1.000 días de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial
Tercer curso político consecutivo con el órgano en funciones y Casado sigue sin incentivos para renovarlo
MadridLa cifra de 1.000 días de mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es simbólica pero sirve para poner en contexto un bloqueo generalizado en múltiples órganos, tanto en España como en Catalunya, que hacen evidente la incapacidad de los partidos de llegar a acuerdos. El nuevo curso político en el Estado arranca con la asignatura pendiente de renovar el CGPJ y se prevé que su presidente, Carlos Lesmes, levante el tono en el acto de apertura del año judicial. Será el tercer discurso consecutivo en el que inste las Cortes a desbloquear de una vez una situación que en 2020 ya calificó de “anomalía”. Con el PP enfrentado al PSOE, el escenario no es propicio.
El acuerdo para cambiar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces ha estado cerca hasta en dos ocasiones. Una fue el verano del año pasado y la otra este mes de febrero, cuando sí se consiguió desbloquear la elección de los miembros del consejo de administración de RTVE. Este ha sido el único pacto al que han llegado el PSOE y el PP. Ahora hay cuatro instituciones de importancia la renovación de las cuales depende de las cámaras legislativas: el CGPJ, cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) escogidos por el Congreso, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas y el defensor del pueblo.
El organismo que reclama 5,4 millones de euros a una treintena de excargos de la Generalitat no formaba parte del pack de desbloqueos pendientes, pero se añadió el 23 de julio, cuando se extinguió su mandato. El PSOE ya ha expresado su voluntad de agilizar también este nuevo frente, dado que, tal como pasa con el CGPJ y el TC, se mantiene la mayoría del bloque conservador. Esta circunstancia explica las reticencias del PP a permitir la renovación.
El nombramiento de Delgado
El relato que el líder de la oposición, Pablo Casado, quiere instalar es que el presidente español, Pedro Sánchez, poco a poco, está intentando controlar los organismos públicos, y que el poder judicial sería el único que resiste independiente respecto del ejecutivo. Todo empezó con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, dando el salto directamente desde el ministerio de Justicia. Precisamente, el PP presentó un recurso que se admitió a trámite pidiendo la anulación de la designación por su “palmaria parcialidad”, y está previsto que se resuelva este octubre. Algunos magistrados de la sección que tiene que dirimir el litigio han pedido que se lleve a pleno para que todos los integrantes de la sala tercera del Tribunal Supremo participen de la decisión. Fuentes jurídicas consultadas por el ARA subrayan que si es así “puede pasar de todo”, porque ya no serían cinco jueces sino una treintena los que votarían.
Las mismas fuentes apuntan que este episodio es un obstáculo para que un pacto político entre el PSOE y el PP se produzca de manera inminente. Que el Supremo tumbe el nombramiento de Delgado sería un golpe para Sánchez y permitiría a Casado cargarse de argumentos. No se entendería un acuerdo para la renovación del CGPJ y el TC simultáneo a esta hipotética decisión, interpretan.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el estado de alarma del 14 de marzo de 2020 -convalidado por el PP en el Congreso -, que implicó el confinamiento domiciliario para hacer frente a la pandemia. Los magistrados tienen encima de la mesa un recurso contra el segundo estado de alarma, el aprobado en octubre de 2020 por un periodo de seis meses, y es plausible que tampoco reciba el aval del TC. En la primera decisión el pleno se dividió en dos, pero se volvió a poner de manifiesto que sigue teniendo más peso interno el bloque conservador.
La rigidez de las condiciones
Precisamente, la urgencia que el PSOE y Unidas Podemos aducen para presionar al PP es que la composición actual de los órganos caducados ya no refleja la realidad parlamentaria. Las reiteradas peticiones a Casado hasta ahora no han funcionado y el líder de la oposición mantiene unas condiciones que el PSOE, de momento, no parece dispuesto a asumir. Una es el veto al juez José Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal de la Gürtel, que apostó por la condena al PP como responsable a título lucrativo. Los socialistas pretendían proponerlo para una de las plazas reservadas para juristas -no jueces y magistrados-, hecho que implicaría que se pidiera la excedencia de juez simultáneamente. No sería la primera vez que pasa: en 2001 el PSOE presentó la candidatura de José Antonio Alonso -que más tarde sería ministro de Defensa y de Interior- para el turno de juristas porque no había obtenido suficientes votos dentro de la carrera judicial para optar a ella por el lado de jueces y magistrados. Además, fuentes jurídicas subrayan que para la renovación actual el PSOE ya pretende hacer entrar al juez Ignacio González Vega para el turno de juristas.
La segunda condición del PP es que se “despolitice” el CGPJ. En la práctica, reclama que los 10 vocales provenientes de la carrera judicial no se elijan en el Congreso y en el Senado, sino entre los propios jueces y magistrados. Hace unos meses el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, manifestó la necesidad de andar hacia este objetivo en un futuro. El PSOE defiende el modelo actual, pero habrá que ver si acepta como mínimo abrir el debate para que el PP pacte. Una vez descartada la fórmula de rebajar las mayorías -Sánchez ordenó retirar la reforma de la ley que lo preveía-, fuentes del gobierno español reiteraban esta semana que la presión la tiene el PP. La Moncloa mantiene que tendrá que ser Casado quien haga el próximo movimiento después de 1.000 días de bloqueo.