Vivienda: tener la cabeza clara
Junts ocupa hoy todas las portadas por su no a los decretos de vivienda, a pesar de que todas las demás formaciones se han ido tragando sapos para aprobar un texto que alivie la grave situación que sufren muchas familias. La vivienda asequible no llegará sin política, y ayer me puse a leer Vida y obra de Ildefonso Cerdá, escrita por Fabià Estapé, para entender qué permitió a la ciudad de Barcelona resolver graves cuestiones de salud pública y urbanizar el Plan de Barcelona hacia 1850. Los trabajos de Pedro Felipe Monlau, Joaquin Salarich y José Font Mosela, así como las mil quinientas páginas de la Teoría General de la Urbanización, lograron objetivar las condiciones de vida de los jornaleros confinados dentro de las murallas de Barcelona. El Ensanche de Cerdá tardó décadas en consolidarse, por los continuos conflictos de interés entre los derechos de propiedad y las servidumbres al plan general. Pero había objetivos claros, y la misma puesta en marcha de las calles se sobrepuso a las polémicas y los boicots constantes de múltiples frentes.
El martes pasado, el 29 de septiembre, el Gobierno anunció que reforzaría las políticas de vivienda para “ampliar el acceso a un hogar y proteger a las familias”: un nuevo fondo de emergencia habitacional, la compra conjunta de vivienda (que tumbó el Parlamento) y la ampliación de los préstamos de emancipación. La nota de prensa se acompañaba de unos cálculos sobre el nivel de cumplimiento del Plan 50.000 en el que se afirmaba que “45.551 viviendas de las 50.000 del plan ya están en marcha”. El papel lo aguanta todo, pero si tuviéramos ya estas 45.551 viviendas protegidas, no estaríamos tan agobiados como lo estamos ahora. Es como si computáramos a los pacientes que están en lista de espera como si ya estuvieran atendidos. ¿Los pisos están a punto para acoger a familias que quedan excluidas del mercado residencial, sí o no?
Para mí, en origen, el Plan 50.000 tenía la virtud de que se comprometía a generar un volumen importante de nuevas viviendas asequibles de alquiler asequible permanente, y que había margen para conseguirlas. Pero para construir parque público no todo vale. Ahora resulta que muchos de estos pisos ya no serán de alquiler, sino que podrán ser de compra. Y de compras muy atomizadas: allá donde las familias o los jóvenes escojan. Desde hace años, se ha intentado adquirir pisos estratégicamente agrupados en fincas, para facilitar su gestión. Así, cuando surgía una oportunidad de tanteo y retracto, se intentaba comprar pisos en un mismo edificio, para tener mayoría en la comunidad. Porque estos 50.000 se tendrán que gestionar: ¿y quién arreglará la caldera de un piso comprado a medias con una familia en un segundo segunda de un bloque privado? ¿Quién pagará los gastos comunitarios? ¿Quién autorizará la inversión de placas fotovoltaicas si la Generalitat solo tiene medio tercero primera de una comunidad de treinta pisos más?
La respuesta social al terrible desahucio de Maricarmen Abascal ha presionado a los grupos parlamentarios, y ahora todo son prisas para hacer ver que la situación está controlada. Pero en materia de vivienda hay muchas opciones y, naturalmente, habrá que gestionar las discrepancias; sobre todo, para evitar polémicas estériles. A continuación escribo algunas preguntas que me hago sobre el Plan 50.000 y que son importantes de cara a la futura gestión de este parque público.
Es cierto que se han lanzado diversos concursos para edificar simultáneamente en terrenos de diversas ciudades. Pero el tercer sector, los promotores sociales y las cooperativas, no se han presentado. Si a los únicos operadores que han ido haciendo vivienda asequible de alquiler hasta ahora no les salían los números, ¿no convendría analizar cómo reforzar a estos operadores con más ayudas y financiación, y valorando mejor su solvencia acreditada en gestión social? Antes de ayudar a particulares, tendría sentido incentivar a organizaciones sin ánimo de lucro que pueden atender a más residentes.
Sobre las adquisiciones a InmoCaixa y otros grandes tenedores, sorprende que los grupos parlamentarios no hagan un seguimiento económico de su impacto. ¿Cuántos de estos pisos adquiridos estaban llenos y cuántos vacíos, para nuevas familias? ¿Cómo van los ingresos por alquiler de estos hogares? ¿Es viable la adquisición a los precios pactados según las rentas que el sector público va cobrando? ¿Hay alguno que haya quedado sin inquilinos? ¿Todos tienen demanda? ¿Ha sido posible comprar pisos en los barrios más acomodados para garantizar mezcla social? Estos datos ayudarían muchísimo a comprender si la política pública de adquisición tenía sentido o no, y permitirían evaluar el impacto del dinero público invertido.
¿Cuánto suelo público hay sin grúas, todavía? Ahora se han licitado (todavía no se han ni resuelto) los concursos de urbanismo para dibujar cómo deberían ser los nuevos barrios para 214.000 pisos de nueva construcción. ¿Y los grupos parlamentarios, no tienen nada que decir al respecto? ¿Les parecen bien todos los emplazamientos? ¿Tiene sentido generar nuevos crecimientos mientras la Generalitat todavía tiene terrenos públicos en El Prat, Montcada, Santa Coloma de Cervelló, Figueres, l’Escala, Llers, Martorell... que están sin edificar?
La flexibilidad de los planes ayudará a hacerlos una realidad, pero hace falta un mínimo contraste entre los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos.
