Un Govern nuevo pendiente todavía de las causas del Procés

BarcelonaSi algo sobrevuela en los últimos días el Palau de la Generalitat es la sensación de que empieza una nueva etapa. Pere Aragonès ha asumido la presidencia con el correspondiente desembarco de Esquerra –y el adiós de los altos cargos de Junts– en Plaça Sant Jaume, mientras que la mayoría de los consellers del anterior Govern–menos el propio Aragonès, el vicepresidente, Jordi Puigneró (JxCat) y la consellera Teresa Jordà– han quedado fuera del consejo ejecutivo relevados por compañeros de partido y perfiles más técnicos. Ahora bien, a pesar del cambio, hay una constante que se repetirá como en la anterior legislatura: la presión por causas judiciales relacionadas con el Procés.

Así como en el Parlament hay hasta una decena de diputados que tienen cuestiones pendientes con la justicia –hecho que a lo largo del mandato les puede complicar la continuidad a raíz del precedente del ex president Quim Torra de quedar sin acta sin sentencia firme–, en el seno del Govern hay hasta cuatro consellers de Esquerra que pueden afrontar un juicio. El hasta ahora presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha asumido la cartera de Empresa y Trabajo, está investigado por desobediencia por tramitar resoluciones favorables a la autodeterminación. La causa está admitida a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pero todavía no han sido llamados a declarar ni él ni el resto de miembros de Esquerra y Junts encausados por la misma cuestión.

Otra consellera pendiente de juicio es la titular de Cultura, Natàlia Garriga, puesto que fue una de las detenidas el 20 de septiembre de 2017 por los preparativos del referéndum y está pendiente de la resolución de la causa del 13 que investiga el 1-O. Hoy por hoy está procesada por un presunto delito de malversación de fondos públicos, pero el desenlace del procedimiento todavía puede tardar en llegar: a pesar de que ya hace casi dos años que la causa principal del referéndum quedó sentenciada en el Tribunal Supremo, la instrucción del 13 todavía no está cerrada. La juez dictó el auto de conclusión del sumario, pero la fiscalía la recurrió ante la Audiencia de Barcelona y su solicitud ha sido admitida. Esto significa que la investigación volverá al juzgado de instrucción –a pesar de que todavía no se ha producido el traslado– para acabar la investigación, de forma que fuentes jurídicas todavía sitúan lejos el juicio.

Directamente relacionado con el referéndum, también la consellera de Feminismos tiene pendiente una causa. Tània Verge fue nombrada síndica del 1-O en 2017 y encausada por un delito de desobediencia y usurpación de funciones. Recientemente, quedó absuelta como el resto de síndicos por el juzgado penal número 11 de Barcelona, pero la Fiscalía ha decidido recurrir la decisión, puesto que pedía más de dos años de prisión. Ahora está pendiente de la decisión que tome la Audiencia de Barcelona.

El último conseller encausado del Govern es Josep González-Cambray, titular de Educación, que fue detenido en el marco de la operación Volhov el 28 de octubre. El juez lo investiga por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias por presuntamente haber tenido un trato de favor con el ex dirigente de ERC Xavier Vendrell en la concesión de conciertos educativos.

El 'sottogoverno', afectado

En cuanto a los titulares de Junts, hoy por hoy no hay ninguna investigación en marcha que afecte a los consellers. La causa del Tribunal de Cuentas –y que paralelamente también se investiga en un juzgado de Barcelona– sobre la acción exterior de la Generalitat no afecta a la actual consellera, Victòria Alsina, puesto que el periodo instruido va desde 2012 a 2017. Ella llegó como delegada en los Estados Unidos y Canadá en 2018. En cuanto al vicepresidente, Jordi Puigneró, ya estaba en el Govern durante el referéndum del 1-O como secretario de Telecomunicaciones, pero no fue imputado a pesar de tener que lidiar con los registros de la Guardia Civil en el CTTI. Donde sí tiene investigados Junts, así como Esquerra, es en el sottogoverno y en cargos que hasta ahora ocupaban responsabilidades intermedias, algunos de los cuales están pendientes de si se quedan o no en el nuevo Govern. Es el caso de Antoni Molons, Jaume Clotet, Ignasi Genovès o Teresa Prohias –nombrada este martes directora de servicios en vicepresidencia– en el juzgado 13 o el hasta ahora secretario de Govern, Víctor Cullell, en la nueva causa abierta en el juzgado número 18 sobre la acción exterior de la Generalitat. Eusebi Campdepadrós, hasta ahora diputado, se perfila como alto cargo al departamento de Justicia, y también está investigado como Torrent por admitir a trámite como miembro de la mesa resoluciones a favor de la autodeterminación la pasada legislatura.

Por parte de Esquerra, también hay altos cargos todavía investigados por el 1 de octubre. Es el caso de Francesc Sutrias, hasta ahora en el departamento de Economía, y Marta Garsaball, que en la pasada legislatura estaba en la conselleria de Exteriores. Ambos están en la causa del juzgado 13 y este martes han sido nombrados por el consejo ejecutivo para ocupar nuevos lugares: Sutrias ha sido ungido como director de la Agencia Catalana de Consumo –que depende de Empresa y Trabajo– mientras que Garsaball ha sido nombrada directora de servicios de la conselleria de Cultura. Otro caso es el de Aleix Villatoro, que hasta ahora era secretario general de Exteriores, pero que de momento todavía no ha sido asignado en el nuevo ejecutivo. Está encausado tanto en la investigación del 1-O en el juzgado 13 como en la nueva instrucción abierta en el juzgado 18 sobre la acción exterior.

En la Generalitat ha empezado una “nueva etapa”, en palabras de Pere Aragonès, pero la lupa judicial seguirá sobre el Govern.