Operación Catalunya: ¿el último tren para investigar la guerra sucia?

MadridUna nueva hornada de noticias en los medios ha vuelto a poner el foco sobre la guerra sucia contra el Proceso que se inició en el 2012 bajo las órdenes del gobierno del PP: la operación Catalunya. Tras el pacto con Junts y de asumir que ha existido 'lawfare' contra el independentismo, el PSOE reclama ahora que la justicia investigue a la policía política durante el mandato de Mariano Rajoy. ¿Se podrá llegar hasta el fondo?

Integrants

Una policía 'patriótica' bajo las órdenes del gobierno del PP

"Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión haya existido". Una de las frases más demoledoras de la operación Catalunya fue pronunciada por Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, en una reunión con el excomisario José Manuel Villarejo y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. Era el 16 de diciembre de 2012 y el político catalán reclamaba a sus interlocutores que focalizaran su persecución en el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. Villarejo explicaba los trapos sucios que se estaban intentando encontrar sobre la familia Pujol, pero el exministro insistía en que había que desacreditar al líder de Convergència, que había virado hacia el soberanismo. Un giro que puso en marcha la maquinaria en el PP desde Madrid para intentar desprestigiar a personas vinculadas –o no– al movimiento independentista.

Tras la manifestación del 11-S de ese año, se puso en marcha. La cúpula de la Policía Nacional se convirtió en un brazo ejecutor de la voluntad del PP de detener el Proceso fuera de las vías legales. Se implicó su número 2, el mencionado Eugenio Pino, y especialmente el excomisario Villarejo, un policía con una larga trayectoria de trabajo en la sombra. Otros cargos importantes del cuerpo también participaron, como el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera y el exjefe de Asuntos Internos –la unidad que debe velar por la correcta actuación de los agentes– Marcelino Martín Blas.

El alud de documentación sobre la operación Catalunya que se ha publicado en los últimos años ha puesto de manifiesto que Villarejo tenía contacto directo con el exnúmero 2 del PP María Dolores de Cospedal y con Francisco Martínez, entonces mano derecha de Fernández Díaz. Cuando había novedades importantes, el excomisario le reportaba sus avances en llamadas o reuniones, pero también lo hacía por escrito. Esta semana La Vanguardia y Eldiario.es han explicado que algunas de las notas informativas que elaboraba Villarejo terminaban en el despacho de Fernández Díaz, a quien se refería como N1 [número 1]. Ahora bien, estos medios aseguran que algunas de estas notas también habían llegado a Rajoy en Moncloa en sobres cerrados, sin remitente ni destinatario, tras entregarlas a escoltas del expresidente.

Una extensa red

Villarejo elaboró ​​una extensa red de contactos de la que poder extraer información de las personas que tenía como objetivos. Tenía a colaboradores que se infiltraban en círculos cercanos a las víctimas, como el también policía Antonio Giménez Raso, y el propio Villarejo, que lo hizo en primera persona. El empresario Javier de la Rosa –había sido cercano a los Pujol–, el exlíder del PP Alicia Sánchez-Camacho, el examante de Jordi Pujol Ferrussola Victoria Álvarez, y el juez Joaquín Aguirre orientaron a Villarejo, algunos de ellos a cambio de dinero. Por su parte, Fernández Díaz trataba con el ex director de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso.

Víctimas

Políticos, banqueros, periodistas, jueces, empresarios...

Los dirigentes y exdirigentes de Convergència fueron la principal obsesión de los integrantes de la operación Catalunya. La prueba es que en las primeras semanas de actividad, en noviembre del 2012, el diario El Mundo publicó información falsa sobre cuentas bancarias de Artur Mas y Jordi Pujol en Liechtenstein y Suiza que provenían de un falso informe apócrifo de la UDEF. Las acciones judiciales que se emprendieron contra ellos se archivaron. Este ejemplo resume la praxis del entramado: filtrar información incompleta o falsa a medios alineados y abrir causas judiciales. En el caso de Pujol, acabó funcionando y ahora la familia tiene pendiente un juicio en la Audiencia Nacional porque, en este caso, sí había presuntas conductas delictivas. No fue así con el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, que con el mismo modus operandi se le atribuyó una cuenta en Suiza meses antes de las elecciones para desestabilizarla.

