Vivienda: una hoja de ruta
La falta de consenso en torno a los decretos ley sobre vivienda del gobierno central no han hecho más que confirmar la complejidad del problema de la vivienda. Para resolverlo habría que contar con la participación de todos los agentes posibles: representantes de entidades sociales, sindicatos, profesionales de los servicios sociales y administraciones locales, autonómicas y estatales, así como funcionarios vinculados directamente a las políticas de vivienda (un comité de expertos). Con una visión holística, se debería elaborar un plan estratégico sobre la vivienda (PEH) con perspectiva de largo plazo. No basta con medidas puntuales o coyunturales. Hace falta una planificación sostenida durante décadas. Según los expertos, son necesarios 30 años.
Una vez elaborado el PEH, las conclusiones deberían elevarse al ámbito político para alcanzar un gran pacto de estado sobre la vivienda, similar, en su concepción de política de largo alcance, al Pacto de Toledo de 1995 en materia de pensiones.
Las causas de la crisis actual son multifactoriales. La entrada creciente de capital inversor, nacional y extranjero, incluyendo grandes fondos de inversión atraídos por la rentabilidad del mercado inmobiliario, es una de las principales. No se trata necesariamente de impedir la inversión, sino de determinar límites y mecanismos de corrección cuando estas dinámicas pueden dificultar el acceso a un bien que también tiene una dimensión social y constitucional.
Otro de los factores, y muy preocupante, es el aumento de la precariedad. La divergencia entre el incremento de los precios –vivienda, alimentación y otros bienes– y los salarios o ingresos de los hogares ha provocado una pérdida de poder adquisitivo que dificulta mantener unas condiciones de vida dignas, incluso disponiendo de una ocupación. Es necesario tomar medidas para incrementar el poder adquisitivo de los hogares.
A esta realidad se añade la proliferación normativa y, en algunos ámbitos, la contradicción entre disposiciones, así como una creciente complejidad y falta de sistematización de las normas. El uso frecuente de decretos ley y disposiciones adicionales, transitorias y finales puede dificultar la comprensión del ordenamiento y generar inseguridad jurídica. El ciclo electoral favorece medidas orientadas al corto plazo en detrimento de una planificación normativa estable. Recuperar una técnica legislativa rigurosa, clara y coherente es una necesidad vinculada al funcionamiento del estado social y democrático de derecho que proclama el art. 1 de la Constitución.
Otra cuestión es la pérdida de determinados agentes que históricamente habían contribuido a la promoción de vivienda con finalidad social. Las cajas de ahorro, los sindicatos, las cooperativas impulsadas por asociaciones vecinales, las administraciones públicas mediante la vivienda de protección oficial, empresas que promovían viviendas para sus trabajadores, patronatos y fundaciones participaron en la creación de un parque residencial más asequible. La pérdida o transformación de estos instrumentos ha reducido la diversidad de actores capaces de intervenir en la política de vivienda.
En el caso de Barcelona, hay que tener en cuenta su peculiar historia inmobiliaria. Durante décadas muchas familias (desde los años 1800 en adelante) construyeron y conservaron patrimonio residencial a pesar de las dificultades económicas y sociales. La transmisión intergeneracional de propiedad, a menudo procedente de antiguos regímenes de titularidad indivisa que posteriormente se transformaron en propiedad horizontal, permitió mantener un importante parque de vivienda familiar, con precios de alquiler al alcance. Se deben valorar las peculiaridades de cada territorio.
Finalmente, la experiencia de Nou Barris muestra que con los instrumentos disponibles ya se pueden hacer cosas. Ante los primeros desahucios por impago de hipotecas y, posteriormente, de alquileres, impulsamos un protocolo entre el Ayuntamiento y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con posterior firma de la Generalitat, que permitió detener temporalmente los desahucios cuando los servicios sociales acreditaban una situación de vulnerabilidad hasta garantizar una alternativa residencial. Durante 2 o 3 años se pudieron detener 248 desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Paralelamente, se movilizaron viviendas vacías propiedad de entidades bancarias para destinarlas a alquiler social, con rentas adaptadas a la situación de cada familia.
Esta experiencia demuestra que la coordinación institucional, la voluntad política y la aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos existentes pueden ofrecer respuestas inmediatas mientras se construyen soluciones estructurales. El reto es pasar de las actuaciones puntuales a una política de vivienda estable, transversal y de largo plazo. En definitiva, es necesario combinar planificación, acuerdo institucional y voluntad de actuar.
