¿Por qué el juez que investiga a Begoña Gómez pide la lista de trabajadores de la Moncloa?
El caso de la mujer de Sánchez evidencia que las atribuciones de la pareja del presidente no están reguladas en España
BarcelonaEl juez que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha pedido a la presidencia del gobierno español "la relación de puestos de trabajo" del Palacio de la Moncloa, es decir, la lista de todos sus trabajadores y asesores. Así lo recoge la última providencia de Juan Carlos Peinado, quien ha acordado la medida a petición de las acusaciones populares del caso y una semana antes de que Gómez declare por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. ¿Pero qué interés tiene el juez en revisar todo el personal de la Moncloa?
El movimiento llega después de que Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, citas a declarar Cristina Álvarez, directora de Programas de la Moncloa, el próximo 20 de diciembre. Esta asesora, que Moncloa ha admitido que realiza tareas de asistente para la mujer de Sánchez, realizó diversas gestiones con la Universidad Complutense en relación con la cátedra que dirigía Gómez. Según revelan correos recogidos en el sumario, por ejemplo, a principios de este año trasladó a la empresa de seguros Reale el interés que la mujer del presidente tenía que siguiera financiando la cátedra.
Según las acusaciones, la implicación de Álvarez en las actividades profesionales de Gómez podría ser constitutiva de un delito de malversación. Y todo esto tiene que ver con una cuestión de fondo: si es legal o no que la primera dama disponga de asistentes pagados con sueldo público. El gobierno español admite que el estatus jurídico y las atribuciones de la pareja del presidente no están regulados en España, pero defiende que siempre ha contado con algún tipo de apoyo. Desde la Moncloa, de hecho, aseguran que la esposa del expresidente popular Mariano Rajoy, Elvira Fernández, tenía hasta a tres personas a su servicio, dos más que en el caso de Gómez.
El PSOE defiende que esta cuestión no ha sido un problema hasta ahora. Y aunque abre la puerta a negociar con el PP regular esta cuestión, como en otros países, cierra la puerta a hacerlo en el contexto actual, con la mujer de Sánchez convertida en arma arrojadiza de la derecha contra el gobierno español y con el juez Peinado investigándola por presunta corrupción. De hecho, la asesora Cristina Álvarez se negó hace dos semanas a declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado alegando que la causa está judicializada.