Bruselas recuerda a los tribunales españoles que deben aplicar la sentencia del TJUE sobre la amnistía

BruselasAviso de la Comisión Europea a la justicia española. Después de que el Tribunal de Cuentas se haya negado de entrada a aplicar la sentencia de Luxemburgo que avala la amnistía, el portavoz del ejecutivo comunitario Guillaume Mercier ha recordado este miércoles en un comunicado que "corresponde a las cortes de remisión —la Audiencia Nacional y el mismo Tribunal de Cuentas— aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

La Comisión Europea ha respondido de esta manera al escrito presentado por el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al mismo ejecutivo comunitario en el que denuncia a España por el incumplimiento de la amnistía y alerta de la maniobra del Tribunal de Cuentas. Así, la defensa del líder de Junts alertó este martes en Bruselas de que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía y que ha abierto un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que también asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

A su vez, Bruselas ha confirmado que ha recibido la carta presentada por Boye y fuentes comunitarias aseguran que es una cuestión de horas que sea aceptada a trámite de manera oficial. El próximo paso es que la Comisión Europea evalúe a fondo el requerimiento de la defensa de Puigdemont, así como de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, y decida si abre un procedimiento de infracción contra España.

Es habitual que Bruselas abra procedimientos de infracción a todos los estados miembros, pero en la gran mayoría de los casos es por incumplir con la legislación de la Unión Europea y no porque los tribunales de un país se nieguen a aplicar las sentencias de la justicia europea. De hecho, a día de hoy, España tiene 117 procedimientos abiertos. Cabe recordar que, en los peores de los casos y ante un incumplimiento reiterativo, la Comisión Europea puede llevar al estado miembro en cuestión al TJUE, el cual puede aplicar una sanción económica y, si continúa vulnerando el estado de derecho de la UE, multas periódicas hasta que lo cumpla.