El giro histórico del PSC con la prostitución que ahora llegará a la Generalitat

BarcelonaEl PSC lleva catorce años haciendo bandera de ser el partido del feminismo abolicionista. Es decir, del feminismo que defiende abolir la prostitución. En sus congresos ha ratificado en varias ocasiones que esta es la vía para acabar con una práctica que consideran que es violencia machista, pese a las corrientes del movimiento feminista que abogan, por el contrario, por regular la actividad voluntaria. Un debate que divide a partidos y organizaciones. Ahora los socialistas quieren llevar la política abolicionista a la Generalitat, lo que significa un giro histórico: será la primera vez que la institución catalana defenderá esta vía, ya que la última vez que el PSC lideró el gobierno catalán, durante el tripartito, había mantenido un posicionamiento más cercano a dotar de derechos a las personas que ejercen la prostitución.

El ejemplo más claro de aquella etapa es el anteproyecto de ley que redactó el departamento de Interior, con Montserrat Tura a la cabeza. Fuentes conocedoras del proceso de redacción del texto explican que lo que se quería era "tratar a las personas que se dedican a la prostitución como esto, como personas". Hasta entonces, la Generalitat había regulado aspectos relacionados con el tamaño de las instalaciones o la ventilación de los prostíbulos. El Código Penal había despenalizado el ejercicio de la prostitución en la mayoría de supuestos en 1995 y desde entonces y hasta inicios de 2000 en Cataluña se quiso "controlar" la prostitución ante la "imposibilidad de erradicarla", decía entonces consejero jefe Artur Mas.

El anteproyecto elaborado por el PSC pretendía reconocer derechos a las trabajadoras sexuales y sacar a todos los intermediarios, además de limitar la actividad a espacios muy concretos. Partía de la base de que Catalunya es soberana en materia de derechos civiles y apostaba, según fuentes redactoras, por regular un contrato entre personas –en ningún caso establecer una relación laboral– con el objetivo de "reducir a la mínima expresión" la prostitución. Según un borrador del proyecto al que ha tenido acceso el ARA, la ley consideraba únicamente como "servicios sexuales remunerados" a aquellos que se prestan "en condiciones de independencia, libertad, autonomía y ausencia de subordinación, inferioridad o vulnerabilidad". Además, la remuneración de los servicios sexuales no podía condicionarse en ningún caso a la obtención de un resultado.

Se trata de un anteproyecto y un posicionamiento respecto a la prostitución que "no fue cosa de una noche de verano", explican las mismas fuentes. Contaba con el apoyo del PSC y de los firmantes del Pacte del Tinell (el pacto que dio lugar al primer tripartito con ERC e ICV-EUiA), que preveía "avanzar en la regulación de los trabajadores y trabajadoras del sexo comercial" durante la legislatura. El texto se elaboró ​​durante meses de trabajo en los que se habló con múltiples actores y se encargaron varios estudios de expertos, pero no salió adelante por la complejidad del debate, que hizo imposible al final un entendimiento definitivo entre los socios del tripartito en este ámbito.

De la regulación a la abolición

Este caso es, pues, uno de los momentos en los que la Generalitat ha estado más cerca de regular la prostitución. Durante los gobiernos de Artur Mas se aumentó la persecución de la actividad en las carreteras, con la conocida como operación Voral, pero incluso el impulsor de estos dispositivos, el entonces conseller de Interior Felip Puig, era partidario de la regulación, y en los últimos años las actuaciones y declaraciones del Govern se han alineado también con el sector.

Ahora, sin embargo, el PSC que conforma el Gobierno dista en este ámbito respecto del PSC que presidía la institución durante la primera década de siglo y controlaba el departamento de Interior entre el 2003 y el 2006. Después de debates internos y cuando ya estaban fuera del gobierno, en el año 2011 los socialistas1 se declararon. Desde entonces la formación se ha erigido cada vez con mayor claridad como la representante institucional de esta corriente del feminismo, y ahora que ha llegado al gobierno quiere introducir esta perspectiva en el Plan de Igualdad.

De momento, los detalles sobre qué implicará este hecho son escasos. El ejecutivo dice que se impulsarán campañas de sensibilización y que se trabajará en el ámbito de la educación sexual, pero desde el departamento de Igualdad y Feminismo apuntan que todavía no se ha concretado casi nada y que los detalles se darán a conocer durante el primer trimestre del 2026. Acabe como acabe cristalizando posicionamiento de la Generalitat (y también de la política del PSC en las instituciones): por primera vez defenderá la vía abolicionista.