Joaquim Bosch: «Que un juez piense que no le van a perseguir es una invitación al 'lawfare'»

MadridEl juez valenciano Joaquim Bosch publica Chaque en la democracia (Ariel, 2024), un libro que alerta sobre las intenciones autoritarias de la extrema derecha y de la falta de contrapesos en el poder político, del que hace responsable también a la izquierda.

¿Quién pone en riesgo la democracia?

— El riesgo es la posible evolución de la extrema derecha hacia posiciones autoritarias y que la derecha convencional haga una mutación, como ocurrió con el régimen de Viktor Orbán en Hungría, el Likud de Israel o el Partido Republicano de Trump.

¿Por qué ha penetrado el discurso ultraconservador entre los jóvenes?

— La gente se siente más insegura que hace una generación, las instituciones se han degradado por la corrupción, lo que ha llevado a no ver a la democracia como necesariamente el mejor sistema político. Además, los jóvenes consumen redes sociales en las que los discursos de extrema derecha están favorecidos por algoritmos y por la orientación ideológica de sus propietarios, como Elon Musk, que exhibe apoyo a dirigentes de extrema derecha.

¿Ve posible un tipo de entendimiento entre Vox y Junts?

— Ahora mismo lo veo imposible, porque la gran particularidad de la extrema derecha española es que irrumpe con el Proceso. Pero no es descartable que Junts pueda acabar adoptando discursos de la extrema derecha de Aliança Catalana. En muchos países, la derecha convencional, en lugar de profundizar en los valores de la democracia desde sus principios ideológicos, ha intentado no perder votos del margen conservador imitando discursos xenófobos.

En Madrid la derecha acusa a Pedro Sánchez de una especie de autocracia.

— De los peligros de involución autoritaria no se salva ninguna visión ideológica, pero actualmente los peligros vienen del avance de la extrema derecha. En España no se ha interiorizado suficientemente la cultura de la separación de poderes y de los espacios de contrapeso y esto es atribuible a este gobierno ya los anteriores. Tenemos una cultura en la que el poder político monopoliza a los organismos que deben vigilarlo. Ahora bien, decir que el PSOE manipula y domina la judicatura sería absurdo.

¿Cómo se pueden regular los medios?

— La Constitución proclama el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, no a recibir mentiras. Por tanto, sería intolerable que un gobierno impusiera sanciones o cerrara medios, pero a la vez es inaceptable que se pueda difundir mentiras sistemáticamente. Se debería articular un procedimiento judicial en el que los tribunales pudieran declarar que determinados contenidos se han difundido de forma dolosa, o en conocimiento de su falsedad, y que incluya la prohibición de recibir ayudas públicas.

Cómo combatir el lawfare?

— No podemos pensar que somos sagrados, divinizados y que no nos equivocamos. Por eso, es fundamental que quien controla a los jueces, los tribunales superiores, estén configurados con criterios claros de imparcialidad, y eso no ocurre. Que un juez pueda pensar que desde arriba no le perseguirán es una invitación a practicar el lawfare.

¿Cómo elegir los jueces del CGPJ?

— Que la elección parlamentaria no sea un pacto de cupos entre dos dirigentes de partidos con un intercambio de cromos. Que se presenten candidatos en un proceso abierto con transparencia, comparecencias públicas y con comisiones técnicas que informen sobre su calidad profesional. Y sobre todo, con un fuerte régimen de incompatibilidades a personas que hayan estado vinculadas a fuerzas políticas.

¿Cómo democratizar el acceso a la justicia?

— Ahora el sistema elige a los mejores memoristas. Se podría adjudicar a la universidad parte del acceso a través de un máster de judicatura y una oposición que no fuera memorística. En cualquier caso, habría que garantizar la objetividad y evitar incidencias partidistas.

¿Entiende la no aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo?

— Pienso que es discutible y que el voto particular [de la magistrada Ana Ferrer] es más correcto y convincente. Veo muy probable que el Tribunal Constitucional considere que la malversación debe amnistiarse.

¿Cree que la mayoría del tribunal actúa con motivaciones políticas?

— Es una interpretación jurídica con argumentos cuestionables. Tribunales catalanes han utilizado el criterio que han considerado y el TC también va a decidir. Mientras cada uno decida en su ámbito, el estado de derecho estará actuando de forma adecuada.