Once detenidos por el presunto caso de contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Cornellà

BarcelonaAgentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) están registrando desde primera hora de la mañana la sede de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat en Sant Feliu de Llobregat, por un presunto caso de contratación irregular y adjudicaciones dudosas, según ha avanzado la SER y ha confirmado el ARA. Según fuentes policiales y judiciales, se trata de una causa que deriva del caso del Consell Esportiu de l'Hospitalet, la macrocausa que salpica a la alcaldesa de este municipio, Núria Marín, y al ex secretario de Deportes de la Generalitat Gerard Figueras. Hasta el momento la policía ha detenido a al menos cinco personas, entre ellas Salvador Valls, jefe del área de Deportes del consistorio y exgerente del Consell Esportiu del Baix Llobregat, según ha podido saber el ARA.

De los detenidos, solo cuatro pasarán a disposición judicial, mientras que el resto quedarán a la espera de que se les cite, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El juzgado de instrucción número 4 de Cornellà ha ordenado las detenciones y también los registros tanto del consistorio como de la concejalía de deportes –que está en otro edificio– y también de la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat, situado en Sant Feliu de Llobregat. Han empezado a primera hora de la mañana y se han alargado hasta la tarde.

La investigación está abierta por los delitos de prevaricación, malversación de dinero público y fraude a la administración. Fue la jueza de instrucción 2 de L'Hospitalet de Llobregat quien traspasó al juzgado de instrucción 2 de Cornellà la parte de la contratación irregular que afectaba al consistorio de este municipio y al Consell Esportiu del Baix Llobregat, después de detectar las presuntas irregularidades durante la tramitación del caso del Consell Esportiu de l'Hospitalet. De momento, precisan fuentes judiciales, esta parte de la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Cornellà ha expresado su voluntad de "colaboración" con las autoridades judiciales. Ha explicado que la UDEF ha requerido documentación relacionada con la contratación del servicio de arbitraje deportivo en el Consell Esportiu de l'Hospitalet, y ha analizado los expedientes administrativos y dispositivos informáticos de la concejalía de deportes. Tal como detalla Efe, en concreto la investigación se centra en una línea de crédito y un aval que es consistorio, gobernado por el socialista Antoni Balmón, formalizó en 2018 con el ente deportivo: tenía que servir para contratar árbitros para un campeonato deportivo escolar. Con todo, el juez investiga si una de las actas de la junta directiva del Consell Esportiu para formalizar los apoderamientos necesarios para constituir este aval era falsa, e intenta averiguar, además, si el servicio estaba inflado de precio. El Ayuntamiento asegura que los contratos "se tramitaron y aprobaron con el procedimiento legal establecido".

En paralelo, el consistorio ha señalado que entregó a las autoridades judiciales los expedientes de contratación que son objeto de investigación en octubre de 2020 por orden judicial, dentro de la misma causa. También Salvador Illa, líder del PSC –el partido que gobierno en Cornellà– se ha pronunciado sobre la cuestión en rueda de prensa. Ha garantizado la "máxima colaboración con las autoridades judiciales": "Creo que las cosas se ha hecho correctamente, pero si no ha sido así queremos ser los primeros en colaborar para que se descubra qué ha pasado, así como para corregir lo que haya que corregir", ha dicho en rueda de prensa desde Banyoles. Quien todavía no se ha pronunciado públicamente es el alcalde de Cornellà.

Malversación

El caso del Consell Esportiu investiga si se ocultó que fondos de capital de la entidad –financiada con subvenciones públicas y cuotas de familias de l'Hospitalet– se destinaron a pagos supuestamente ajenos al fomento del deporte juvenil, como almuerzos no justificados, consumiciones en bares de copas, libros para uso personal y retribuciones a cargos y voluntarios por las cuales no se tributaba. Los investigadores de este caso ya hacía tiempo que habían abierto una pieza separada por la parte de la causa que podía salpicar al Ayuntamiento de Cornellà.

De hecho, la alcaldesa Marín ya ha declarado por el caso del Consell Esportiu y, según fuentes judiciales, aseguró que no se quedó de brazos cruzados ante las posibles anomalías contables del organismo: afirmó que encargó inmediatamente que se contratara una auditoría de la entidad. Aun así, varias declaraciones de cargos que trabajaban en el Consell y tenían la función de supervisar las cuentas admitieron ante el juez que no lo hacían.