La patata caliente de Pedro Sánchez: extraditar o no a un filántropo propalestino reclamado por Trump

MadridEl gobierno español tiene una piedra en el zapato en la Audiencia Nacional. Un filántropo estadounidense y activista por los derechos humanos y por los derechos del pueblo palestino fue detenido hace cuatro meses en Ibiza a raíz de una orden de detención internacional emitida por la administración Trump. Desde entonces está en la cárcel esperando a que la justicia y la Moncloa tomen una decisión sobre su extradición a los Estados Unidos. Es James CoxFergie Chambers y ahora la Fiscalía se ha mostrado partidaria de dar luz verde a su deportación. Considera que la solicitud de Washington no se ha hecho con el “propósito de perseguirle o castigarle por un delito de carácter político”, sino que está investigado por financiación del terrorismo. En cambio, su grupo de apoyo denuncia que sufre una “persecución de carácter exclusivamente político” como “persona comprometida y trabajador humanitario”.

Fergie Chambers es heredero de la fortuna millonaria de su familia y ha destinado parte de su patrimonio a ayudar a la población de Gaza, que sigue sufriendo una grave crisis humanitaria. Su grupo de apoyo explica que, por ejemplo, ha financiado un horno que produce miles de barras de pan para alimentar a familias gazatíes, una clínica médica gratuita en una de las zonas más devastadas por la guerra, una planta desalinizadora de agua potable y un proyecto para ampliar la atención en salud mental y el apoyo psicosocial a niños huérfanos. Fue detenido el 10 de julio en Ibiza, donde se quería establecer con su familia. “Ha destinado más de un millón de dólares a proyectos humanitarios en Gaza, además de financiar organizaciones y medios de comunicación que dan apoyo a la causa palestina”, resume el manifiesto.

En cambio, el gobierno estadounidense le acusa de haber protagonizado una protesta contra Elbit Systems, un fabricante de armas de Israel. Es el mismo relato que ha llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a mostrarse a favor de la extradición: “Participó en diversos actos de violencia directa que causaron daños significativos a las instalaciones”, sostiene el escrito, que se remite a la petición de los Estados Unidos. El informe también recuerda que, tres días después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, “manifestó abiertamente su apoyo” al ataque y presentó a Hamás como una “pieza fundamental de la resistencia palestina”.

Asimismo, argumenta que, después de haber huido de los Estados Unidos, hizo diez transferencias de su cuenta del Bank of America a un banco de Túnez con la “intención” de utilizar el dinero para “promover acciones violentas que beneficiaran a Hamás”. Ahora bien, su grupo de apoyo replica que el gobierno de Trump “no ha presentado ninguna prueba que sustente” estas acusaciones y asegura que Fergie Chambers quería destinar los fondos a “actividades deportivas, empresariales y benéficas”, como el patrocinio del actual campeón de la liga de fútbol de Túnez.

Los tres delitos de los que está acusado en los Estados Unidos son blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para provocar disturbios, con una pena máxima de 30 años de prisión. El ministerio público concluye que equivalen a los delitos españoles de financiación del terrorismo, daños o desórdenes públicos terroristas y constitución e integración de un grupo terrorista. La vista de extradición está prevista para este viernes, 13 de noviembre. En septiembre, en una primera declaración, él se opuso a ser enviado a los Estados Unidos.

La pelota vuelve a la Moncloa

A pesar de esto, la Moncloa tendrá la última palabra. La ley de extradición pasiva deja claro que la resolución de la Audiencia Nacional “no será vinculante”, y que el gobierno español “podrá” denegar una extradición por “razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales” para España. También se prevé que pueda frenar una extradición si es por “delitos de carácter político” o si hay “razones fundadas” para creer que se ha reclamado con la “finalidad de perseguir o castigar” a una persona por sus opiniones políticas.

Por este motivo el grupo de apoyo de Fergie Chambers reclama a Pedro Sánchez que lo impida y le conceda asilo político. La decisión sitúa al gobierno español entre la espada y la pared, después de haber reconocido el estado de Palestina y de haber abanderado la causa del pueblo palestino en contraste con la oleada reaccionaria en todo el mundo. La última vez que el gobierno español se pronunció, a finales de septiembre, se limitó a enviar el caso a la Audiencia Nacional y a esperar la “decisión definitiva”, sin anticipar su sentido.

Por su parte, Esquerra, la CUP, Comuns, Sumar, Podemos, Bildu, el BNG y Compromís, entre otros, enviaron una carta a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños reclamando que el gobierno español deniegue la extradición para no colaborar con la “persecución política” que sufre Fergie Chambers. Además, Sumar y Podemos presentaron dos iniciativas en el Congreso reclamando al PSOE que lo impida, pero no se llegaron a votar.