Las colocaciones a dedo salpican a la alcaldesa de Valencia: "Si alguien está interesado, que me lo diga en privado"

ValenciaEl concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, José Marí Olano, habría favorecido la colocación de varios trabajadores en empresas municipales. Así lo apuntan unos audios avanzados por Eldiario.es que recogen conversaciones entre Olano y los empleados de la compañía pública Consorcio Valencia 2007. En las grabaciones se oye cómo el político habría facilitado información sobre futuras convocatorias de empleo que habrían servido a los empleados para recolocarse una vez se extinguiera la empresa en la que trabajaban. Las grabaciones pertenecen a la causa abierta por la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y en la que se investiga a la alcaldesa de Valencia y alto cargo del PP, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos.

Durante el encuentro entre Olano y los empleados, el concejal detalla las convocatorias de puestos de trabajo en entidades municipales y los anima a presentarse a ellas. "Esto es todo lo que he podido conseguir", afirma en un momento de la reunión. En otro, invita a los empleados a hacerle llegar su disponibilidad de manera discreta: "Si alguien está interesado, que me lo diga en privado". Los audios también revelan cómo el político del PP expone el calendario de convocatorias y explica el margen real de maniobra del consistorio.

Actas notariales 20 días antes de la adjudicación

La investigación de Anticorrupción se ha abierto a raíz de una denuncia del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento, que señala posibles irregularidades en la convocatoria casi simultánea de puestos de trabajo en la Autoridad Portuaria de Valencia y en entidades municipales como Visit Valencia o la Fundación Deportiva Municipal. Uno de los elementos que han reforzado las sospechas es la existencia de actas notariales con fecha 8 de mayo de 2024, es decir, 20 días antes de la adjudicación de las plazas en la Autoridad Portuaria de Valencia, en las cuales ya aparecían el nombre de las personas que acabarían obteniendo los puestos de trabajo.

Desde el Ayuntamiento de Valencia defienden que todas las convocatorias se han hecho dentro de la legalidad y que el proceso ha sido supervisado por técnicos municipales. Aparte de la alcaldesa de la ciudad, en la causa también se investiga a la presidenta del puerto, Mar Chao; la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, y la de Educación, Igualdad y Deportes, Rocío Gil, además de cuatro trabajadores públicos: Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner. Catalá ha restado importancia a la denuncia y la ha atribuido al interés de Compromís por desprestigiarla a un año de las elecciones.