La Moncloa pincha en la división del PP por la financiación

La reforma del modelo de financiación empezó a andar ayer en el Congreso entre el compromiso del gobierno español a sacarla adelante antes de que acabe la legislatura y el déjà-vu de todos aquellos –en especial las comunidades que denuncian infrafinanciación– que hace años que reclaman una transformación del modelo actual (aprobado en 2009) y que en teoría se tendría que haber revisado en 2014. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha comparecido este miércoles en el Congreso de Diputados para informar sobre la futura reforma del modelo, que tiene un futuro incierto ante las dificultades para obtener consensos incluso dentro de los mismos partidos. Consciente de que los votos del PP pueden ser claves –el cambio de sistema requiere la mayoría absoluta del Congreso y los partidos vascos acostumbran a inhibirse de este debate–, Montero ha querido pinchar en la división entre las filas populares para forzar a su líder, Pablo Casado, a posicionarse.

Durante su comparecencia la ministra se ha dirigido explícitamente a los populares y, en concreto, los ha emplazado a resolver sus diferencias internas. “¿El PP puede conciliar la política de Andalucía con la de Madrid? ¿Cuál será su posición?”, les ha espetado a los diputados. El hecho es que los bloques que se han creado alrededor del modelo de financiación sitúan en lugares diferentes comunidades del mismo color político. Mientras que Andalucía, como región más poblada, denuncia infrafinanciación, Castilla y León o Galicia ponen la lupa en el despoblamiento y Madrid se postula como la comunidad que "más aporta" y centra el debate en la gestión de los impuestos o en poner "límite" a lo que se conoce como "flujos de solidaridad" entre comunidades. Desde la dirección de los populares, sin embargo, de momento se ha esquivado el debate y solo se ha posicionado para defender Madrid ante los intentos de limitar la autonomía fiscal.

A pesar de los dardos al PP, Montero también admitió que también hay división entre las autonomías gobernadas por los socialistas. Lo demuestra la campaña abierta desde hace meses por el presidente del País Valenciano, el socialista Ximo Puig, que hace tiempo que lidera este debate y no cesa en su búsqueda de aliados autonómicos fuera incluso de su color político. Sin ir más lejos, Puig estableció su último encuentro este martes con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del PP. Más allá de la foto, del encuentro salió un documento conjunto en el que se recoge la creación de un fondo transitorio de compensación de nivelación, es decir, para compensar "la infrafinanciación de años de algunas comunidades autónomas". Moreno incluso anticipó que Andalucía y el País Valenciano tendrían que recibir unos 1.700 millones de euros. Puig, además, también está tanteando los contactos con Murcia, donde gobierna el PP con Vox.

Antes, sin embargo, el presidente valenciano se encontró con Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares, a principios de julio y a principios de septiembre con Pere Aragonès, con quien habló de la gestión de los fondos europeos, pero también del modelo de financiación. Aun así, la Generalitat –que persigue negociar cualquier cuestión de manera “bilateral” con la Moncloa– no se ha sumado, hoy por hoy, a la reivindicación de un cambio del modelo de financiación autonómica, que en su momento aprobó precisamente el Govern del tripartito, con el entonces conseller de Economia Antoni Castells al frente, de la mano del PSOE. De hecho, en esa reunión, los dos presidentes se conjuraron por una “financiación justa”, pero no por una reforma del modelo, sino por objetivos “más a corto plazo”.

Ante los diferentes frentes autonómicos, Montero también mueve ficha y este jueves se reunirá precisamente con Armengol para hablar del factor insular, un criterio que las islas también quieren que centre el futuro modelo de financiación autonómica.

Primera propuesta en noviembre

Antes de buscar apoyos en el Congreso, sin embargo, la ministra de Hacienda se ha comprometido a presentar a mediados de noviembre una primera propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica centrada en definir el criterio de población ajustada. Un concepto técnico sobre el que, hoy por hoy, las comunidades difieren. “Les anticipo que [la propuesta] no responderá de forma plena al conjunto de los territorios”, ha reconocido Montero, que ha pedido a los diferentes partidos políticos tener una “mirada amplia para llegar a un consenso”. En concreto, el criterio de población ajustada es una variable en la que se pondera la población de un territorio y sus necesidades, determinadas por factores como por ejemplo la edad de la población o la dispersión. Es por eso que Montero ha detallado que desde el ministerio de Hacienda se planteará a las comunidades cómo tienen que computar aspectos como el envejecimiento, la población infantil respecto a las necesidades educativas o los criterios que garantizan el acceso a servicios como por ejemplo la sanidad.

A pesar del anuncio de Montero, los reproches durante su comparecencia para no tener ya encima de la mesa una propuesta en firme para reformar el modelo de financiación han salido de todos lados. Compromís, con Joan Baldoví al frente, ha reprochado que “[el modelo] sigue igual que cuando gobernaba el PP” y ha exigido una reforma urgente que también replantee la deuda de las comunidades, en especial del País Valenciano, “que cada día está más infrafinanciado”. En la misma línea se ha pronunciado el PP, que ha escogido a una de sus diputadas valencianas, Macarena Montesinos, para recriminar al PSOE promesas que “ni llegan ni se las espera”. A su vez, ERC planteaba que la única solución, también para el País Valenciano, es “tener las claves de las cajas”, y ha puesto encima de la mesa una generalización del sistema foral. El debate apenas acaba de empezar.