La corrupción envejece sin pisar la cárcel

BarcelonaBartomeu Muñoz evita poner los pies en Santa Coloma de Gramenet, de donde fue alcalde hasta que salió esposado del Ayuntamiento hace 11 años y medio. También esquiva a quien pueda recordarle los hechos que lo llevarán a la cárcel. “Decidió que no quería hablar con nadie ligado a Santa Coloma al poco de la sentencia”, explica una persona que lo trató hasta que el ex alcalde socialista dejó de cogerle el teléfono. Muñoz restringió su círculo cuando la Audiencia Nacional lo declaró culpable en 2018 por el caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística que movió unos siete millones de euros entre sobornos y ganancias ilícitas. A pesar de que el tribunal se pronunció hace casi tres años contra una red que se gestó en 2002, todavía no se ha encarcelado a ningún implicado.

El Tribunal Supremo ratificó en diciembre una pena de cinco años y nueve meses para Muñoz, que recibió 1,1 millones de euros de la trama. No obstante, no se sabe cuando ingresará en prisión, que no puede rehuir después de haber ganado más de dos años de mientras se resolvían los recursos. “Ahora se trata de que se inicien los trámites de ejecución de la sentencia, que se han ido retardando. Depende de la Audiencia Nacional, pero aquello es como El castillo de Kakfa”, comparan fuentes judiciales, que atribuyen la demora a una burocracia encallada en los trámites. También se dictó una multa de 3,4 millones de euros para el exalcalde que, según su entorno, le obligará a declararse insolvente porque, más allá de los bienes embargados, no podrá pagarla entera. El decomiso, sin embargo, está pendiente de practicarse.

La lentitud en administrar justicia ha diluido escándalos que han envejecido en los tribunales. Los inculpados del caso Palau tardaron casi 11 años en empezar a cumplir condena y no hay fecha para el juicio sobre la posible financiación irregular de CDC que se desgrana desde el 2014. El caso Inipro amenaza con prisión al ex alcalde tarraconense Josep Fèlix Ballesteros en un juicio pendiente por un presunto desvío de fondos a favor del PSC de hace una década. Tampoco se han juzgado los supuestos sobornos del caso Manga, que sacudió la demarcación de Girona hace ocho años y que se ha retrasado mientras se discutía qué juzgado tenía que llevar el caso.

Juzgados colapsados

“Los juzgados normales están pensados para juicios rápidos de delitos cotidianos, pero no tienen herramientas para hacer las investigaciones exhaustivas de una macrocausa. Como el colapso es sistémico, sacan adelante lo que tienen a la mano y las causas de corrupción se retrasan -describe una fuente judicial-. Se necesitarían funcionarios solo para estos procedimientos, pero no hay bastante personal y no se instruyen correctamente por falta de medios”, añade.

El caso Pretoria tardó más de dos años en empezar a juzgarse después de que las indagaciones duraran siete. Las dilaciones indebidas del proceso se han traducido en rebajas de condena. Entre otros, se ha beneficiado el ex diputado del PSC Luis García, Luigi: la Fiscalía pidió 13 años de reclusión pero se han impuesto poco más de cuatro, después de ocultar el cobro de 5,8 millones ilícitos.

Las reducciones de condena también planean sobre el caso Mercurio, que salpica al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC). “Hay riesgo porque ha habido una bajada tremenda de la actividad en el juzgado durante casi dos años. Hemos tenido cambios de jueces y de funcionarios que ha costado sustituir. Los nuevos se tenían que poner al día en una causa muy compleja”, dice el abogado Raúl García Barroso, que representa la acusación de Sabadell Lliure de Corrupció.

El letrado advierte de las dificultades para que un juzgado ordinario compatibilice un sumario que se ramificó en más de una treintena de derivadas y las infracciones del día a día: “Hay una pieza cerrada hace más de tres años a la cual le falta solo el auto para ir a juicio. El problema es sacar una semana de trabajo para hacer solo esto para que no comporte ninguna nulidad. Es difícil en un partido judicial colapsado y con medios limitados. Desde hace unos meses hay un juez de refuerzo y se sacan adelante recursos acumulados. Pero de tarea de investigación, nada”. En Mercurio no se ha encarcelado a ningún acusado. Bustos tuvo bastante con un curso por internet sobre anticorrupción para liberarse de 16 meses de reclusión por haber presionado para colocar a un alto cargo. El Supremo ha ratificado otra sentencia de tres años contra él por haber hecho retirar multas a su mujer e hijos, pero queda por ver si la Audiencia la materializa. Se podría suspender porque son dos penas por cada sanción anulada inferior a dos años, el límite para que el ingreso sea ineludible. Hace poco el ex cargo socialista Francisco Fernández ha admitido que se quedó 32.877 euros de dinero público que ha devuelto a cambio de que se le dispense de tres años entre rejas.

Frustración y perjuicios

“Genera frustración”, dice García Barroso, que da fe que un cargo de la Federación de Municipios rechazó personarse contra un presunto uso indebido de fondos del organismo porque opinaba que Bustos es un “cadáver político”. “Son causas que empiezan fuertes pero, poco a poco, pierden relevancia, pasan a verse como un hecho histórico y no se recuerdan cuando se vota”, piensa.

También hay acusados que se consideran afectados. Jordi Soriano fue regidor del PP en Sabadell y está pendiente de ser juzgado por presunta percepción de sobornos. Niega las acusaciones y se queja de que no se hayan aclarado “hechos de hace 14 años” que, afirma, han perjudicado su proyecto de crear la compañía aérea Andorra Airlines. El hecho de que se le investigue disuadió a inversores de participar. “He tenido que dar un paso atrás y que otros cojan las riendas porque era un lastre -admite Soriano, que no comprende una espera tan larga para llegar a juicio-: Me mencionan en el caso Palau y me dicen que no tenga prisa, que esto va lento”.