95 años desde que España prohibió la guerra
El artículo 6 de la Constitución de la Segunda República consagraba el pacifismo que se rompió cinco años después
BarcelonaEl 14 de abril de 1931, hace 95 años, el cielo de Barcelona y de todo el Estado se tiñó de una esperanza inédita. Para muchos, la proclamación de la Segunda República no fue solo un cambio de régimen, fue una sacudida modernizadora que quería situar España en la vanguardia de Europa. Entre 1931 y 1933, aquel impulso reformista sacó a la luz derechos que hoy nos parecen naturales, pero que entonces eran rompedores: el sufragio femenino, la ley del divorcio, la profunda reforma militar de Azaña y una reforma religiosa que buscaba la laicidad del Estado. Hitos que quedaron enmarcados en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931. Dentro de aquel texto, destacaba por encima de todo una declaración de intenciones que aún hoy resuena con una vigencia clara. El artículo 6 dictaba literalmente: "España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional".
"Este artículo declara que España acata las normas universales del derecho internacional", argumentaba la diputada Clara Campoamor, el 1 de septiembre de 1931. Y es que el artículo 6 era, en esencia, una pieza revolucionaria en el marco de una Europa que vivía un período de entreguerras. Se incluía por primera vez en una constitución el Pacto de París de renuncia a la guerra y, además, la adhesión plena a los principios de la Sociedad de Naciones. España iba más lejos que la Constitución de Weimar o la mexicana de 1917, y situaba el pacifismo como eje vertebrador del Estado.En el debate constitucional, las voces que defendían este espíritu eran claras. El 27 de agosto de 1931, en la presentación del proyecto, Luis Jiménez de Asúa, presidente de la Comisión de Constitución, destacaba que "el 6 [el artículo 6] [...] tiene alcance internacional; en el 6 se declara el pacifismo de España". Pero fue Campoamor –también protagonista en el derecho de voto de las mujeres– quien lo defendió con más pasión, hasta recoger que "el presidente de la República no pueda firmar una declaración de guerra más que en casos de guerra justa y después de haber agotado todos los procedimientos pacifistas, a fin de evitar que se pueda llegar, según los pactos internacionales, a una de aquellas guerras clamadas de carroña". La diputada estaba convencida de que este redactado situaría la carta magna española "a la cabeza de todas las extranjeras, porque abomina de la guerra como arma de política nacional".El entusiasmo, sin embargo, no era compartido por todos. Desde la derecha y los sectores conservadores, el artículo se veía como una debilidad o una hipocresía. El 27 de septiembre de 1931 Molina Nieto, sacerdote y diputado, veía una "contradicción espantosa" entre la renuncia a la guerra y la promulgación de un texto constitucional que él consideraba una agresión interna a los católicos: "Solo con enunciarlo ya es un reto a la conciencia católica del país, es un desafío, es lanzar el país a la guerra". Para él, la laicidad era un "detonante", que podía acabar conduciendo el país a la guerra. Al mismo tiempo, Lamamié de Clairac, diputado carlista, acusaba a la izquierda: "Quieren destruir el Estado, quieren destruir este régimen, quieren desarmar a la Guardia Civil y armar al pueblo", viendo en el artículo una estrategia para desproteger al Estado ante la revolución social.En 1936: cuando la palabra fue sustituida por el plomo
El anhelo de paz del artículo 6 duró solo cinco años. En 1936 el clima se había enrarecido hasta poner al país a los pies de la guerra. El 12 de junio, un mes antes del golpe de Estado, José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española y pieza clave para el franquismo, sentenciaba desde el escaño: "Considero que sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a revoltarse a favor de España" y revelaba con un premonitorio "es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio". El 18 de julio Francisco Franco y los militares revoltados hicieron añicos la Constitución, comenzando precisamente por su artículo 6. La guerra, que la República había repudiado como instrumento político, acabó construyendo la realidad que se impondría durante las siguientes cuatro décadas.
