Las causas de 'lawfare' que ahora atascan la negociación entre Junts y el PSOE

BarcelonaEn las últimas horas ha aparecido un obstáculo en la investidura de Pedro Sánchez que no es menor: Junts no ve bien el pacto al considerar que no existen garantías de que la amnistía englobe todas las causas del Procés. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del Procés? Este es el quid de la cuestión y es lo que ahora mismo impide que haya un consenso entre socialistas, republicanos y Junts, que quiere ampliar el perímetro de la amnistía. "No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips", aseguraba este viernes el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un mensaje enviado a la ejecutiva del partido. Ahora bien, el PSOE echa el freno, pues cree que según se plasme en la ley de amnistía no pasará el filtro del Tribunal Constitucional, imprescindible para ellos para sacar adelante el acuerdo. A continuación desgranamos causas que quedan en el perímetro de la amnistía, unas más discutidas que otras, que desde Junts consideran "contaminadas" por el Procés:

Josep Lluís Alay

Junts plantea incluir en la amnistía aquellas causas que considera lawfare. Es decir, que pese a no colgar directamente del referéndum del 1 de Octubre, se considera que se han abierto para "perseguir" al independentismo. La mayoría están vinculadas al delito de malversación. El caso más inmediato es el del jefe de la Oficina del ex president Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, que tiene un juicio los días 20 y 21 de febrero por asistir al referéndum de Nueva Caledonia en representación del ex jefe del ejecutivo catalán: lo acusan de malversación y se enfrenta a tres años de cárcel y diecisiete de inhabilitación. Alay fue uno de los detenidos de la operación Volhov, en octubre del 2020, y uno de los protagonistas de la llamada trama rusa, aunque por esta vertiente el juez del caso ha archivado la pieza. En esta causa Volhov también está encausado el exdirigente de Esquerra Xavier Vendrell, miembro del estado mayor del Procés que en 2017 dirigió la operativa del referéndum, pero que está investigado por una recalificación urbanística en Cabrera de Mar.

Gonzalo Boye

En este paquete de lawfare hay quien también incluye al abogado del ex president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. El letrado, artífice de la ley de amnistía, está investigado por presunto blanqueo de capital en una investigación que nada tiene que ver con el Procés: está procesado en la Audiencia Nacional por blanquear dinero de la red de narcotráfico de Sito Miñanco, del que fue abogado. Boye ha denunciado persecución por ser el abogado del ex president y varios dirigentes independentistas y ha denunciado el registro varias veces de su despacho profesional y su casa. También es una de las personas que aparecen en la lista de Citizen Lab como víctimas del espionaje con Pegasus.

Miquel Buch

Una de las sentencias recientes es la del ex conseller de Interior Miquel Buch y el agente de los Mossos Lluís Escolà por proporcionar un escolta encubierto al ex president Carles Puigdemont. La Audiencia de Barcelona condenó a Buch a cuatro años y medio de prisión y veinte de inhabilitación y también a cuatro años de privación de libertad y diecinueve de inhabilitación al policía por malversación y prevaricación. Junts considera que no quedan suficientemente amparados en el texto pactado entre Esquerra y el PSOE, pese a que los republicanos aseguran que existe un "párrafo" en el texto dedicado a ellos. Sea como sea, ninguno de los actores de la negociación ha hecho pública su propuesta, por lo que ahora mismo solo existen versiones contradictorias sobre la eventual proposición de ley.

Laura Borràs

La presidenta de Junts, Laura Borràs, es quien más ha acuñado el concepto lawfare a raíz de su condena por la causa de la Institució de les Lletres Catalanes. Mantuvo desde el inicio que su causa forma parte de la "persecución" al independentismo. En todo caso, esta interpretación ha generado división: ERC y la CUP aseguran que el suyo es un caso de "corrupción" y tampoco existe unanimidad dentro de Junts. Sin embargo, hay sectores de Junts que defienden enconadamente que su caso debería quedar amparado en la amnistía.

Causas 'secretas'

Fuentes conocedoras de las conversaciones señalan que los negociadores de Junts también querrían incorporar las causas que todavía están bajo secreto de sumario y que podrían reactivarse por parte del poder judicial como reacción a la amnistía –interpretan estas fuentes–. De ahí que quieran añadir una "cláusula" que pueda operar en estos casos. Ahora bien, los socialistas creen que esto no pasaría el umbral de la legalidad.