El gobierno español hará huelga? Sánchez y los ministros no tendrán agenda

MadridA partir de este martes por la noche se vivirá una situación inédita en el Estado: arrancará una huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas y también los mayoritarios de UGT y Comisiones Obreras en contra del aumento del coste de la vida y, sobre todo, por el precio de la vivienda. La cita, sin embargo, no está exenta de polémica, ya que llega después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez y a las puertas de unas elecciones que pueden cambiar las mayorías en el Estado a favor del PP y Vox. ¿Es contra el gobierno español la huelga? O, por el contrario, ¿es la palanca de movilización que busca el ejecutivo para movilizar a la izquierda de cara a las urnas?

La portavoz del gobierno español, Elma Saiz, se ha tenido que enfrentar a este tipo de preguntas en la comparecencia posterior al consejo de ministros que ha tenido lugar este martes en la Moncloa. Fuentes de la Moncloa han informado de que ni el presidente español, Pedro Sánchez, ni los ministros tendrán agenda este miércoles, aunque han matizado que esto no significa que hagan huelga. Estarán en el despacho, han añadido fuentes del flanco socialista del ejecutivo, que hacen equilibrios a la expectativa del seguimiento que pueda tener la movilización.

En cualquier caso, en la rueda de prensa se ha evidenciado que hay dos talantes diferentes dentro del ejecutivo español a la hora de manifestarse sobre la huelga de este miércoles. El ministro de Sumar y titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha hecho un anuncio relevante sobre nuevas ayudas a familias monoparentales, sí se ha mostrado abiertamente favorable a la huelga. "Este trabajo (de ministro) no se acaba nunca, no para nunca, pero haré todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito", ha dicho en rueda de prensa. A su vez, Elma Saiz se ha limitado a pedir "respeto" para los trabajadores que quieren ejercer su derecho a huelga y también para los sindicatos, que en los últimos días han sido atacados por la derecha. La última vez que hubo una huelga general fue en 2012, en plena mayoría absoluta del PP. A diferencia de aquella vez, sin embargo, los sindicatos mayoritarios no ponen el foco explícitamente en el ejecutivo español —fijan el mensaje contra las patronales—, a diferencia del Sindicato de Inquilinas que sí que se queja también de las políticas de vivienda de los últimos años, que creen que se han quedado cortas. Es decir, a su parecer, la movilización va contra todas las administraciones.

El PP y Vox consideran que UGT y Comisiones Obreras están actuando de brazo armado del gobierno español. Lo ha dicho este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la dirigente del PP que se ha mostrado más dura contra los convocantes de la huelga. En una entrevista en Antena 3, ha hablado de "secuestro" de los ciudadanos en las carreteras a raíz de la convocatoria y ha hecho un llamamiento a "barrer la basura sindical" de cara al 29 de noviembre. "Hay muchos otros sindicalistas de UGT y CCOO a los que no les gusta lo que están haciendo porque se les ve el plumero", ha dicho. Por su parte, el secretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha considerado que se trata de una huelga "contra la oposición", algo inédito en democracia —ha dicho—, y ha augurado que será un fracaso por este motivo.

Consejos de ministros extraordinarios

Sea como sea, la huelga general marcará una campaña electoral del 29-N que arrancará el jueves a la madrugada y que también estará marcada, más allá de los actos de los partidos, por lo que hagan el PSOE y Sumar desde la Moncloa. No se estarán quietos: de ahora hasta el 29 de noviembre, el gobierno español tiene previsto realizar hasta cuatro consejos de ministros más para aprobar medidas sociales. Dos de extraordinarios, los dos viernes que vienen; y dos de ordinarios, los dos próximos martes. Fuentes de la Moncloa lo desvinculan de la campaña electoral y defienden que ellos siguen gobernando aunque haya una convocatoria electoral.

En todo caso, la idea es utilizar el gobierno para aprobar medidas sociales y escenificar el programa electoral de la izquierda con decretos ley concretos, como por ejemplo este martes con el impulso de la protección social de las familias monoparentales o el acortamiento de los plazos para conseguir la dependencia. Medidas que, si llegan el PP y Vox a la Moncloa, argumentan desde el PSOE y Sumar, están en peligro de extinción.