BarcelonaVox entró en 2021 en el Parlament y este año se ha añadido Aliança Catalana. Con ellos, también ha crecido el flirteo con los discursos de odio, sobre todo hacia los inmigrantes y, en concreto, los musulmanes. Una situación que amenaza las costuras del debate parlamentario y los balances entre el odio y la libertad de expresión, especialmente cuando se hace referencia a la inmigración. Los presidentes del Parlament, primero Laura Borràs y ahora Josep Rull –con el interinaje de Alba Vergés de por medio– se conjuraron desde el primer momento para poner freno a la extrema derecha, interrumpiendo sus intervenciones cada vez que se recurría a la estigmatización y descalificación de colectivos minoritarios. Pero esta estrategia conlleva una contrapartida negativa: Vox y Alianza critican a la censura y se presentan como víctimas. Por eso, el Parlamento está ultimando la fórmula para combatir este fenómeno complejo de los discursos discriminadores introduciendo varios cambios.
En su primer pleno como presidente del Parlament, Josep Rull cortó varias veces a los diputados de Aliança Catalana y Vox, pero a finales de julio anunció que cambiaría de estrategia e interrumpiría "lo mínimo posible", haciendo énfasis en que las acciones las haría a posteriori. Hacía pocas semanas que había recibido una extensa delegación del Parlamento del land alemán de Baden-Württemberg, que lleva tiempo aprendiendo a convivir con el fenómeno de la extrema derecha.
Fuentes parlamentarias concretan al ARA que la mesa quiere "profundizar" en la colaboración con esta región alemana con otra visita en el primer trimestre del próximo año. "Toda Europa está mucho por el asunto", apuntan las mismas fuentes, para añadir que hasta ahora todo el mundo había optado por "la prueba y el error", pero que se está intentando encontrar la mejor solución hablando con expertos y otros parlamentos .
De la misma preocupación viene la reunión de la mesa de este pasado 1 de octubre con el exmagistrado andorrano del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Josep Casadevall. "La jurisprudencia indica que la libertad de expresión es muy amplia, y más aún en el ámbito parlamentario" y que, por este motivo, en líneas generales "debe prevalecer incluso si choca" con la vulneración de derechos de algunos colectivos, apuntan las fuentes consultadas. Y ésta es una de las ideas que les transmitió el juez. Y es el giro que está dando la cámara catalana. De hecho, aunque están cogiendo varios casos de ejemplo, el de Baden-Württemberg es en el que quiere reflejarse el Parlamento.
Caso de Baden-Württemberg
En este land del sur de Alemania se decidió priorizar la libertad de expresión y actuar a posteriori si se detectaba un posible delito de odio: se puede crear una comisión ad hoc para tratar el asunto. Para trasladarlo a la cámara catalana, podría abrirse un caso en la comisión del estatuto del diputado donde podrían imponerse sanciones, explican fuentes parlamentarias al ARA.
En Baden-Württemberg, como en Alemania en general, han tenido casos de antisemitismo, de islamofobia o de odio contra los refugiados ucranianos. Alternativa para Alemania (AfD) ha protagonizado escándalos: por ejemplo, orquestó un boicot en la recepción y acogida de refugiados en septiembre del año pasado con discursos duros y pidiendo sabotear la recepción de las personas; y un diputado de AfD del land manifestó expresiones antisemitas en el 2016 diciendo que se había hablado "demasiado" del Holocausto –algo recorriendo en la formación–. Esto ha impregnado los discursos de revisionismo histórico, el añadido actual de islamofobia y odio a Ucrania.
¿Pero dejar hacer normaliza? La profesora de ciencia política de la UOC Ana Sofía Cardenal, se ha reunido esta semana en Múnic con diecisiete politólogos investigadores europeos del grupo NEPOCS para tratar el fenómeno de la extrema derecha. Concluye que "excluir y aislar por sistema" –como describe que ha sucedido en la UE– no funciona y que la mayoría de países están dando marcha atrás porque comporta "reacción", como ha ocurrido en Alemania del Este, con mayoría del AdF. Explica que hay que distinguir entre vincular inmigración y delincuencia, que "no es discurso de odio por sí mismo", e "incitar a la violencia o el insulto con un lenguaje incívico que espolee la violencia por características sociodemográficas". Cree que interrumpir sistemáticamente puede conculcar derechos y que es estratégicamente "inútil", a menos que se incite a la violencia o se insulte. Recomienda que se rebate con argumentos desde los partidos y avisa de que en gran parte del continente se están normalizando partidos de derecha radical; aunque en pocos casos han llegado a ser hegemónicos, en los Países Bajos y en Finlandia están en el gobierno, en Suecia es socio clave y en Austria ha ganado, mientras domina en Italia o Hungría, entre otros.
El catedrático de ciencia política de la UB, Joan Anton Mellón, avisa de que la actuación de los parlamentos dependerá "del grado de virtud cívica" que se tenga, aunque cree que "no se pueden establecer protocolos estrictos porque inducirían a el error". Sin embargo, considera que no se puede ser "débil" ante "denigraciones" que estos partidos utilizan para "hacer propaganda" y prioriza que sean los partidos más que el presidente del Parlamento los que se impliquen al alejar las doctrinas de odio.
El presidente corta más excepcionalmente
A la espera del procedimiento que se concrete, Rull sí detuvo a la diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, cuando atacó abiertamente a la diputada de ERC Najat Driouech por el "parrac" que lleva, en alusión al velo. Y es que Rull la llamó a la orden porque interpretó que contravenía el artículo 233 del reglamento del Parlament por haber hecho "acusaciones o recriminaciones" a un representante; y el 239, que puede acarrear la expulsión si hay "palabras ofensivas" a un diputado.
¿Qué dicen los organismos internacionales?
La ONU, según su plan de acción contra el discurso de odio, define el concepto como "un ataque o el uso de lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona" por "razón de su religión, origen étnico , nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad". El propio organismo distingue el discurso de la "incitación" al de la "discriminación" y la "hostilidad" o "violencia", que es lo que debería ser penado y restringido, a su juicio. Para combatirlo, recomienda "más discurso", la implicación de los gobiernos y el sector privado en la labor; atacar los factores que alimentan estos sentimientos airados y apostar por la educación de la población.
En el TEDH, más allá de la claridad de las condenas por minimizar el Holocausto, hay una escala de grises : admite sanciones si "se incita, se promueve o justifica el odio basado en la intolerancia" siempre que haya "proporcionalidad" ". El ultra francés Eric Zemmour ha sido condenado por "incitar a la violencia contra los musulmanes", pero ha habido sentencias que han permitido relativizar el genocidio turco contra los armenios por el "contexto".