La Fiscalía se opone a enviar la causa Volhov a la Audiencia Nacional
Afirma que se han vulnerado los derechos de los investigados y pide al juez que argumente por qué se inhibe en las partes que tienen que ver con el Tsunami
La Fiscalía se opone a enviar la parte de la causa Volhov que tiene que ver con el Tsunami Democràtic a la Audiencia Nacional. Según ha avanzado El Mundo y ha confirmado el ARA, el ministerio público ha presentado un escrito en el que se posiciona en contra de que el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, pilotado por Joaquín Aguirre, se haya abstenido para que lo lleven desde Madrid: "Al auto le falta la más mínima motivación fáctica y jurídica. No relata ni los hechos atribuidos a Xavier Vendrell, David Madí, Jaume Cabaní, Josep Campmajó, Oriol Soler, Marta Molina y Josep Lluís Alay, ni su calificación jurídica". En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía rechaza los argumentos de Aguirre y considera que su actuación "rompe con el derecho de las partes a conocer los hechos que se les imputan" y también a conocer "les razones por las que el juzgado se inhibe en favor de la Audiencia Nacional".
El hecho de que no se esgriman los motivos por los que el juzgado tendría que traspasar a Madrid la causa, donde ya hay abierta una investigación al Tsunami por terrorismo, provoca –dice el fiscal– que no se pueda hacer un "control de legalidad" de la actuación judicial y que las partes tampoco puedan argumentar, a través de recursos, en contra de la decisión. "No podemos entrar en el fondo de la cuestión de la competencia [de la Audiencia Nacional] planteada porque desconocemos los argumentos del juzgado central de instrucción número 6 para considerarse competente", argumenta la Fiscalía, poniendo de manifiesto que la Audiencia Nacional tampoco ha explicado por qué acepta esta parte de la investigación.
Por este motivo, el ministerio público concluye que se han vulnerado los derechos de los investigados a la tutela judicial efectiva y que se ha generado indefensión. En este sentido, pide que se declare nula la resolución judicial por la que se enviaba la causa a la Audiencia Nacional y que se dicte otra que permita a las partes conocer los "cimientos básicos" que llevan al instructor a declinar su competencia para investigar el Tsunami Democràtic.
El escrito del ministerio público supone un golpe duro a la instrucción Volhov, que estalló el 29 de octubre del año pasado con la detención de veintiuna personas por su implicación en el Procés y por presuntas contrataciones irregulares con la Generalitat. Dentro de la macrocausa había cuestiones tan diferentes como una recalificación urbanística, la vinculación de independentistas con Rusia y las criptomonedas, pasando por subvenciones del Govern bajo sospecha.
La instrucción empezó con unos audios encontrados en el móvil de Víctor Terradellas, exresponsable de internacional de CDC, que estaba investigado en otra causa, vinculada a presuntas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona. Desde las detenciones la causa ha ido avanzando en piezas separadas, una de las cuales es la supuesta implicación de algunos de los investigados a la plataforma Tsunami Democràtic, que impulsó las movilizaciones de protesta contra la sentencia del 1 de Octubre, entre las cuales la ocupación del aeropuerto.
Los investigados han denunciado en repetidas ocasiones la vulneración de sus derechos y de las garantías del proceso judicial –poniendo de manifiesto que se les intervino durante meses el teléfono y en algún caso incluso les pusieron micrófonos en el coche sin motivación suficiente–, pero hasta ahora la macrocausa ha salido adelante. Después de la oposición de la Fiscalía de trasladarla a Madrid, hay que ver cuáles serán los pasos que seguirá Joaquín Aguirre.