La posible inhabilitación de Reguant, otra patata caliente para Borràs

Barcelona / MadridCon las brasas todavía encendidas al independentismo por la retirada del escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, la posible inhabilitación de su compañera de filas Eulàlia Reguant es una nueva patata caliente para la presidenta del Parlament, Laura Borràs. La portavoz de la formación anticapitalista, que será juzgada este martes y miércoles en el Tribunal Supremo por haberse negado a responder a las preguntas de Vox en la macrocausa del 1-O y que se enfrenta a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación por un delito de desobediencia grave, considera que su caso se asemeja más al del diputado de Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez que al de Juvillà.

Y en aquel caso fue la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien decidió retirar el acta de diputado a Rodríguez, que fue condenado por un delito de atentado contra un agente de la autoridad, a instancia del Supremo, a pesar de que en un primer momento los letrados del Congreso defendían mantenerle el escaño porque el dirigente de la formación lila había decidido conmutar la pena de prisión por una multa de 540 euros. Como los pagó, creían que la pena accesoria ya no se tenía que cumplir. Más tarde, el Supremo puntualizó que la inhabilitación era "obligada" aunque la prisión se hubiera sustituido por una multa solo a efectos "ejecutables". Batet y el secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez, se apoyaron en la interpretación del Supremo.

¿Pérdida definitiva del escaño?

Reguant considera que si la sentencia es condenatoria, la decisión de su inhabilitación dependerá "en primer lugar del posicionamiento de los letrados del Parlament, pero finalmente de la presidencia del Parlament", porque, como en el caso de Rodríguez, "no es inhabilitación para cargo público, sino para sufragio pasivo". "Y yo ya he sido elegida", argumenta. En su escrito de defensa refleja el precedente de Rodríguez y critica que el Supremo interprete que la imposibilidad de ser elegida en unas elecciones también comporte "inelegibilidad sobrevenida". Es decir, perder el escaño, como le ha pasado al exdiputado de Unidas Podemos.

El peligro de ser expulsada de la cámara catalana es uno de los argumentos que Reguant expondrá este martes en el juicio para pedir su absolución. Sostiene que las consecuencias que se podrían derivar si el tribunal se acogiera a la petición de condena de la Fiscalía serían una "palmaria desproporción" si se tienen en cuenta los hechos. Comportarían seis meses de privación de libertad –la diputada de la CUP no tendría que ingresar en la prisión– y la vulneración del derecho fundamental a la participación política, denuncia. En las cuestiones previas, la defensa de Reguant también argumentará que el juicio no se tendría que celebrar porque el juzgado madrileño que acogió la causa en primera instancia continuó investigando el caso hasta abril, cuando ella ya era aforada, en lugar de inhibirse y trasladarla al Supremo.

"Dignidad" contra Vox

Reguant también señalará que ya pagó 2.500 euros por no haber respondido a Vox, sanción que, protesta, la legislación prevé para los testigos en juicios que hayan cometido alguna acción punible pero no delictiva. Además, argumentará que por conciencia ideológica y en defensa del derecho a la libertad de expresión no se la puede perseguir. La vertiente más política del procedimiento judicial se ha reflejado este lunes en un acto que la CUP ha organizado en Madrid de la mano de la Coordinadora Antifascista de Madrid, Izquierda Castellana, el Sindicato de Manteros, el grupo Raval vs Vox, el colectivo 8 MIL Motivos (grupo de apoyo a feministas encausadas por manifestarse el 8M), los jóvenes de Pego y Albert Baiges, que este martes es juzgado en la Audiencia Nacional por un tuit en contra de la monarquía.