada Isabel-Clara Simó, los catalanes lo estamos perdiendo. Los conflictos son inherentes a la especie humana, y lo que nos hace civilizados es nuestra capacidad de resolverlos de manera no violenta buscando justicia. Justicia lingüística, en este caso. Porque hablamos de derechos lingüísticos, unos derechos que hoy no tenemos garantizados los hablantes de las lenguas minorizadas.
Si no queremos que el catalán desaparezca, hace falta un cambio de paradigma. Necesitamos políticas públicas mucho más ambiciosas, recursos sostenidos y un compromiso real de todas las administraciones. Pero también necesitamos asumir nuestra responsabilidad como hablantes.
Hay que luchar contra la desigualdad lingüística de manera interseccional, igual que hacemos con el resto de desigualdades, como la desigualdad social, la desigualdad de género o la desigualdad de origen. No hacerlo sería deshonesto con quien sufre una discriminación que va en aumento.
Cambiar los hábitos lingüísticos no es un gesto simbólico, es una acción política. Cada conversación que mantenemos en catalán es una afirmación de derechos, y cada renuncia es una cesión de derechos.
Pero la defensa de los derechos lingüísticos no es un rasgo diferencial catalán. En un mundo globalizado, la defensa de los derechos lingüísticos también debe ser global. Por eso, desde el CIEMEN, conjuntamente con el PEN Català, impulsamos la actualización de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos adaptada a un mundo que ha cambiado profundamente a causa de las nuevas tecnologías, la globalización y la creciente movilidad humana, que han generado nuevas realidades sociolingüísticas.
Todavía estamos a tiempo. Defender el catalán es nuestra aportación a la defensa de la diversidad lingüística. Y defender la diversidad lingüística es defender la humanidad.