La Generalitat sancionará a la empresa de intérpretes del juicio del caso Roger Español

BarcelonaEl fiasco de los intérpretes de catalán en el juicio del caso Roger Español acabará con sanciones. Según ha avanzado Nació Digital y han confirmado al ARA fuentes del departamento de Justicia, la Generalitat ha decidido abrir un expediente a la empresa a la que se había adjudicado el servicio de traducción, Ofilingua SL, para imponerle las "penalizaciones económicas" previstas en los pliegos del contrato.

La decisión llega después de que Justicia ya hubiera requerido a la empresa, que tiene la sede social en Granada, que aclarara por qué las dos trabajadoras que envió al juicio no fueron capaces de traducir los interrogatorios del catalán al castellano y que garantizara que no volverá a pasar. La Generalitat ha recibido las explicaciones y ha pedido más información.

Según las mismas fuentes, de momento la empresa se ha comprometido a "adoptar medidas organizativas internas" para "mejorar" la asignación de los trabajadores para los servicios requeridos. Ofilingua es una de las empresas a las que la Generalitat mantiene adjudicada la interpretación en la justicia, un servicio que depende del Gobierno pero que mayoritariamente se externaliza.

Ante el fiasco con el catalán en el juicio del caso Roger Español, el Gobierno también ha recordado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la posibilidad de que, de acuerdo con la ley orgánica del poder judicial, en casos extraordinarios se pueda habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, más allá de los traductores e intérpretes que aporta el departamento de Justicia.

En la sesión del juicio en la que hubo la polémica, de hecho, el abogado de Español, Benet Salellas, ya trasladó al magistrado de la sala que la ley permite que cualquier funcionario judicial hiciera la traducción, pero el juez descartó esta posibilidad. Finalmente, los abogados de la acusación terminaron traduciéndose a ellos mismos o interrogando directamente a los policías españoles acusados en castellano.

Íridia, Òmnium y la ANC, que ejercen las acusaciones particular y las populares, junto con las entidades impulsoras de la campaña #JustíciaPerRoger, calificaron de "intolerable" la "vulneración de derechos lingüísticos" que se había producido en el juicio a raíz de esta situación. Fuentes conocedoras de la realidad de la interpretación en los juicios en Cataluña, sin embargo, dejan claro que esta situación no es nueva.

El problema no es porque la interpretación "sea en catalán", explicaba hace unos días en el ARA la traductora e intérprete jurada Emma Soler, y señalaba como causa cómo se licita este servicio y se otorga a agencias que tienen malas prácticas de forma reiterada. "Los pliegos no son un ejercicio de transparencia y garantía de calidad, sino a menudo subastas a la baja: gana quien presenta el precio más bajo, sin exigir ni acreditar adecuadamente la formación y experiencia de los intérpretes", afirmaba.