La Bilateral ya genera los primeros recelos preventivos antes incluso de llegar a acuerdos

BarcelonaCuando hace apenas una semana que la Generalitat y el gobierno español reactivaron la Comisión Bilateral, varios actores políticos ya se han mostrado beligerantes con este instrumento de diálogo y negociación. Incluso antes de que haya certificado ningún acuerdo, que se prevén de cara a otoño. El argumento más recurrente es un supuesto trato de favor a Catalunya en detrimento del resto de comunidades. En la lista de recelosos hay dos partidos con los cuales ya se contaba, el PP y Cs, pero el gobierno español también ha mostrado algunas reticencias y, además, se ha sumado algún sindicato.

La primera alarma la hizo saltar una ministra del propio gabinete de Pedro Sánchez, Carolina Darias, negando la posibilidad de que el Estado traspase a la Generalitat la gestión de la formación sanitaria especializada y MIR en Catalunya. "No hay caso", dijo la titular de Sanidad cuando todavía no habían pasado ni 48 horas de la reunión de la Bilateral. Este traspaso es una demanda largamente formulada por el Govern a la que, teóricamente, el propio ejecutivo español había abierto la puerta. No ha sido la única ministra que ha mostrado recelos a dar más margen competencial a Catalunya. Dos días después, la titular de Justicia, Margarita Robles, también lanzaba una advertencia en la misma línea: su ministerio tampoco está dispuesto a ceder nuevas competencias en materia judicial, aunque hubiera un nuevo Estatut sobre la mesa.

A pesar de que se contaba con ello desde el principio, la derecha española tampoco lo pondrá fácil, aunque ministros socialistas como Darias y Robles enfríen posibles traspasos de competencias. El PP ya ha acuñado el eslogan de una teórica "agenda oculta" que tiene el gobierno español con la Generalitat. Los populares han llegado a exigir que se haga pública el acta de la reunión de la Bilateral que se reunió la semana pasada en Madrid y la "disolución" de este órgano. "Cada concesión a Catalunya es en detrimento de España", proclamó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. También Ciudadanos ha puesto el grito en el cielo con la reunión de la Comisión–"taula de la vergüenza", dijo el portavoz Edmundo Bal– y se ha autodescartado para negociar los presupuestos generales con el PSOE. Y a pesar de que no ha hecho mucho ruido, el sindicato UGT ha reaccionado negativamente al encuentro entre gobiernos de la semana pasada. En su caso, por una demanda concreta de la Generalitat: se opone taxativamente a la transferencia completa a Catalunya de la gestión de Cercanías. "Adif y Renfe son empresas de ámbito estatal y, según nuestra manera de verlo, indivisibles, puesto que dejarían de prestar a la ciudadanía un servicio vertebrador y solidario", expresó Antonio Oviedo, el responsable de servicios, movilidad y consumo del sindicato.

Estatutos "primitivos"

Todas estas muestras de rechazo no pueden ampararse en una falta de cobertura legal de la comisión, a pesar de que populares y naranjas ya lo hayan sugerido. La Bilateral sobrevivió a la sentencia del Constitucional que recortó la versión original del actual Estatut. No anuló el artículo, a pesar de que sí lo interpretó. Según ese veredicto, la bilateralidad "no es contraria a la Constitución" siempre que se entienda como una "cooperación voluntaria" entre los dos gobiernos y sin "perjudicar" las competencias estatales. Ante este escenario de recelos, la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, este fin de semana se esforzaba a advertir de que el Govern no aflojará en sus demandas. Quiere los 56 traspasos que puso encima de la mesa y niega cualquier trato de favor: "Si otras comunidades no tienen esta relación bilateral es porque tienen un Estatuto más antiguo, primitivo o no lo han luchado", dijo en una entrevista a Europa Press. La bilateralidad entre el gobierno catalán y el español ya es una realidad, pero tendrá que aprender a convivir con aquellos que la quieren combatir.