Necesidad y virtud del "No a la guerra"

MadridEl ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha brindado a Pedro Sánchez una oportunidad para volver a conectar con un amplio segmento del electorado español. Pero no es esta la única razón por la que ha optado por este camino. Pronto comenzaron las especulaciones sobre el oportunismo de la decisión del gobierno y su presidente. Se ha considerado incluso la hipótesis de una triple convocatoria a las urnas, que haría coincidir las autonómicas de Andalucía, el próximo mes de junio, con una anticipación de las generales y las catalanas. Son cálculos prematuros. Tal como va la legislatura –sin posibilidades de aprobar presupuestos ni de impulsar reformas importantes que requieran la tramitación de proyectos de ley–, sería lógico que Sánchez aprovechara la primera oportunidad en que tuviera alguna expectativa favorable de pasar una nueva reválida electoral. Pero deberá ir con cuidado, porque en momentos de un escenario bélico y de mucha incertidumbre e inestabilidad por el cuestionamiento de la legalidad internacional, se hace más difícil prever los movimientos electorales. También, la opción que ha tomado ahora el líder socialista obedece a su versatilidad para hacer de la necesidad virtud, expresión que él mismo utilizó en el comité federal de su partido para justificar la ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes.

La necesidad nace en este caso del inicio de una guerra sobre la cual es inevitable e imprescindible tomar posición. La virtud, en cambio, consiste en haber cogido un camino que responde a la historia reciente del país y sus inclinaciones mayoritarias. España no ha desarrollado en esta etapa una tradición de participación en conflictos armados en el extranjero. Hace mucho tiempo de la pérdida del imperio en que no se ponía el sol. De hecho, los sucesivos gobiernos de este casi medio siglo de democracia recuperada han tenido mucho trabajo para ser persuasivos cada vez que se han enviado tropas al exterior, destacando que se trataba de operaciones humanitarias o de vigilancia e interposición entre partes enfrentadas, como garantía de preservación de la paz. La gran excepción fue la presidencia de José María Aznar, con el apoyo a la guerra de Irak y la intervención en la isla de Perejil para desalojar a un puñado de efectivos de la Guardia Real de Marruecos.

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La foto de las Azores

Obviamente, fueron dos asuntos de naturaleza muy diferente, aunque este último se habría podido complicar. El secretario de Estado estadounidense de 2002, Colin Powell, solía decir que no acababa de entender la fuerte tensión acumulada en relación con la isla de Perejil, a la que se refería como “this stupid island”, expresión rotunda que se entiende bastante bien sin traducir. Infinitamente más serio fue el capítulo del apoyo a la invasión de Irak y la foto de las Azores, con Aznar apoyando a George Bush y Tony Blair. Aznar sintetizó más de una vez el sentido de su apoyo a aquella guerra diciendo que su propósito era “sacar a España del rincón de la historia”. Pero también en aquel caso, el gobierno estadounidense actuó al margen de la legalidad internacional. El PSOE lo supo aprovechar a fondo. Zapatero lo habría tenido más difícil para llegar a la Moncloa sin aquella involucración del gobierno del PP en la guerra de Irak y sin los errores que cometieron sus miembros al atribuir a ETA los atentados contra los trenes de Atocha, cometidos por un escuadrón auto-denominado Brigadas Abu Hafs al-Masri, vinculado a la organización terrorista islamista Al Qaeda. La detonación de diez mochilas cargadas de explosivos en tres trenes de Cercanías de Madrid causaron 191 víctimas mortales y 2.057 heridos.

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Desde las filas socialistas nunca se había llegado tan lejos en cuanto a la intervención de tropas en el exterior. Muy al contrario, cada vez que se planteó una operación de este tipo se oían sobre todo justificaciones similares a las de ahora para explicar el envío de una fragata a Chipre. Se trataba siempre de intervenciones de protección, de carácter en todo caso defensivo, y en función de los compromisos internacionales de España, con pleno respeto a la legalidad. Cuando Irak invadió Kuwait, en el año 1990, el gobierno tuvo dificultades para justificar el uso de las bases estadounidenses en las actuaciones que se emprendieron para revertir la situación. Fue así como en 1991 se inició la ofensiva llamada “Tormenta del desierto”, que se llevó a cabo por una coalición internacional liderada por Estados Unidos. El gobierno español dijo siempre que su participación se había limitado al “apoyo logístico” prestado a los americanos con el uso de las bases de utilización conjunta.

La distancia con Trump

Con Sánchez en la presidencia del gobierno, ahora ni eso. Claro que hay una diferencia sustancial con aquellos hechos de los años 90. La invasión de Kuwait fue condenada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que reclamó la retirada de las tropas de Irak en resoluciones que no fueron atendidas. Ahora el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní ha prescindido del marco legal de las Naciones Unidas. Los riesgos que asume España serían las posibles represalias. Trump ha actuado unilateralmente, solo en coordinación con el gobierno de Tel Aviv, que de la mano de Netanyahu hace años que reclamaba una acción radical para acabar con la amenaza de un Irán en posesión del arma nuclear. Desde Europa no se había apoyado una iniciativa de este tipo, ni como hipótesis remota.

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El ejecutivo español ya había sido muy crítico con Trump y Netanyahu en cuanto a la invasión de Gaza, subrayando su condena a los atentados organizados por Hamás contra Israel. De la misma manera que ahora destaca su condena en cuanto al régimen de los ayatolás y la sistemática vulneración de los derechos humanos en Irán. La posición del “No a la guerra” de Sánchez, en definitiva, le permite huir de cualquier imagen belicista y cortar, por esta vía, cualquier problema importante con los partidos situados a su izquierda. Pero no es una estrategia que se deba leer solo en clave de política interior. Es un compromiso ético por el que puede pagar un precio elevado si lo que quiere es hacerse un sitio en el futuro en el ámbito internacional. Lo que hace falta es que Sánchez comparezca en el Congreso para dar –como ya ha solicitado– explicaciones exhaustivas y provocar un debate en el que todos habrán de exponer cuáles habrían sido sus alternativas.