Ayuso y Almeida exigen el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol

Madrid“La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden continuar campando a sus anchas en la Puerta del Sol”. El gobierno de la Comunidad de Madrid, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, eleva el tono y exige a la Moncloa que desaloje la acampada que se instaló el sábado en la Puerta del Sol, justo delante de la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia madrileña. Después de que los concentrados hayan pasado allí la tercera noche, el ejecutivo madrileño ha enviado un requerimiento a la Delegación del gobierno español para que los expulse en un plazo máximo de 48 horas.

“En caso de no hacerlo, presentaremos el correspondiente recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente”, ha avisado el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en rueda de prensa. Y ha amenazado incluso con “acciones penales” contra el delegado del gobierno español, Francisco Martín. Asimismo, ha denunciado públicamente los “actos vandálicos que ha sufrido” el edificio, que es un bien de interés cultural: “Hemos visto pintadas y se ha tirado basura contra la fachada y contra las ventanas”, ha dicho.

Seis horas más tarde, la Delegación del gobierno español en Madrid ha confirmado que ha recibido el requerimiento, pero ha reafirmado su “compromiso” de “seguir velando” por la “seguridad ciudadana” en la acampada y por “mantener la protección” de la Real Casa de Correos. Fuentes del órgano apuntan que Francisco Martínez “exige” al gobierno madrileño “respeto al derecho fundamental de reunión”. A su vez, desde la Moncloa defienden que se trata de una concentración “cívica” y que, en todo caso, las competencias son de la policía municipal.

Durante la tarde, ha habido llamadas a “defender” la acampada después de que se haya extendido el temor de que grupos de extrema derecha irían a la Puerta del Sol: “No nos echaron los rentistas, no nos echarán los fascistas”, decía el cartel que circulaba por WhatsApp. De hecho, el líder de Desokupa, Daniel Esteve, ha llegado a verbalizar la amenaza, pero posteriormente él mismo ha reconocido que era un “troleo”. Otros mensajes difundidos en las redes sociales por parte de los colectivos sociales pedían “ser muchos” para hacerle frente: “Si las cosas se ponen feas, debemos protegernos”.

“No nos vamos, nos quedamos”, ha exclamado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, durante la asamblea convocada esta tarde. Es la misma proclama que se escuchó el lunes. Al mediodía, ella misma ha reaccionado a la presión del gobierno de Ayuso para desalojarles: “Es bonito ver que realmente los que están temblando son ellos por una vez”, ha dicho. La asamblea ha terminado a las ocho de la tarde y la multitud de gente se ha quedado allí más de una hora sin que haya habido ninguna incidencia. “¿Dónde están los de Núcleo Nacional?”, gritaban en alusión al grupo ultra. También ha habido consignas pidiendo rodear el Congreso o convocar una huelga general.

El Ayuntamiento de Madrid denuncia un “incumplimiento flagrante” de la ley

Quien también ha movido ficha ha sido el Ayuntamiento de Madrid. A primera hora, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado que la acampada se levante de “manera inmediata”. “Cualquier protesta es legítima, lo que no es legítimo es protestar al margen de las normas de convivencia y del ordenamiento jurídico”, ha expresado.

Por la tarde, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha enviado un requerimiento formal a la Delegación del Gobierno español para que “adopte las medidas a su alcance” para disolver la concentración: “Supone un incumplimiento flagrante del ordenamiento jurídico, importantes dificultades para la movilidad y un riesgo para la integridad y la seguridad de las personas”, argumenta el documento, al cual ha tenido acceso el ARA. “Tal como está configurado y ocupado este espacio, en caso de que tenga lugar un incidente dentro o proveniente de la periferia, la falta de organización para una correcta evacuación podría tener consecuencias drásticas para la seguridad e integridad física”, añade.

Ante los micrófonos, Almeida ha acusado al delegado del Gobierno español de “dejación de funciones” y de “no estar ejerciendo las competencias que le corresponden”, ha avisado de que el consistorio está estudiando su “eventual responsabilidad penal” y ha retado a los concentrados: “Si son tan valientes que vayan a la Moncloa, y ya verán cuánto tardará la Policía Nacional en desalojarlos”.