Es falso que te puedan cobrar las urgencias médicas si vas a otra comunidad autónoma, como dice Vox

BarcelonaEl diputado de Vox José María Figaredo ha explicado que su mujer fue a urgencias en Andalucía, a pesar de estar empadronada en Madrid, y que dos meses después recibió una factura de la sanidad pública andaluza “porque no llevó la tarjeta de Madrid”, según ha relatado en el pódcast Quorvm podcast. A partir de esta anécdota familiar, Figaredo ha cuestionado el funcionamiento del sistema sanitario y ha denunciado que las administraciones no saben si una persona tiene cobertura. “Es una vergüenza. ¿En qué país estamos?”, ha exclamado.

Las afirmaciones del dirigente de Vox, sin embargo, son engañosas. Las personas con derecho a la asistencia sanitaria pública pueden recibir atención urgente en cualquier punto del Estado, independientemente de la comunidad autónoma donde estén empadronadas. Por tanto, tener una tarjeta sanitaria de una comunidad no impide recibir asistencia en otra.

La cobertura, válida en todo el Estado

Una tarjeta sanitaria catalana es válida en Andalucía, igual que una madrileña lo es en Cataluña. Las comunidades autónomas disponen de mecanismos de interoperabilidad para consultar los datos de los ciudadanos y de sistemas de compensación económica para asumir los gastos derivados de la atención a pacientes de otros territorios. La coordinación administrativa no debe recaer en el paciente, que tampoco debe pagar ninguna factura.

La presentación de la tarjeta facilita la identificación, pero no llevarla físicamente no implica perder el derecho a la asistencia. Si una persona tiene una cobertura ordinaria del Sistema Nacional de Salud, no se le puede cobrar una urgencia por el simple hecho de estar empadronada en otra comunidad o de no llevar la tarjeta sanitaria de la comunidad de origen. Es el caso que relata Figaredo sobre su mujer, que es sevillana pero está empadronada en Madrid.

Las excepciones de los regímenes mutualistas

Eso sí, existen situaciones específicas en las que se puede producir una facturación. Es el caso de los funcionarios adscritos a Muface que han escogido recibir asistencia a través de una aseguradora privada concertada. Estos mutualistas deben acudir a los centros incluidos en el cuadro médico de su entidad y pueden tener que asumir los gastos si van voluntariamente a un centro público no concertado, con excepciones como las urgencias vitales.

Esta circunstancia podría explicar la factura que relata Figaredo, pero no hay ninguna información que permita confirmar que su mujer esté adscrita a Muface o que tenga un seguro privado. Cabe recordar, además, que Muface es una mutualidad pública en la cual cotizan los funcionarios y que también permite escoger la sanidad pública.

Por tanto, la anécdota familiar del diputado de Vox podría ser cierta, pero no demuestra que las tarjetas sanitarias autonómicas no sean válidas fuera de la comunidad de origen ni que las administraciones no se coordinen. De esta manera, sin conocer el régimen de cobertura de su mujer y el motivo concreto de la factura, no se puede determinar qué pasó en este caso.