El juez que formó parte del gobierno de Sánchez y que ahora ha impedido que su mujer viaje
Antonio Viejo fue secretario general de la administración de justicia del 2018 al 2020 y ahora está investigando la pareja de Ayuso
MadridCuatro semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, fichó a Antonio Viejo (Madrid, 1959) como secretario general de la administración de justicia. Durante dos años se encargó del “impulso, la dirección y el seguimiento” de “la modernización, la ordenación y la distribución de los recursos humanos y materiales” de la administración de justicia y las relaciones, por ejemplo, con el Poder Judicial o con la Fiscalía. Estuvo al cargo hasta febrero de 2020, después de la conformación del gobierno de coalición entre el PSOE y Unides Podem.
Antonio Viejo está afiliado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda de la carrera judicial con más miembros y de talante independiente. “Es una señal de cambio inequívoco”, celebraron tras conocerse su elección. Ocho años más tarde, ha sido el juez que ha prohibido a Begoña Gómez que viaje a Turquía para asistir a la cumbre de la OTAN acompañando al presidente español, aunque sí le ha permitido ir a la graduación de su hija en Londres.
Su nombramiento llegó dos meses después de que se manifestara en contra del ministro de Justicia de Mariano Rajoy. Junto con más de 400 miembros de la carrera judicial, mostró su “descontento” con Rafael Catalá por no haberse comprometido a dar apoyo a una batería de propuestas para mejorar la justicia.
El segundo juez de la pareja de Ayuso
En septiembre de 2025 su nombre saltó a la actualidad porque ganó el concurso de traslado para sustituir a Inmaculada Iglesias, que solicitó la jubilación voluntaria y era quien había puesto en marcha la causa contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ella lo dejó a un paso de juicio por fraude fiscal y él heredó la investigación sobre su relación con Quirón.
Antonio Viejo tardó seis meses en autorizar a la Guardia Civil a investigar las cuentas del empresario. La UCO también quería poner la lupa en su información tributaria y en datos de la Seguridad Social, pero el magistrado le cerró la puerta. Los agentes lo consideran "indispensable" y de "gran relevancia", y lamentan que no tenerlo “dificulta enormemente” la elaboración del informe que se les ha encargado y provoca un “perjuicio” al interés público y a los investigados porque alarga la instrucción “innecesariamente”.