Un año de baches y hoyos

MadridEl año ha empezado como tocaba, con un olor electoral que lo invade todo. No hay ni un palmo de espacio público que no se aproveche para los choques, en una continua representación en la que por suerte o por desgracia todo el mundo hace su papel siguiendo pautas previsibles. Incluso, bien mirado, el caso de Castilla y León, donde Vox ha explotado la falta de autoridad del presidente del PP, Fernández Mañueco, haciendo víctimas de su estrategia a las mujeres embarazadas. El factor sorpresa tendrá que aparecer en algún momento, pero por ahora se va siguiendo el guion como podía resultar imaginable. Esto vale tanto para la evolución del diálogo institucional entre el gobierno español y la Generalitat como para la gestión general del ejecutivo de Pedro Sánchez y las respuestas que recibe del PP de Alberto Núñez Feijóo. En la Moncloa están muy satisfechos de la cumbre hispano-francesa de Barcelona. La expectativa ahora es que se acaben pactando los presupuestos de la Generalitat con el PSC.

Pedro Sánchez salió escaldado de las elecciones andaluzas y desde entonces la acción de su gobierno se ha reforzado mucho. Los equipos de comunicación trabajan sacando humo, a toda máquina, intentando hacer frente a todos los movimientos a la velocidad de la sociedad digital. Es lo que tiene perder unas elecciones, sobre todo si el rival ha sacado mayoría absoluta. El acento lo tiene puesto Sánchez en el capítulo económico, como ha mostrado su presencia y el contenido de sus intervenciones en la cumbre de Davos, donde parte del empresariado ha querido demostrarle desafección dejando de aparecer en alguna convocatoria. A efectos de imagen pública, no es del todo negativo. El líder socialista no da batallas inútiles, y su estrategia pasa por aparecer como defensor de los intereses mayoritarios y las clases populares, de aquí sus metáforas sobre el sector financiero y los espacios negros del mundo económico desde donde –dice él– se conspira para sacarlo del poder.

El objetivo de Sánchez es aparecer como el dirigente con más sensibilidad social, concentrado en llevar a su pueblo hacia la tierra prometida de la salvación económica. Intenta así que sus votantes tradicionales no le reprochen o le disculpen otros aspectos de su gestión, como la política de alianzas. Para el PSOE no es fácil digerir todo lo que se tiene que hacer para mantener cohesionada a la mayoría parlamentaria que permitió el acceso de Sánchez a la Moncloa. Si el indulto a los líderes independentistas ya costó que se aceptara, las recientes modificaciones del Código Penal constituyen un desafío –y una aventura– todavía más grande. Sobre todo si realmente tuvieran que permitir una más o menos rápida reincorporación a la actividad política de los principales condenados en la causa penal del 1-O, con posible presencia en listas electorales primero y cargos públicos después.

La reacción en el mundo socialista está siendo dura. Los diputados votan unidos, pero hay más que reticencias en las filas del PSOE. La derecha quiere vincular la imagen de Sánchez al concepto de autócrata, y lo está consiguiendo con la colaboración de antiguos amigos de los socialistas. Mientras tanto, Catalunya sigue teniendo un gran peso en la política española. Diría que casi en todo lo que pasa. Y lo que pasa es mucho. El juez Llarena, la Fiscalía, la Abogacía del Estado... y detrás todos los partidos. Todo el mundo tiene algo que decir sobre el intento de pasar página. Todo el mundo opina sobre los desórdenes públicos agravados y sobre la malversación, un capítulo en el que el gobierno español ha entrado de manera imprudente, sin buenos asesoramientos, sin tener controlados los efectos de las reformas.

El camino de la desjudicialización

No está claro qué saldrá de este debate en el seno de las instituciones y los órganos judiciales españoles, porque no es la única pero sí la más importante de las operaciones de lo que se llama la desjudicialización de la política. El Supremo no ha seguido nunca los criterios de los fiscales. Condenó por sedición cuando ellos pedían rebelión. Dudo que la sala de lo penal quiera dejar en mal lugar a Llarena, que, al fin y al cabo, es un compañero del tribunal.

¡A ver si lo que el gobierno quiere en realidad es hacer ver que favorece a los aliados sabiendo que en la práctica la situación de los líderes independentistas no variará mucho con la reforma penal! Demasiado maquiavélico, y no sería lógico tanto ruido para nada. Lo más probable es que se haya querido intentar, pero con demasiada prisa y resultados inciertos, porque un gobierno no puede pretender ni conseguir el control de todo el aparato del Estado. Parte de este aparato es el de la justicia. Aquí se sigue jugando una batalla cruenta. Y en el Constitucional no se ha acabado el ruido de sables. La renovación ha sido un parto difícil. La ventaja de los progresistas es que ahora son siete, por cuatro los conservadores. Pero ya les han empezado a caer las recusaciones. El objetivo de la derecha es el mismo que en el ámbito político, la deslegitimación. Hablan de control y ocupación del tribunal, después de nueve años de mayoría conservadora. Siempre he creído, en todo caso, que hay que participar en las instituciones.

La magistrada Laura Díez ya ha sido recusada y ha decidido abstenerse de intervenir en los recursos sobre el 25% de castellano en las escuelas catalanas. El motivo: que había participado en los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries favorables a la legislación de la Generalitat. Pero es importante su presencia en el tribunal. Conoce Catalunya, podrá ilustrar muchas veces a sus colegas sobre aspectos que ignoran, como antes de ella lo hicieron Eugeni Gay o Carles Viver.

Ahora bien, quedó muy clara la advertencia del nuevo presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, en el pleno que lo escogió para el cargo. Dijo que la Constitución "no permite la secesión, ni la autodeterminación, ni la independencia", para salir al paso de la tesis de que llegaba al órgano de garantías para facilitar la celebración de una consulta o referéndum en Catalunya. Días antes, una de las nuevas magistradas, María Luisa Segoviano, había dicho que se trata de una cuestión compleja que, llegado el caso, habría que estudiar con detenimiento, un titular deshecho con gran rapidez. Lo digo para subrayar que el camino de la pretendida desjudicialización y la recomposición de las relaciones políticas e institucionales no ha sido ni será nunca un camino llano, sino lleno de baches y hoyos, y quizás de peores accidentes del terreno.