El juez imputa a las hijas y la secretaria de Zapatero

MadridAl día siguiente de que José Luis Rodríguez Zapatero declarara como investigado, el juez José Luis Calama mueve ficha y da un paso más: imputa a sus dos hijas –Alba Rodríguez y Laura Rodríguez– y a su secretaria –Gertrudis Alcázar–. El magistrado lo ha hecho después de que se lo solicitara el PP, como líder de las acusaciones populares, apuntando a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Era una petición inicial de Hazte Oír que la Fiscalía Anticorrupción avaló posteriormente. ¿Por qué las investiga?

Por un lado, las dos hijas son administradoras de What The Fav, una empresa de comunicación que, según el magistrado, tenía un "papel instrumental" en la "canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes". La UDEF esgrimió que tenía un rol de "coordinación operativa" y "canal de apoyo logístico y documental" de la presunta trama de tráfico de influencias. Por otro lado, el magistrado definió a la secretaria del expresidente como una "pieza operativa esencial dentro de la red organizada" y el "nodo central de comunicación y gestión documental" porque utilizaba la cuenta de correo del expresidente español. El juez, en cambio, rechaza imputar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

En el auto, José Luis Calama argumenta que citar a las hijas de Zapatero como investigadas es "necesario" para "preservar" sus derechos fundamentales y es "la única vía compatible" con el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Vista su intervención, convocarlas como testigos generaría un "riesgo", ya que la obligación de decir la verdad podría comprometer de manera "irreversible" su derecho a no declarar contra ellas y a no confesarse culpables. "Se debe evitar cualquier actuación que pueda colocar a una persona en una situación de autoincriminación forzada, especialmente cuando existe la posibilidad razonable de que su estatus procesal pueda evolucionar hacia la imputación", justifica.

De momento, el PP evita tocar la llaga: "No haré sangre con algo que tiene que ver con una cuestión tan sagrada como el entorno personal. Bastante pesado será para Zapatero haber metido a sus hijas en este lío", ha dicho el portavoz de los populares, Borja Sémper, minutos después de conocerse la noticia. En los pasillos del Congreso fuentes del PSOE le han restado importancia: dicen que era "previsible" y se vuelven a remitir al comunicado del expresidente español, que dicen que ha sido "bien recibido" entre las bases socialistas.

Un "centro de redistribución" de flujos económicos

En el auto que autorizaba registrar la sede de la empresa, el juez relataba que What The Fav era una estructura "artificiosa" que recibía fondos de los clientes de la red de influencias y de la misma estructura organizada en una especie de "circuito circular de fondos". Considera que operaba como "centro de redistribución" de flujos económicos "canalizando pagos" hacia Zapatero y su entorno. ¿Cómo lo hacía? Generaba facturas ad hoc con un "concepto genérico" y "sin ningún detalle" con el único objetivo de "dotar de cobertura formal" movimientos financieros que no tenían una actividad económica real: "No desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental", resumía.

Para justificar la imputación de Gertrudis Alcázar, el juez se remite a la interlocutoria que autorizó el registro en el despacho de Zapatero en el que se encontraron las

La secretaria de Zapatero era una "pieza operativa esencial"

Para justificar la imputación de Gertrudis Alcázar, el juez se remite a la interlocutoria que autorizó el registro en el despacho de Zapatero en el que se encontraron las joyas valoradas en 1,3 millones de euros. Exponía que ella se encargaba de elaborar las facturas, que eran un "soporte documental ficticio" para "justificar los movimientos financieros de la red", que no respondían a una "realidad económica efectiva".

Así, por ejemplo, ella preguntó si debía emitir una o varias facturas por un importe de 20.000 euros y pidió indicaciones sobre los conceptos, cosa que el juez cree que evidencia una "concertación previa" y revela "la ausencia de una prestación real subyacente".

El juez rechaza pedir más información a EE. UU.

Así mismo, el juez cierra la puerta a la petición del abogado de Zapatero de pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de los mensajes del móvil de Rodolfo Reyes –que era consejero de Plus Ultra en representación del accionista principal– que aportó una agencia norteamericana y que son la prueba clave contra el expresidente español. En el escrito, consultado por el ARA, Víctor Moreno Catena expresaba "dudas razonables" sobre el "respeto del derecho a un proceso con todas las garantías" por "la ausencia de los datos completos" sobre la obtención, el volcado y la custodia del dispositivo.

La defensa del expresidente hacía una batería de peticiones para comprobar si las conversaciones "cumplen realmente los requisitos de autenticidad, integridad y licitud" para que se puedan considerar aptas en el marco del derecho penal español. Ahora bien, el juez le cierra la puerta a la espera de la respuesta de Estados Unidos: hasta que no la haya recibido, no podrá hacer una "valoración fundada" sobre la "necesidad o procedencia" de pedir más información.