Vivienda y la potencia sin control
“Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”
ERC ha anunciado que presentará una proposición de ley denominada “Una familia, una casa” tan pronto como se constituya el Congreso de los Diputados, y en la manifestación del día 11 se hizo viral una pancarta que decía “Ninguna familia sin casa, ninguna casa sin familia”. Estos eslóganes y otros no hacen sino reivindicar lo que la Constitución española establece de manera taxativa e inequívoca. ¿Qué ha fallado?
Otro de los eslóganes de la manifestación respondía a esta pregunta sentenciando: “Hay que sacar la vivienda del mercado”, pero muchos se habían apuntado antes. Ya en el año 2023, por ejemplo, Ester Capella declaraba que “hay que sacar la vivienda de las lógicas de mercado, igual que se ha hecho con la salud pública y con los medicamentos”, y en las semanas previas a la manifestación el secretario general de CCOO, Unai Sordo, calentaba el ambiente afirmando que hay que “echar a gorrazos a los fondos buitre y a los fondos de inversión del mercado de la vivienda”.
Puedo distinguir tres ideas subyacentes a estos eslóganes.
La primera, que los fondos de inversión acaparan viviendas y abusan de esta posición para subir los precios. Esta idea es infundada, porque un particular tiene mucha más propensión a dejar una vivienda vacía (en espera de que un hijo se emancipe, o que sea necesario realizarla para hacer frente a alguna eventualidad sin complicarse la vida alquilándola a saber a quién) que un fondo de inversión; estos últimos tienen prisa porque tienen que presentar resultados trimestrales a sus inversores. Uno se puede preguntar por qué la vivienda es mucho más asequible en Zúrich o en Fráncfort –ciudades llenas de financieros– que en Barcelona. Por otro lado, estos fondos ya se están marchando de aquí. Esta semana, y con toda naturalidad, un API de mi barrio me ha informado de que administra una cartera de un “gran tenedor” y que ponen a la venta las viviendas a medida que vencen los contratos de alquiler. ¿Quién compre estas viviendas, bajará el alquiler por el solo hecho de tener en propiedad una o dos viviendas en lugar de veinte? No me lo sé imaginar.
La segunda es que los precios no deberían estar determinados por la oferta y la demanda. A algunos esta pretensión les parece anatema, porque para ellos el mercado es sacrosanto, pero a mí me parece de lo más razonable dadas las características especialísimas de este mercado. Ahora bien, en Cataluña los precios ya no responden a la lógica del mercado, porque desde las leyes de 2023 (autonómica) y 2024 (estatal), están fijados de facto por la Generalitat.
La tercera –y la más importante– idea subyacente en los eslóganes de la manifestación es que es posible asignar una vivienda a cada familia. Desgraciadamente, esta idea es equivocada. Entre 2016 y 2019 la flamante alcaldesa Colau llevó a cabo un “censo” de viviendas vacías en la ciudad de Barcelona y descubrió que solo lo estaban el 1,22% del total (unas 10.000). Otros estudios realizados en ciudades de la primera corona han llevado a resultados similares: había poquísimas viviendas vacías en la Cataluña metropolitana. Hay muchísimas en la Cataluña rural, pero las queremos en la metropolitana. ¿Y ahora? Desde 2018 se han creado 300.000 familias en Cataluña, pero solo hemos construido unas 110.000 viviendas: obviamente, si faltaban cuando el Sindicato de Inquilinas irrumpía en la política catalana, ahora faltan 200.000 más.
Una campaña publicitaria de una marca de neumáticos utilizaba el eslogan “La potencia sin control” sugiriendo que constituía un riesgo. En la manifestación del miércoles, los manifestantes representaban la potencia, y el control lo deben poner los políticos. ¿Estarán a la altura? Hasta ahora no lo han estado.
No por falta de ganas: desde 2018 tanto en el Estado (todo este tiempo) como en la Generalitat (la mayor parte de este tiempo) como en la gran mayoría de los ayuntamientos metropolitanos (en Barcelona, todo este tiempo) han gobernado partidos de izquierda que se han declarado preocupadísimos y ocupadísimos por el problema de la vivienda.
Tampoco porque hayan estado inactivos: ya he hecho referencia a las leyes de 2023 y 2024, que sucedían a las de 2007 y 2015.
¿Ha servido su celo para resolver el problema? No, porque si cada año se crean más familias que viviendas, es indiferente si los financieros abandonan el país o si la vivienda sale de la lógica del mercado, porque de viviendas cada vez faltarán más.
¿Sabrán nuestros políticos salir de los eslóganes y afrontar el problema de una manera racional, y, por tanto, efectiva? Esta, y no ninguna otra, es la cuestión.
