El gobierno español recurre al Constitucional la 'prioridad nacional' de PP y Vox en el País Valenciano

ValenciaLo avanzó en julio la ministra del gobierno de España y candidata socialista a presidir el Consell, Diana Morant, y este martes el ejecutivo estatal ha cumplido su amenaza y ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento del presupuesto de la Generalitat Valenciana por incluir el criterio de prioridad nacional en la concesión de ayudas sociales, poner en duda el derecho al aborto o cuestionar la igualdad de las personas LGTBIQ+.

Dado el habitual carácter de cajón de sastre de las leyes de acompañamiento, el recurso afecta hasta a 20 de los 200 artículos de la norma. Uno de los más destacados es el que fija que en la promoción de viviendas en municipios pequeños se aplique una "prioridad nacional" y se produzca una "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en el País Valenciano. Este criterio, que también condiciona la concesión de otras ayudas sociales, según el ejecutivo estatal vulnera el artículo 14 de la Constitución que establece que los ciudadanos "son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

De la misma manera, el gobierno español ha recurrido la regulación sobre la igualdad en el ámbito educativo, al entender que se sustituye el carácter imperativo de la promoción de la no discriminación de las personas LGTBIQ+ en los centros educativos, por una opción voluntaria. El ejecutivo estatal también cree ilegal que se ordene a la Generalitat garantizar y proteger el derecho a la vida de los no nacidos cuando exista riesgo o amenaza porque puede "restringir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". Además, se recurre la prohibición del burka por establecer la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, hospitales o colegios, dado que el gobierno español cree que invade la competencia estatal y el artículo 14 de la Constitución por el efecto disuasorio y discriminatorio.

El hecho de que el consejo de ministros haya aprobado el recurso a menos de tres semanas de las elecciones estatales abre la puerta a interpretar si el PSOE y Sumar han querido contraponer su modelo con el del PP y Vox, aprovechando que el Parlamento valenciano fue el primero en fijar la prioridad nacional en una norma. Hasta entonces, la fórmula solo se preveía en los acuerdos de gobierno alcanzados en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía, pero no se había incluido en ninguna ley concreta.