¿Por qué está atascada la comisión de los atentados de Las Ramblas?

MadridLa reanudación de la actividad parlamentaria en el Congreso, en septiembre, tendrá como una de las tareas pendientes desbloquear la aprobación de las conclusiones sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Dos años y medio después de que se constituyera la comisión de investigación sobre el 17-A, los grupos parlamentarios ya han redactado sus propuestas finales, pero aún no las han sometido a votación. Las diferencias entre los partidos de la mayoría plurinacional, que se han constatado en los documentos registrados y durante las sesiones, los han abocado a tener que negociar para tratar de aprobar un texto consensuado. Hoy por hoy, según diversas fuentes parlamentarias consultadas por el ARA, no hay un acuerdo definitivo, si bien las partes se han emplazado a volver a intentarlo a la vuelta de las vacaciones. El principal escollo es que se pongan de acuerdo PSOE y Junts, que son los que tienen posiciones más enfrentadas.

En julio el encuentro de la comisión para aprobar las conclusiones, que después se deberán llevar al pleno de la cámara baja, se desconvocó dos veces. El motivo, explican las mismas fuentes, fue justamente la falta de acuerdo entre socialistas y juntaires. Ante el temor de que pudiera salir aprobado un texto alternativo con los votos de PP y Vox, desde la presidencia de la comisión, ejercida por Sumar, optaron por suspender las convocatorias de las sesiones que se habían hecho coincidir con los plenos extraordinarios del 14 y 23 de julio. ¿Hay opciones de que una nueva convocatoria en septiembre sí que pueda llegar a buen puerto? Desde Junts lo encaran con optimismo después de haberse dado más tiempo para valorar el contenido de un posible pacto. Otros miembros de la mayoría plurinacional, que también están negociando, ven opciones de que se pueda conseguir un entendimiento definitivo.

Fuentes conocedoras de la negociación explican que, si hace unos meses parecía imposible que PSOE y Junts se pudieran poner de acuerdo, hoy por hoy ya hay avances en asuntos troncales. Las partes, añaden, han mostrado buena predisposición de cara a conseguir un acuerdo en septiembre después de no haberlo logrado en julio. El hecho de estar bajo la lupa de los familiares de las víctimas también es un gran motor para ponerse las pilas para aprobar unas conclusiones, apuntan.

Las diferencias sobre el 17-A

En caso de acuerdo, habrá que ver cómo consiguen vertebrar el relato sobre el 17-A, que difiere sustancialmente entre el PSOE y los partidos independentistas. Tanto Junts como ERC, con matices entre ellos, han señalado el papel del Estado, a diferencia de los socialistas. En sus conclusiones, Junts responsabiliza al Estado dado que, a su parecer, queda "acreditada" la relación entre el imán Abdelbaki es-Satty y el CNI. Según la formación, los ataques tuvieron lugar por una "negligencia de los servicios secretos", que ocultaron los vínculos por una "decisión política".

Aunque los republicanos también hablan de "negligencia", no van tan lejos y apuntan a un "fallo en la prevención" y en la transmisión de información a los Mossos d'Esquadra. Si bien las conclusiones del PSOE no entran en este marco, sí admiten el hecho de que en el ministerio del Interior se han tenido que hacer "mejoras sustanciales en la coordinación entre los distintos cuerpos policiales" y que hay que "continuar avanzando y garantizando" que todos los cuerpos policiales tengan acceso en tiempo real a la información. Un reconocimiento que, para alguna de las fuentes consultadas, puede ser una de las grietas para acercar posiciones.

Los partidos independentistas, y también Sumar, han puesto el foco en la necesidad de desclasificar toda la información del 17-A, que es otro aspecto en el que han chocado con el PSOE. "El derecho a saber la verdad continúa sin estar plenamente satisfecho", afirma ERC. En el caso de Junts, que pone en duda la muerte de Es-Satty, reclama reformar la ley de secretos oficiales para evitar la clasificación de documentos que pueda impedir investigar posibles responsabilidades en casos de terrorismo. Más allá de tener acceso a esta "verdad", otro de los puntos que tendrán que resolver las conclusiones es el de la respuesta institucional que han tenido las víctimas después de los atentados y la reclamación de mejoras para que tengan una reparación integral.