El Parlament se ha gastado 14,4 millones desde el 2009 en pagar funcionarios que no trabajan

BarcelonaLas licencias por edad se crearon en 2008 durante la presidencia del Parlament de Ernest Benach. Hay varias teorías sobre qué llevó a la cámara a impulsar esta figura inédita que permitía cobrar prácticamente el 100% del sueldo sin trabajar los cinco años previos en la jubilación: que se inventó para acelerar que algunos altos funcionarios marcharan, que fue una petición del consejo de personal o que quién removía los hilos en aquel momento se hizo un vestido a medida para tener una prejubilación dorada –Imma Folchi entonces era secretaria general y es una de las beneficiarias de la licencia por edad–. Sea como fuere, lo cierto es que la figura se ha mantenido durante 14 años y no se ha eliminado hasta que el ARA informó el pasado 17 de enero que en 2021 el Parlament destinó 1,7 millones de euros a pagar a 21 funcionarios que ya no trabajaban. Este viernes, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicado que, en total, desde 2009 la cámara catalana ha pagado 14,4 millones de euros a gente que ya no trabajaba.

En un discurso de media hora para hacer balance de su primer año como presidenta, Borràs ha defendido los cambios que ha introducido en la administración parlamentaria, como por ejemplo la reforma de los trienios –se mantiene el aumento de sueldo del 5% cada tres años, pero ahora solo cuentan los que se han meritado en el Parlament y no en administraciones anteriores– y la reforma de las licencias por edad que se hizo el 21 de diciembre del 2020, que reducía la duración del tiempo cobrando sin trabajar de cinco a tres años, pero no se eliminaban. "Tan pronto como tuve conocimiento de su existencia y alcance, impulsé vías de resolución [...] sin revuelta interna y sin ruido mediático, que en temas tan sensibles siempre acaban ofreciendo una fotografía desenfocada respecto a la realidad", ha criticado, poniendo de relieve que ninguno de sus antecesores –Roger Torrent, Carme Forcadell y Núria de Gispert– lo había hecho antes.

Más allá de la cifra ofrecida por Borràs este viernes, a través de una petición a Transparencia el ARA ha tenido acceso al detalle de este coste total para las arcas del Parlament. Desde su creación en 2008, se han concedido 67 licencias por edad en el Parlament, doce de ellas en 2021 y que ahora mismo no se están ejecutando. Los datos demuestran cómo los funcionarios se han acogido de forma exponencial, sobre todo en los últimos años, de forma que el gasto pasó de 302.109 euros en 2009 (contando retribuciones básicas y complementarias, coste anual de cotizaciones y plan de pensiones) hasta 2,16 millones en 2021. Una cantidad superior a los 1,7 millones que publicamos el 17 de enero del 2021 porque entonces el Parlament, en la respuesta a la primera petición de transparencia, no incluyó el coste de las cotizaciones sociales.

Hay que tener en cuenta que la licencia por edad tiene unas condiciones excepcionales. Se trata de una figura que conserva todos los derechos de los funcionarios sin ocupar el puesto de trabajo. Es decir, el trabajador público sigue estando en servicios activos y, por lo tanto, se mantienen las actualizaciones de las retribuciones, se acumulan trienios cada tres años y también se mantienen las cuotas a la seguridad social. Esta condición de servicios activos se ha traducido en el hecho que el Parlament no contaba con estos funcionarios en su puesto de trabajo, pero tampoco los podía sustituir. Por lo tanto, solo podía proveer nuevos puestos de trabajo –y, en consecuencia, incrementar más el gasto– o dejar vacantes estos cargos, lo cual implicaba más carga de trabajo para el resto de funcionarios. En la misma comunicación que ha entregado el Parlament a este diario, la cámara reconoce que esto ha generado "tensión" y que tiene una repercusión económica que no se ha cuantificado.

Desde el 2009 –el primer año en el que se concedieron licencias– se han cubierto 23 de los 55 puestos de trabajo que han quedado vacíos a través de la provisión interna. "Algunos se han cubierto desde el inicio, otros al cabo de unos meses, o años, y otros nunca", dice la resolución, y en este sentido añade: "El coste para el Parlament no consistiría en el coste de las retribuciones de los funcionarios en licencia de edad, sino en el coste de la carga funcional real de trabajo extra soportada por muchos funcionarios en activo que han tenido que asumir un incremento de tareas, y que es de muy difícil cuantificación, más el coste de retribuir 23 puestos de trabajo que sí que se han provisto", reconoce la misma cámara catalana. Por lo tanto, si se añadiera este cálculo, el coste total que han tenido las licencias de edad para el Parlament sería superior a estos 14,4 millones de euros.

Cada año se han incorporado nuevos funcionarios a la licencia por edad, que se iban sumando a los que ya la disfrutaban. Según los datos que ha dado la cámara, el año en el que se acumularon más funcionarios en licencia por edad –viendo los datos de retribuciones por año– es el 2020, el de la pandemia del coronavirus, bajo la presidencia de Roger Torrent y cuando las autorizaba Xavier Muro. Solo ese año se concedieron nueve, que sumadas a las ya vigentes suponen tener 28 funcionarios en licencia por edad. Esto implicó un gasto de 2,4 millones de euros, el máximo de todos los años.

Confianza en la secretaria general

Más allá de la petición sobre las licencias por edad, el ARA también solicitó este mes de enero conocer el sueldo, con trienios, de la secretaria general actual, Esther Andreu, y el letrado mayor, Miquel Palomares. En enero la cámara catalana solo entregó el del ex secretario general Xavier Muro, que percibía 254.671 euros el año. La actual secretaria general de la cámara percibe 241.390 euros el año (el presidente de la Generalitat cobra 130.250), de los que 85.654 son solo por trienios. Lo cual quiere decir que Andreu, solo por antigüedad, cobra lo mismo que el presidente español, Pedro Sánchez, que percibe 84.845 euros el año. Miquel Palomares, letrado mayor, percibe 184.284 euros anuales, 57.191 de los cuales son por antigüedad.

Este viernes la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha defendido su gestión de "apertura" al frente de la cámara y las reformas que ha hecho en las condiciones de los trabajadores, y ha denunciado otra vez las "injerencias" de los poderes del Estado en relación a la soberanía del Parlament. Unos cambios que, ha asegurado, ha podido hacer con la colaboración de Andreu.

En este sentido, ha reafirmado su confianza en ella, a pesar de que, como Muro, también ha retirado el escaño a un diputado. A su parecer, no se trata de una doble vara de medir –fue muy crítica en el anterior mandato cuando Torrent retiró el escaño a Torra– y ha defendido que se intentaron activar todos los mecanismos del Parlament. "La culpable del desenlace del caso Juvillà es la represión del estado español", ha dicho Borràs en una comparecencia en la que ha acabado aceptando preguntas ante la insistencia de los medios de comunicación, puesto que de entrada no estaban previstas. Ha dicho que había aprendido las "lecciones" del caso Juvillà y por eso ha hecho un llamamiento a "rehacer" las confianzas –rotas con ERC y la CUP– y la "unidad" del independentismo para afrontar futuros casos.