España e Italia acuerdan anular los controles fronterizos impuestos desde la crisis de Ceuta

El gobierno español anuncia que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Interior italiano para no prorrogar más tiempo los controles fronterizos que existían entre ambos países y que estaban vigentes desde agosto. En concreto, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, decidió imponer esta medida como respuesta a la crisis migratoria de Ceuta y la entrada de migrantes desde Marruecos a finales de julio, y el ejecutivo de Sánchez respondió recíprocamente.

Los controles afectaban a los vuelos y conexiones marítimas para los pasajeros que viajaban de España a Italia o al revés. La decisión de anular estos controles "irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio Schengen", según ha informado este jueves el ministerio de Interior.

Ambos países dejarán de hacer estos controles, una medida que ha venido precedida de una conversación por teléfono mantenida por los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Durante la última cumbre de líderes europeos en Bruselas, Sánchez y Meloni acercaron posturas para la supresión de estos controles.

El pasado 16 de octubre los dos jefes de gobierno encargaron a sus ministerios que materializaran este encargo la semana entrante. Mientras pasaba esto, Italia decidió prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los pasajeros procedentes de España, con la correspondiente contramedida del gobierno de Sánchez para los que procedían de Italia.

Según Europa Press, los ministros de Interior de los dos países trabajaban para "valorar medidas de cooperación sustitutivas", mientras que por la parte española se precisó que se quería eliminar los controles. Aunque la reintroducción de estas medidas en las fronteras entre estados miembro es una medida prevista por el código Schengen, la Comisión Europea siempre ha defendido que sea una opción "de último recurso" y ha instado a los gobiernos a buscar medidas alternativas para reforzar la vigilancia sin suspender la libre circulación de personas.