La amenaza del Tribunal de Cuentas
Política 29/07/2021

El Consejo de Garantías avala el decreto del Govern para hacer frente a las fianzas de Exteriores

El órgano considera que la norma encaja con el Estatut, pero hace recomendaciones

2 min
El consejero de Economía  de la Generalitat, Jaume Giró

BarcelonaPrimer pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto del Govern para hacer frente a las fianzas de Exteriores. El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha avalado este jueves la norma después de analizarla en los últimos diez días y considera que es constitucional y encaja con el Estatuto de Autonomía de Catalunya. Ahora bien, hace algunas recomendaciones que los grupos parlamentarios tendrán que decidir si introducen.

Con la luz verde del Consejo, el Parlament ya puede proceder a convalidarlo en el pleno -la sesión empezará a las siete de la tarde- y a introducir las modificaciones que recomienda el dictamen. Está previsto que lo apoye la mayoría independentista de Esquerra, JxCat y la CUP y, en función de la letra pequeña de lo que diga el CGE, se podrían sumar también los comunes. El PSC tiene sobre la mesa abstenerse. Quien a buen seguro votará en contra serán Ciudadanos, el PP y Vox.

Con el aval del Consejo de Garantías, el decreto que regula el fondo complementario de riesgos pasa el primer filtro de constitucionalidad. De este modo, el ejecutivo espera que sea más fácil encontrar un banco para sustituir el aval del Institut Català de Finances ante el Tribunal de Cuentas -que ya ha sido puesto en entredicho-, ya sea con entidades de dentro del Estado o extranjeras.

En todo caso, el dictamen de Consejo no es el único que se espera sobre el decreto. La Abogacía del Estado y la Fiscalía estudian su aplicación en el caso concreto de la causa de Exteriores del Tribunal de Cuentas. El CGE se pronuncia sobre si tiene encaje en la Constitución, mientras que la Abogacía del Estado -a petición del tribunal- estudia si es legal que sea la Generalitat, que aparece en la causa como perjudicada, avale a los encausados a través del Institut Català de Finances para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros. La Fiscalía, a su vez, todavía va más allá, puesto que analiza si haberlo hecho puede constituir un delito.

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