Kitchen, Púnica o Gürtel: los frentes judiciales que el PP tiene abiertos este curso político
Más allá de la investigación en Montoro, los populares afrontan juicios relevantes de corrupción y espionaje en la Audiencia Nacional
MadridEl PP ha iniciado el curso político agitando el miedo al "calvario judicial" que vivirá Pedro Sánchez en los próximos meses por las causas contra su entorno. Si bien es cierto que el líder socialista está acorralado por las investigaciones a sus dos últimos ex secretarios de organización en el PSOE y su esposa así como por el procesamiento de su hermano y del fiscal general del Estado, los populares también tienen múltiples frentes abiertos. Empezando por la investigación aún en marcha contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en un juzgado de Tarragona y siguiendo por un juicio en la Audiencia Nacional que sentará en el banquillo a otro exministro popular, como es el de Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen. En Génova se defienden esgrimiendo que se trata de asuntos previos a la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP. Sin embargo, habrá que ver el impacto que pueden tener en las perspectivas electorales del jefe de la oposición las citas judiciales que afectan a la marca que encabeza.
El último juicio de la Gürtel
Noviembre en la Audiencia Nacional
Quien ya pagó las consecuencias políticas del caso Gürtel es el predecesor de Feijóo. La moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa en el 2018 fue a raíz de la publicación de la primera sentencia del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española. La Audiencia Nacional condenó al empresario Francisco Correa a 51 años de cárcel por liderar durante años (una etapa iniciada con José María Aznar) una trama de pagos de comisiones a políticos del PP a cambio de contratos para empresas de su red corrupta. El PP fue condenado como persona jurídica por beneficiarse y su extesorero Luis Bárcenas fue sentenciado a 33 años de cárcel.
Tras ésta han llegado más sentencias –dos más con condena al PP– por otras ramas de la Gürtel (que se extendió por varias comunidades autónomas y municipios) y se han celebrado una decena de juicios. Entre el 3 y el 17 de noviembre tendrá lugar el último en la Audiencia Nacional. La última pieza, considerada la principal, juzgará de nuevo a Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, y una veintena de implicados más por presuntos delitos contra la Hacienda Pública por ocultar patrimonio y blanquear ingresos obtenidos ilícitamente. La Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de cárcel para los líderes de la trama.
La guerra sucia en el ministerio del Interior
La Audiencia Nacional juzga a la Kitchen a partir de abril
Unos meses más tarde, la Audiencia Nacional acogerá el juicio de un caso que nace del intento de tapar a la Gürtel y salvar al PP ya sus exdirigentes del escándalo. Se trata de Kitchen, la operación orquestada desde el ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, durante la etapa de Rajoy, para espiar a Bárcenas y su familia para robarle presuntamente documentación comprometedora. La vista oral contra la excúpula de Interior será del 6 de abril al 28 de mayo de 2026. El exministro y su ex número dos, Francisco Martínez, se enfrentan a una petición de quince años de cárcel. También se sentará en el banquillo el excomisario José Manuel Villarejo.
En marcha un juicio del caso Púnica
Un tercio de los acusados han reconocido ya los hechos
El caso Púnica, por el que se vio acorralada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, todavía colea. Desde abril de ese año está en marcha el juicio de una de las piezas abiertas en la trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Siete exalcaldes del PP están todavía sentados en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional y uno de ellos ha reconocido los hechos. También lo ha hecho un empresario de la construcción que fue socio del ex consejero de la Comunidad de Madrid con el PP Francisco Granados.
Además, avanzará en los próximos meses la investigación contra la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por un fraude fiscal reconocido por él mismo.