Las deudas del PSOE con ERC que condicionan los nuevos presupuestos
Los socialistas están lejos de cumplir el pacto de 2020 y esto influye en la nueva negociación
BarcelonaEl consejo de ministros del 11 de octubre dio juego para llenar 44 páginas de información. Entre este fajo de papeles, una referencia que pasó muy desapercibida pero que podría ser clave para que el Estado vuelva a tener presupuestos el próximo año: el gobierno español presentó un real decreto para que la Generalitat pase a formar parte del Consorci de la Zona Franca de Barcelona con dos representantes. Puede no parecer gran cosa, pero es una de las condiciones que ERC pactó con el PSOE en el acuerdo de las cuentas estatales del año pasado. Y los republicanos, que vuelven a ser decisivos para aprobar las cuentas, quieren analizar el grado de cumplimiento del pacto de hace un año antes de firmar ningún otro documento. El ejecutivo del PSOE y Podemos ha cumplido varios de los compromisos, pero por ahora ganan todavía los incumplimientos. “Todos [los puntos del acuerdo] son importantes. Y lo saben. Por eso el consejo de ministros aprobó el real decreto”, apuntan desde ERC. A los republicanos, esa página de las 44 totales no les pasó por alto, pero no les basta.
Cumplimientos
El levantamiento del control financiero y la reforma fiscal
Si el acuerdo de presupuestos entre ERC y el PSOE se cerró el 24 de noviembre de 2020, el primer punto en cumplirse no tardó. El 11 de diciembre el Estado levantó el control financiero que aplicaba a las cuentas públicas catalanes desde diciembre de 2015. Se trataba de una medida que generaba más trabas burocráticas que otra cosa, puesto que la intervención financiera más dura que había impuesto el gobierno de Rajoy en 2017 se había levantado en 2018. También se hizo efectivo, al cabo de poco tiempo, ese punto del acuerdo que establecía el alargamiento de la moratoria en el pago de las cotizaciones sociales de los autónomos, entonces ya muy golpeados por el impacto de la pandemia.
Finalmente, ERC y el PSOE pactaron dos cuestiones del ámbito fiscal que se han llevado a cabo, pero que todavía no han tenido efectos prácticos. Los republicanos reclamaron al gobierno español que empezara a estudiar con la ayuda de expertos una reforma fiscal para fijar unos mínimos en ciertos impuestos como el de patrimonio y evitar así la competencia desleal -dumping fiscal- entre comunidades. Fue una de las cuestiones que reivindicó más el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el día que se anunció el acuerdo. “Tenemos que romper con la dinámica diabólica actual”, dijo. Se podría decir que se están poniendo las bases para llevar a cabo los cambios, pero la decisión está pendiente de ejecutarse y comunidades como Madrid prometen presentar batalla.
Incumplimientos
La mejora en inversiones y traspasos insignia
ERC está dispuesta a llegar a un acuerdo para las cuentas estatales de 2022, pero le costará más hacerlo si antes no puede exhibir mejores resultados del pacto de 2021. “Para trabajar en los presupuestos del año que viene es necesario que se cumplan los acuerdos previos”, ha repetido a menudo la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta. Y en las últimas semanas el partido ha endurecido el tono asegurando que ahora mismo, si nada cambia, los republicanos están en el no. Uno de los incumplimientos más flagrantes del pacto de hace un año es en una de las cuestiones de las que Esquerra hizo más bandera: el supuesto récord inversor del Estado en Catalunya este 2021. 2.099 millones de euros en el capítulo de inversiones y 240,1 en el de transferencias de capital. Todas las alarmas saltaron a finales de septiembre cuando, al hacerse pública la inversión territorializada del Estado por comunidades, se vio que en Catalunya solo se había ejecutado el 13,3% durante el primer semestre del año. Es decir, 275,6 millones de euros de aquellos más de dos mil millones. De hecho, otro de los incumplimientos notorios es que no se ha reunido ni una sola vez la Comisión de Infraestructuras Generalitat-Estado, que, según el pacto, se tenía que convocar cada cuatro meses para analizar si se cumplían los acuerdos. Fuentes de Esquerra admiten el retraso, pero defienden que el viacrucis para formar gobierno en Catalunya lo ha dificultado todo.
No son las únicas cruces rojas que se tienen que poner al pacto. El gobierno español tampoco ha cumplido a la hora de traspasar a la Generalitat la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), ni los recursos para becas a los que se había comprometido. Además, desde el Estado tampoco se ha dado ningún paso para facilitar que algún día el Institut Català de Finances (ICF) obtenga el permiso del Banco de España para poder operar como un banco y ser el germen de una “futura banca pública catalana”. El conflicto entre el ICF y el Tribunal de Cuentas por los avales de la causa de exteriores, seguramente, no ha ayudado.
Finalmente, una de las patas del acuerdo que también tambalea es la que hace referencia a los fondos europeos. El documento presentado públicamente asumía que habría una “cogobernanza” del dinero que llegue de Europa. ERC considera que no ha sido así, hasta el punto de que, como señal de protesta, el president Aragonès decidió no asistir a la última Conferencia de Presidentes. Como contrapartida, el gobierno español se negó a abordar el tema en la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del mes de agosto. Aún así, en este ámbito todavía hay margen de entendimiento. De hecho, el Govern no se ha descolgado de las otras reuniones sobre fondos europeos que ha convocado el Estado con el resto de comunidades.
Los otros condicionantes
La ley del audiovisual, Cercanías y la mesa de diálogo
En la negociación entre ERC y el gobierno español habrá otros elementos encima de la mesa que tendrán una influencia directa a la hora de sellar un acuerdo o alejarlo definitivamente y que no formaban parte del pacto presupuestario de 2021. Son cuestiones como la ley del audiovisual, la concesión de algún traspaso largamente reivindicado como Cercanías y la comisaría de Via Laietana, o que la mesa del diálogo, a pesar de todo el secretismo, vaya haciendo su camino. La primera fecha en rojo del calendario es el 4 de noviembre, cuando ERC tendrá que decidir si salva el primer trámite de las cuentas.