El PP, el PSOE y el fantasma de la prevaricación con Ceuta

MadridTodo el mundo parece buscar una "solución" para Ceuta. Hace una semana, el gobierno español y el PP coincidían plenamente en la idea del retorno de todos los inmigrantes que continuaban en la ciudad autónoma. También en la priorización de la reagrupación familiar en el caso de los menores. La cuestión era que aquellas personas que seguían en Ceuta también acabaran marchándose. De hecho, el goteo de retornos no ha cesado, explican fuentes policiales a l’ARA, y algunas ONG sospechan que entre los primeros casos se hayan cometido ilegalidades.

Los últimos días, sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto el foco en la crisis humanitaria. Casi veinte días después. "No se puede tapar el sol con un dedo", dice el refrán.

Las organizaciones sobre el terreno que velan por los derechos humanos dan por hecho que los retornos continuarán. Lo que se preguntan es hasta dónde estirarán la cuerda el PP y el PSOE y si ya han olvidado que ambos partidos tienen entre sus filas a dos políticas condenadas por prevaricación administrativa e inhabilitadas durante nueve años. Se trata de la exdelegada del gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos (PSOE) y de la exvicepresidenta del gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP). ¿El motivo? La repatriación de 55 menores migrantes no acompañados en el año 2021, en el contexto de la última gran crisis migratoria en Ceuta después de la de este 2026.

L'ARA ha recordado estos días que el Tribunal Supremo ya confirmó en 2024 que las devoluciones de aquellos menores fueron ilegales porque no se acogieron al procedimiento de extranjería. Después se trataba, a parecer del tribunal, de determinar si las responsables de la decisión la habían adoptado a sabiendas de que era una violación de la ley.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz concluyó en septiembre de 2025, no hace ni tan solo un año, lo siguiente: "La decisión de repatriación de los menores no solo fue arbitraria, sino también manifiestamente injusta". "El resultado fue de una absoluta vulneración de los derechos de los menores, que acabaron totalmente desprotegidos", concluyó el tribunal. Ambas "eran conocedoras de la irregularidad e improcedencia de la devolución de menores que pretendían realizar".

Desde el 30 de julio, también algunos periodistas que trabajan en Ceuta desde hace años han pensado en aquel episodio y han traído a la memoria a los compañeros de profesión que, como paracaidistas, a pesar de que se intente evitar, se han trasladado a este enclave a trabajar para poder informar de una crisis humanitaria sin precedentes. La más letal en la frontera sur desde que se tienen registros.

La pregunta es si también han pensado en ello los líderes de sus partidos. Al fin y al cabo, la decisión fue de ellas, pero no la tomaron solas: "Como tantas veces he manifestado, conocí, compartí y apoyé las actuaciones llevadas a cabo [...] Todos estábamos convencidos de que se actuaba al amparo de la ley y atendiendo al interés superior del menor, en una situación de emergencia humanitaria nunca conocida", afirmó entonces el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP). La justicia, con todas sus sombras, no pensó lo mismo.