La expulsión de Cristina Casol costará 44.000 euros a Junts
La mesa del Parlament ha rechazado suspender el protocolo de acoso mientras lo estudia jurídicamente
BarcelonaJuntos por Catalunya dejará de ingresar 44.000 euros del Parlament después de la expulsión de Cristina Casol del grupo parlamentario. Dado que los junteros pasarán a tener un diputado menos –31–, la asignación económica que recibirán de la cámara se reducirá en 21.352 euros en lo que se refiere a la subvención directa (1.779 euros al mes) y en 23.421 euros más correspondientes a los asistentes. Éstas son cantidades anuales, pero como la legislatura entra en su último año, también serán las definitivas. Asimismo, la mesa del Parlament ha acordado que Casol se siente a partir de ahora como diputada no adscrita entre Ciutadans y el diputado no adscrito de Vox Antonio Gallego. La ya exdiputada de Junts denunció por acoso por razón de género a la dirección de su grupo parlamentario, pero el Parlament acabó archivando su denuncia porque no pudo comprobar la veracidad de los hechos. Fruto de esta denuncia, el grupo que preside Albert Batet la expulsó, en una decisión consensuada por la ejecutiva del partido.
Por su parte, Casol recibirá los 23.421 euros para destinarlos a asistentes, pero no recibirá la subvención porque no formará parte de ningún grupo parlamentario. Tendrá la opción de destinar este importe a contratar externamente a un asistente o disponer de lo que le ofrece la cámara. En el caso del otro diputado no adscrito, Antonio Gallego, pasa la factura de un servicio externo que tiene contratado para esta función, según fuentes parlamentarias.
Revisión del protocolo
Coincidiendo con la denuncia de Cristina Casol y Aurora Madaula por acoso, la presidenta del Parlament, Anna Erra, había reclamado suspender el protocolo de acoso sexual y de género frente a las dudas jurídicas que presenta la parte sancionadora. De todas formas, la mesa ha acordado este martes no suspenderlo mientras revisa las problemáticas legales. Los servicios jurídicos alertan de que la parte sancionadora puede acarrear problemas porque debería estar presente en el reglamento del Parlamento, con el rango de ley correspondiente. En caso de que se acabe constatando que es necesario reformarlo, deberá pasar por comisión parlamentaria.