Todo lo que descarrila en el Congreso por las elecciones al Estado

MadridCon la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29-N y la disolución del Congreso decaen todas las iniciativas legislativas que estaban en marcha en la cámara baja española, excepto las iniciativas legislativas populares (ILP) y las iniciativas promovidas por las comunidades autónomas. De esta manera, reformas que había impulsado el mismo gobierno de Pedro Sánchez quedarán en un cajón. Otras medidas que ni siquiera han llegado a dar el salto al Congreso podrían pasar por el consejo de ministros, pero no verán la luz —solo se pueden aprobar reales decretos ley que convalide la diputación permanente, donde el gobierno español puede aprobar cosas porque la mayoría es diferente a la del pleno del Congreso (podría ser el caso de los dos decretos de vivienda que descarrilaron la semana pasada), o reales decretos ordinarios (reglamentos) que no tengan que pasar por el Congreso.

Leyes en el Congreso

Normas económicas

Queda desactivada la condonación de una parte de la deuda de las comunidades vinculada al fondo de liquidez autonómico (FLA), que en el caso de Cataluña suponía liquidar unos 17.000 millones de euros. La iniciativa entró en el Congreso en diciembre del año pasado y se preveía que se votara en uno de los primeros plenos de 2026. Se trataba de una medida pactada entre ERC y el PSOE en el marco de la investidura de Pedro Sánchez.

Mucho antes había comenzado el trámite parlamentario de la reforma de la ley de Industria —la actual norma es de 1992—. El proyecto de ley entró formalmente en el Congreso a finales de 2024. Desde entonces, la norma lleva cerca de dos años encallada en la Comisión de Industria y Turismo por el constante aplazamiento de los plazos de enmiendas.

También en términos económicos ven descarrilar: la ley de Función Pública y Administración del Estado o la ley para crear una Agencia Estatal de Salud Pública.

Normas sociales

En cambio, hace apenas una semana comenzó a caminar la ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales. Entre otras cosas, incluía un refuerzo en el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La medida, defendida por el ejecutivo de Pedro Sánchez, seguía la estela de otros países europeos. De hecho, Bruselas acaba de lanzar un plan para que plataformas como TikTok e Instagram sean espacios "seguros" para los menores.

Otras normas de carácter social y que ahora también decaen son: la ley Vicaria, la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto —abrió un choque directo con gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso—, así como la ley de Familias. De hecho, esta última norma ya fue víctima del adelanto electoral de 2023 y el gobierno español la reactivó en 2024. Finalmente, vuelve a quedar en suspenso la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.

Sánchez se va sin presupuestos

Finalmente, hay reformas y leyes que, a pesar de ser compromisos de la legislatura, ni siquiera habrán llegado al Congreso. El nuevo modelo de financiación autonómica es el primer ejemplo. Tras meses de negociación con ERC y la Generalitat, el nuevo sistema quedará ya en manos del próximo gobierno español. De esta manera, el modelo seguirá siendo el de 2009 y pendiente de actualizarse desde 2014.

Al modelo se suman unos nuevos presupuestos generales del Estado (PGE) —el próximo gobierno español heredará los de 2023 (aprobados en la legislatura pasada)—. Sánchez se había comprometido a agotar la legislatura con unas nuevas cuentas públicas para 2027 como mínimo sobre la mesa del consejo de ministros. Para Sumar, el socio minoritario, era una oportunidad para volver a plantear medidas como la prestación universal por crianza. Con las elecciones anticipadas, acaba el mandato sin haber presentado ni aprobado ningún proyecto de presupuesto: ni el 2024, 2025 ni 2026.

Política migratoria

Tampoco verán la luz los últimos cambios en materia migratoria —junto con la vivienda, será una carpeta que marque la campaña electoral— impulsados a raíz de la tragedia en Ceuta. En primera vuelta se aprobaron dos anteproyectos de ley: la reforma del asilo y de la ley de extranjería para adaptarse al nuevo reglamento europeo y que suponían un endurecimiento del control fronterizo. Finalmente, el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas (la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería) quedará tal y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aunque se estaba tramitando en el Congreso como proyecto de ley. Tampoco se tramitará la proposición de ley de traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat que había registrado Junts y estaba negociando con el gobierno español para conseguir el sí de Podemos.