Aragonés confirma el Hard Rock: "¿Sacrificarán los presupuestos para ello?"
Los comunes exigen que se detenga el proyecto y Junts pincha en el bloqueo de las cuentas
BarcelonaEl Hard Rock sigue siendo el escollo principal en las negociaciones por los presupuestos de la Generalitat. El PSC insiste en exigir garantías de que este macroproyecto saldrá adelante, mientras los comunes piden que se detenga. Ambos socios imprescindibles para aprobar las cuentas. Ante el bloqueo, este martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admitido que el Govern no tiene ninguna intención de frenar este macroproyecto, sino que ha confirmado que seguirá su curso. Admitió que el Hard Rock no le genera "entusiasmo", pero que es un proyecto que está aprobado y que en estos momentos no hay una mayoría alternativa que permita revocarlo. Por ello, pidió a los grupos que se opongan, en especial a los comunes, que no "sacrifiquen" el conjunto de los presupuestos por el Hard Rock.
"Con un Gobierno que es incapaz de plantarse con cuestiones como el Hard Rock, así no", ha avisado el portavoz de En Comú Podem, David Cid, durante la sesión de control en el Parlament. Cid le recordó al presidente de la Generalitat que sus prioridades por las cuentas pasan por la educación, la salud o las renovables. Precisamente, agarrándose a estas prioridades, Aragonés le preguntó si por cuestiones como el Hard Rock, "que no tiene relación con el presupuesto", "sacrificarán" unos presupuestos que contemplan un aumento del 9% en educación, por ejemplo. "No hay mayorías para excluirle [el Hard Rock]. ¿Sacrificarán todo esto?", ha insistido el presidente. Esta tarde Gobierno y comunes se han reunido una vez más, donde han seguido hablando de las medidas de las cuentas del 2024, pero no han desatascado la cuestión del Hard Rock.
El proyecto saldrá adelante, pero Aragonès admitió que no será "inmediato". Por ahora, todavía sigue atascado en la comisión de urbanismo: el órgano no ha aprobado el Plan Director Urbanístico porque la Generalitat todavía no ha emitido el informe medioambiental pendiente desde hace más de un año. Y ésta es una de las cuestiones que reclama el PSC como garantía para desatascar las cuentas.
El presidente de la Generalitat ha recordado que el Govern tramita este proyecto "de acuerdo con la normativa urbanística, de acuerdo con las actuaciones que se han estado haciendo y cumpliendo con los compromisos", pero también "garantizando la sostenibilidad de cualquier proyecto que se realice en nuestro país, especialmente en un momento de cambio climático". Así, Aragonès ha destacado que por el campo de Tarragona hay muchos más proyectos, fundamentalmente en la línea de la "reindustrialización", no en el turismo recreativo: "Este es el camino para ir hacia un modelo más equilibrado", ha argumentado , y ha explicado el camino para el macrocasino: "[Es necesario] seguir la normativa y la tramitación".
¿Se demorará el acuerdo?
¿Cómo queda entonces la negociación de presupuestos? Fuentes del ejecutivo aseguran que el acuerdo con el PSC está "prácticamente hecho" y que ahora hay que encontrar un encaje para que puedan sumarse los comunes, pese al escollo del Hard Rock. Una posibilidad pasaría por establecer una moratoria sobre el proyecto este 2024 justificándola por el contexto de sequía, una opción que han puesto sobre la mesa los mismos comunes en una iniciativa presentada en el pleno de sequía. Esta propuesta plantea frenar modificaciones del planeamiento urbanístico para proyectos que consuman grandes cantidades de agua hasta que cesen las restricciones al sector agrario e industrial por mejora de la situación, informa Martina Alcobendas.
En el PSC enfrían el pacto de presupuestos y recuerdan que todavía hay carpetas pendientes de este año y del pasado. En cualquier caso, el partido de Salvador Illa sale satisfecho de la sesión de control de este miércoles, donde han visto reafirmado el compromiso del Govern para sacar adelante al Hard Rock.
