HORIZONTE ELECTORAL

La Moncloa cuestiona el aplazamiento y flirtea con la impugnación

El Gobierno defiende que posponer el 14-F es legal y Salud mantiene unas previsiones sanitarias pesimistas

Quim Bertomeu
4 min
El ministre de Justícia,  Juan Carlos Campo, en una imatge recent al Congrés de Diputats.

BarcelonaSi aplazar unas elecciones al Parlament como las del 14 de febrero ya era de por si un movimiento de consecuencias imprevisibles por las dudas legales que genera, ayer el gobierno español se encargó de añadir algo más de incertidumbre. El ejecutivo de Pedro Sánchez flirteó con impugnar el aplazamiento electoral en Catalunya, que, si no hay ninguna sorpresa de última hora, la Generalitat concretará hoy mismo. Si la impugnación se concreta y eventualmente prospera, el lío -político y jurídico- estará servido.

El encargado de lanzar el primer aviso desde Madrid en dirección a Barcelona fue el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En una entrevista a Radio 4 y La 2 esgrimió que la suspensión de unos comicios no está recogida en la ley electoral vigente, y advirtió: “El derecho siempre tiene mecanismos de impugnación”. Al gobierno español lo asiste el argumento de que, efectivamente, la suspensión electoral no está prevista por ley, pero también es cierto que el marzo del año pasado se suspendieron las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco que se tenían que celebrar en abril -se acabaron celebrando en julio - y Sánchez no puso ninguna objeción. Para el gobierno español, sin embargo, la situación no es comparable porque en ese caso los comicios coincidían con la primera oleada de la pandemia. También el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, exigió que no haya “vacilaciones que acaben afectando a la pulcritud de los comicios y a la garantía de que todos los partidos tengan las mismas oportunidades”. ¿Impugnarán los comicios, pues? Por ahora no hay respuesta.

En el Govern las palabras de Campo y Ábalos no fueron bien recibidas. “Son inaceptables. El gobierno español no tiene ninguna competencia sobre las elecciones de Catalunya”, sostenían fuentes del ejecutivo catalán. Al margen del posicionamiento político, la Generalitat también mueve hilos para defender su posición jurídicamente. Tal como explicó ayer el ARA, el Govern ya trabaja para defender el escenario de un aplazamiento electoral. Fuentes gubernamentales recuerdan que el decreto de convocatoria de las elecciones del 14-F ya preveía la posibilidad de tener que aplazar los comicios por cuestiones epidemiológicas. También se agarran a un informe de la Comisión Jurídica Asesora que recoge la posibilidad de suspender temporalmente las elecciones si las medidas adoptadas para garantizar que sean libres e iguales no son suficientes debido a la situación de la pandemia. “En caso de insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar el pleno ejercicio del derecho de voto en condiciones de libertad e igualdad [...] la Generalitat puede proceder al aplazamiento o, si procede, a la suspensión de las elecciones en los términos indicados en el dictamen”, dice el documento, informa Núria Orriols. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró ayer que el aplazamiento es “legal y viable”.

Nuevo informe de Salud

Mientras Campo y Ábalos lanzaban dardos contra el aplazamiento electoral, ayer el Govern se volvió a reunir con los partidos para abordar la cuestión. Sobre la mesa puso un nuevo informe de la consejería de Salud que mantiene que las previsiones epidemiológicas para la campaña electoral y el día de la votación serán desfavorables. “Desde un punto de vista epidemiológico ¿tiene sentido movilizar a 5,5 millones de personas? Si se puede evitar, evitémoslo”, aseguraron fuentes de Salud, que aún así admitieron que “hay que ser muy respetuosos” con el derecho a voto, informa Gemma Garrido Granger.

Los partidarios y los detractores de aplazar las elecciones se acusan mutuamente de lo mismo: de querer hacerlo por motivos espurios y no porque la pandemia justifique su posición. Resumiendo, los favorables a cambiar la fecha consideran que el gobierno español y el PSC se niegan a ello -son los únicos- porque temen que el golpe de efecto que supuso relevar Miquel Iceta per Salvador Illa como candidato se disuelva si los comicios acaban siendo en mayo. Los socialistas se defienden proclamando que quien quiere posponer las elecciones lo hace porque no tiene buenas perspectivas electorales y quiere ganar tiempo. Sin embargo, el PSC podría intentar buscar el camino del medio. Según avanzó ayer La Vanguardia y confirmaron fuentes socialistas al ARA, su nueva idea sería posponer las elecciones hasta antes de Semana Santa, que este año va del 28 de marzo al 4 de abril, y alejar así que los comicios caigan en un hipotético nuevo repunte de la pandemia, informa Marc Toro.

Más allá de la batalla política, si el aplazamiento se hiciera efectivo y la justicia lo tumbara el lío sería notorio, puesto que los partidos y la administración habrían frenado toda la maquinaria electoral -que supone millones de euros de gasto- y lo tendrían que reactivar a toda velocidad. Hoy el Govern y los partidos tomarán la decisión, pero si las elecciones se aplazan que nadie dé por hecho que el 14-F no se votará. Quedará esperar qué pasa con la vía de la impugnación.

Los tres escenarios epidemiológicos del día de las elecciones

Primer escenario

Es el mejor de todos, pero no por eso es optimista. Calcula que el 14 de febrero se detectarán 3.000 contagios al día y habrá 620 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI). El pico de contagios sería el 19 de enero, diez días antes de empezar la campaña.

Segundo escenario

Es más pesimista. Augura que el día de la votación se estará alrededor de los 4.000 contagios y se superarán los 750 enfermos críticos. La conselleria de Salud calcula que el 14-F se estará “a caballo” de los dos escenarios, pero con posibilidades de estar más cerca del primero.

Tercer escenario

El informe recoge una tercera hipótesis: que las medidas de contención fallen. Esto haría que se detectaran 9.000 contagios diarios y que hubiera 1.200 pacientes en las UCI, como en la primera oleada. El Govern asegura que no se llegará a ello pero dice que “se tiene que tener en cuenta”.

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