Los afectados no fueron sólo políticos de Convergència. Los miembros de la operación Catalunya también pusieron el ojo en ERC y en su líder, Oriol Junqueras. En una nota informativa de 2013 a la que ha tenido acceso el ARA, Villarejo explica que un informador suyo al que se refiere como M le ha trasladado que la casa familiar de Junqueras invadiría espacio público de una calle y atribuye este “abuso ” al poder que tiene en Sant Vicenç dels Horts –fue alcalde–. Como ésta, la cantidad de sospechas y especulaciones sobre posibles corruptelas o prácticas irregulares de personas directa o indirectamente vinculadas con el mundo soberanista es muy abundante. Si no había fundamento suficiente, no se llegaba a filtrar a los medios ni a llevar a los juzgados. del 9-N son algunos de los casos más conocidos. Esta semana ha recobrado protagonismo el acercamiento del entorno de Villarejo a Josep Lluís Trapero, al que se intentó implicar en un caso de tráfico de drogas. El mayor de los Mossos ha dicho que lo denunciará. Entre otras maniobras, las notas del excomisario también explican el intento de chantaje que se hizo en el Grupo Godó.

Pruebas

Audios, notas y un largo dietario de Villarejo

La operación Catalunya ha podido tratarse de reconstruir gracias a la huella de uno de sus principales protagonistas, el excomisario José Manuel Villarejo. Ha sido prácticamente la única persona que ha reconocido que existió, y podría pensarse que lo ha hecho porque, castigado como está por los tribunales en la macrocausa Tándem, quiere socializar el castigo con el resto de culpables. Pero muchas de sus explicaciones coinciden con lo que se desprende de las pruebas que se le interceptaron cuando se le detuvo en el 2017. Desde entonces han trascendido audios de largas conversaciones con varios actores de la trama, especialmente con Francisco Martínez. También con Sánchez-Camacho. En una reunión grabada, el exlíder del PP catalán le hacía una especie de lista negra de personas a las que investigar: el exconseller Jaume Giró, la familia Sumarroca, el exdiputado del PP Enric Lacalle y un largo etcétera.

Más allá de las notas informativas anteriormente mencionadas, muchas pistas de cómo actuaba Villarejo las dan sus agendas. Escribía una especie de dietario de las conversaciones y encuentros que mantenía, con las ideas clave de lo que había hablado. “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Ortiz con 100 y prometo 50 más el lunes”. Ésta es una de tantas anotaciones: explica que María Dolores de Cospedal le traslada que su entonces jefe de gabinete, José Luis Ortiz, le llevará 150.000 euros para entregarlos al empresario Javier de la Rosa por haber declarado en sede judicial en contra de los Pujol. Otra: “Le adelanté el de LB-mujer. También temas Barna. Quedó al transmitir a Raj”. Dice que explicó a Javier Iglesias, un abogado que en ese momento trabajaba para el PP, cuestiones relacionadas con Luis Bárcenas y con Catalunya. Y, según escribe, Iglesias se compromete a comunicarlo a Rajoy. Precisamente, esta semana el expresidente español y del PP ha asegurado que no encontrarán nada contra él: "Lo tienen muy crudo", ha dicho.

Comisiones de investigación

El Congreso: fiscalización política sin consecuencias

Es probable que Rajoy comparezca esta legislatura en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya en el Congreso. El PSOE ha abierto la puerta para que así sea. Estos grupos de trabajo de la cámara baja han sido el único lugar en el que los responsables de estos hechos han podido o podrán ser fiscalizados al respecto. Desde que se conocieron las primeras informaciones, ha habido dos comisiones vinculadas a la policía política del PP: una en la legislatura 2016-2019 y otra en la última, aunque se centró en el caso Kitchen. Rajoy compareció en diciembre de 2021 y aseguró que no conocía a Villarejo.

En este tipo de comisiones, de obligada asistencia pero donde los asistentes pueden escabullirse de responder o incluso mentir, se acaba aclarando poco, y menos sirven para depurar responsabilidades. El 5 de abril de 2017 Fernández Díaz compareció a raíz de la publicación de la conversación con De Alfonso donde el exministro decía "la Fiscalía te lo afina". En sede parlamentaria, negó la operación Catalunya: "No ha habido ninguna orden de investigar a nadie". Fue una mentira para mantener la promesa del 16 de diciembre de 2012: "Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión haya existido".

Causas judiciales

¿Por qué los tribunales no investigan?

Intentar depurar responsabilidades por la operación Cataluña en los tribunales ha sido chocar contra un muro. Varios afectados por las maniobras de Villarejo han reclamado investigaciones en varios juzgados: en Barcelona, ​​Madrid, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Manuel García-Castellón, que instruye a la macrocausa Tándem sobre el excomisario, se ha negado argumentando que no estaba relacionado con lo que él investigaba. Muchas de las negativas han sido por falta de competencia, hasta que un juzgado de Madrid admitió a finales del pasado año la primera querella por estos hechos: fue la del expresidente del Barça Sandro Rosell. Visto que se abría una brizna de esperanza, también lo intentaron otras víctimas como el exconseller Jaume Giró, sin éxito. Una a una se han ido archivando porque los jueces no han visto indicios suficientemente sólidos y que no podían caer en una investigación prospectiva. Precisamente, lo que la policía política del PP hizo contra decenas de personas.