1.200 millones en rebajas fiscales
De todas formas, y pese a recibir alusiones por distintas bandas, el líder del PSC, Salvador Illa, ha evitado referirse a esta cuestión durante el debate –Aragonès, eso sí, le ha reclamado su apoyo a las cuentas–. Quien sí ha mojado pan ha sido Junts. El presidente del grupo en la cámara catalana, Albert Batet, ha tirado de ironía con sus críticas al Govern: "Necesitan un acuerdo de claridad sobre qué hacen con el Hard Rock, o cumplen con el PSC o con los comunes". De hecho, ha hurgado en las diferencias entre los republicanos al respecto: "¿Quién manda, el Gobierno o el partido?". Batet ha comparado al ejecutivo con un "Dragon Khan" similar al tripartito ante los cambios de parecer y la "desorientación" sobre los presupuestos. El diputado juntero también ha aprovechado su intervención para defender la eliminación del impuesto de sucesiones, una de sus reclamaciones por los presupuestos. Aragonés le respondió que es un "brindis al sol" y que toda la propuesta de rebajas fiscales de la formación supondría una pérdida de recaudación de 1.200 millones de euros.
La CUP tampoco avala al Hard Rock y, pese a negociar desde hace semanas los presupuestos con el Gobierno, el diputado Xavier Pellicer ha reclamado al Govern "valentía política y políticas de izquierdas e independentistas". De hecho, ha lamentado que el Govern no haya respondido a las propuestas presupuestarias y que se plantee el camino del "intercambio de cromos" y la agenda de la patronal del PSC. Ahora bien, Aragonès, ha avisado a la CUP de que para pactar los presupuestos "las mayorías deben ser posibles" con propuestas "efectivas" que permitan el apoyo de tres grupos, incluido o Junts o el PSC. Por otra parte, el representante anticapitalista pidió una enmienda a la ley de amnistía para incluir el delito de coacciones, por el que están afectados varios manifestantes como Joan, vecino del Empordà condenado a dos años y cuatro meses de cárcel.
- La bonificación del impuesto de sucesiones: 358 millones de euros menos<p>La conselleria de Economia calcula que la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones, es decir, la práctica eliminación de este tributo, comportaría dejar de recaudar 358 millones de euros. Juntos, en cambio, calcula que la cifra aún algo mayor, de 405 millones de euros.</p><p> Los vaivenes con el impuesto de sucesiones han sido una tónica en la última década con supresiones y aumentos encadenados y esto se ha notado en la recaudación. En 2011 CiU y PP aprobaron su práctica eliminación, dejando casi sólo en vigor el de donaciones: ese año se ingresaron 270 millones de euros menos, situándose en 338. En 2013 el pacto entre ERC y Junts volvía a introdujo el impuesto para rentas altas y ya se notó en 250 millones más de recaudación que el año anterior. El último giro fue el aumento pactado con los comunes en 2019, con reducción de bonificaciones. Con estas medidas el impuesto de sucesiones y donaciones alcanzó de nuevo los 600 millones de euros de recaudación, y en el 2023 ya se disparó hasta los 880 millones.</p>
- Rebajas en el IRPF: 847 millones de euros menos de recaudación<p>Junts propone una deducción del 15% del IRPF en gastos de salud por abonos de actividades deportivas o también los pagos de seguros médicos y sanitarios, una medida que el Gobierno calcula que comportaría una mayor reducción de la recaudación: un total de 372 millones de euros. Los junteros también proponían más cambios en el IRPF. De entrada, una rebaja del tramo menor del 10,5% al 9,5%, una medida que, según el ejecutivo, supondría dejar de recaudar 138 millones de euros. Incrementar la bonificación de los mínimos personales en un 7,5% supondría una reducción por las arcas públicas de 170 millones de euros; mientras que deflactar todos los tramos del IRPF, un 5% tendría una repercusión negativa de 167 millones de euros.</p><p> El Govern incorporará a los presupuestos una rebaja del IRPF para las rentas inferiores a los 35.000 euros anuales. Una medida que comportaría dejar de recaudar</p>
- Patrimonio, donaciones a fundaciones y alquiler joven: reducción de 143 millones de euros<p>Juntos también proponía cambios en el impuesto de transmisión patrimonial, en concreto, defendía aumentar la edad de la adquisición de vivienda para jóvenes de 32 a 35 años e incrementar el mínimo de la suma de la base imponible general y la de ahorro, excepto el mínimo personal y familiar que no exceda de 45.000 euros. La medida supondría una reducción de 80 millones de euros. El aumento que el grupo que lidera Albert Batet en el Parlament proponía por el importe de deducción por donaciones a fundaciones y asociaciones hasta el 25% con un límite del 20% de la cuota íntegra autonómica supondría dejar de recaudar 58 millones de euros. La medida que tendría un menor impacto por las cuentas de la Generalitat sería la deducción del alquiler joven, que sería de un 8%.</p>