El Consell de Garanties avala la ley del catalán de PSC, ERC, JxCat y 'comuns'

Vía libre para la nueva ley para el catalán. El Consell de Garanties Estatutàries ha avalado la norma acordada por el PSC, ERC, Junts y los comuns para hacer frente a la sentencia del TSJC que marca un 25% de castellano en las aulas. Al día siguiente de que llegara el pacto, Vox, Cs y PP obligaron a aplazar la aprobación de la ley en el pleno pidiendo a este órgano consultivo que se pronunciara. El dictamen ha sido adoptado por unanimidad y el Consell de Garanties establece que los artículos cuestionados por la triple derecha "no vulneran" ni la Constitución ni el Estatuto. Para emitir estas conclusiones, el órgano ha agotado el plazo de siete días hábiles que le otorga su propio reglamento.

Para el Consell de Garanties, la nueva ley "establece un uso más amplio del castellano en el sistema educativo" del que actualmente estaba regulado: "La previsión del uso curricular de una lengua supone reconocer la posibilidad de que se extienda sobre todo ese conjunto de elementos que integran el sistema educativo". Y esto, según el órgano consultivo, tiene una "clara" implicación: se le reconoce al castellano "un uso que es obvio que va más allá de su utilización solo en la impartición de esta lengua como materia, asignatura o área".

25% de castellano

En un escrito de 32 páginas, el Consell de Garanties no solo avala la nueva ley por el catalán, sino que también deja claro que a su parecer la sentencia del 25% no tiene que vincular a la cámara catalana. "La regla del mínimo del 25 por ciento de uso vehicular para cada una de las lenguas oficiales no se convierte en parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad que vincule al legislador y que, por lo tanto, lo obligue a respetarla", asegura el órgano en el escrito. "Es fácilmente constatable que ni la Constitución, ni el Estatuto de autonomía, ni la legislación básica del Estado, ni la legislación catalana, ni tampoco el Tribunal Constitucional en las múltiples ocasiones en las que ha interpretado todas estas normas han establecido en ningún momento esta regla, y ni siquiera ninguna otra similar por la cual se fijen porcentajes concretos de distribución del uso de las lenguas oficiales en la enseñanza", añade el Consell de Garanties, que reitera que el legislador, por estos motivos, no tiene por qué respetar los porcentajes.

"La decisión corresponde al legislador", insiste, y avisa que "entendee lo contrario conduciría a atribuir a los tribunales una facultad de decisión política que sobrepasa la función jurisdiccional que les otorga la Constitución".